Organizaciones de la Plataforma por las Empresas Responsables (PER), en representación de más de 100 organizaciones de sociedad civil, y sindicatos, con una base social de más de cuatro millones de personas, han exigido al Gobierno cumplir con su compromiso de aprobar la ley de Protección de los Derechos Humanos, de la Sostenibilidad y de la Diligencia Debida en las Actividades Empresariales Transnacionales, antes del fin de esta legislatura.
Esta acción de incidencia política y presión al gobierno ha sido motivada por el hecho de que pese a existir un anteproyecto de ley redactado desde mayo de 2022, no se ha avanzado en los trámites y esta situación pone en riesgo real la aprobación de la ley.
Organizaciones concentradas en el Palacio de la Moncloa
Las organizaciones, preocupadas ante la inacción se han concentrado ante el Palacio de la Moncloa donde han entregado una carta dirigida al presidente del gobierno de España, a las vicepresidentas y ministerios proponentes y co-proponentes Sr. D. Pedro Sánchez, Sra. Dña. Nadia Calviño, Sra. Dña. Yolanda Díaz, Sra. Dña. Teresa Ribera, Sra. Dña. Ione Belarra y Sr. D. Alberto Garzón, exigiendo que se aceleren los trámites para aprobar la ley y cumplir así con los compromisos asumidos. Además, han desplegado una pancarta con el lema “Derechos para las personas, reglas para las empresas. Por una ley YA”, en señal de descontento.
En el acto han participado en el siguiente orden Rebeca Collado, vocal junta directiva de REDES/Enlázate por la Justicia, José Díaz de Argote, empresas y RSC de Entreculturas, Martin Iriberri, director de Alboan, Ricardo Loy, secretario general de Manos Unidas/Enlázate por la Justicia, Alberto Abad presidente de CECJ, Gerardo Ríos, empresas y derechos humanos Amnistía Internacional, Cristina Muñoz, directora de Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Eva Saldaña directora ejecutiva de Greenpeace, Sara García, secretaria de acción sindical y empleo de USO, Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC y Franc Cortada, director de Oxfam Intermón.
Han leído un manifiesto y ha registrado la carta abierta dirigida al Gobierno y a los ministerios proponente y coproponentes de la ley, exigiendo que se inicien los trámites para aprobar la ley y cumplir así con los compromisos asumidos.
Entre los mensajes del manifiesto se ha insistido en que “es urgente pasar de las palabras a los hechos. La oportunidad está sobre la mesa, el proyecto está redactado y ahora hay que trabajar para que siga adelante; avanzar en la dirección correcta es cuestión de voluntad. Los derechos humanos de miles de personas están en juego y la protección del medioambiente también. La oportunidad para cambiar el rumbo está en manos del Gobierno. La oportunidad de cambio es real y es ahora. “
Así como que “las personas afectadas en sus derechos humanos y el medioambiente no pueden esperar más. España podría sumarse a países como Francia y Alemania que ya cuentan con legislaciones estatales al respecto, y convertirse así en un referente de liderazgo y promoción de los derechos humanos y el medio ambiente, haciendo de ello una insignia de las empresas españolas en el exterior y un sello distintivo de la Presidencia Española de la Unión Europea en 2023”, incidiendo en el proceso de negociación del borrador de Directiva de Debida Diligencia de las Empresas en Materia de Sostenibilidad, presentado por la Comisión Europea en febrero de este año.
¿Por qué es necesario aprobar una ley que proteja a las personas y el planeta frente a las empresas que abusan?
Las acciones de las empresas en cualquier lugar del planeta tienen un importante impacto en los derechos de las personas y el medioambiente. La creciente globalización de las cadenas de valor hace urgente y necesario establecer normas claras para que las empresas asuman sus responsabilidades en la prevención, mitigación o reparación de cualquier vulneración de los derechos humanos o medioambientales. Sin embargo, no existe en España una ley al respecto, quedando a la voluntariedad de las empresas.
Empresas como Prosegur, denunciada por intimidación, coacción y discriminación a líderes sindicales, y vulneraciones de derechos laborales y sindicales como el derecho de huelga y a la negociación colectiva en países como Brasil, Colombia, Perú y Paraguay; o CAF, cuya construcción del tren ligero en territorio palestino ocupado ilegalmente por Israel contribuye a violaciones de derechos humanos de la población palestina; o el proyecto de la hidroeléctrica de ACS en Guatemala, que afecta a una población de 29.000 indígenas quekchí, todos ellos denunciados ante el Punto Nacional de Contacto de la OCDE, son algunos de los ejemplos documentados de cómo la falta de una ley de debida diligencia, que obligue a las empresas a prevenir, identificar, mitigar y rendir cuentas de su impacto, puede tener graves consecuencias sobre la población y el medio ambiente en algunos países.
En estas últimas semanas, activistas representantes de la PER, han realizado actos simbólicos en las subdelegaciones de gobierno en varias ciudades españolas para mostrar el descontento de la sociedad civil ante la demora injustificada del Gobierno en la tramitación de una ley necesaria que responsabiliza a las empresas que abusan de los impactos sobre las personas y el planeta.
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