Fundación Corell y la consultora IDOM han elaborado para CONFEBUS un análisis del sistema de financiación del transporte público terrestre, que concluye que la inversión total en transporte público en España respecto al PIB (menos del 2 %) es la tercera más baja de Europa, solo por detrás de Irlanda y Chipre. Dentro de esta financiación, el tren es el gran beneficiado pues obtiene la mayor parte de la financiación del Estado pese a no estar acorde a la cantidad de viajeros que transporta cada modo de transporte, ya que el autobús lo utiliza casi el 60 % de los viajeros.
Falta de equidad
El estudio, que ha presentado el economista José Carlos Díaz, presta especial interés a la diferencia de financiación pública existente en nuestro país entre el tren y el autobús y señala asimetrías importantes y falta de equidad entre los distintos medios de transporte público terrestre y también respecto a los distintos territorios. Destaca además que el próximo proceso legislativo para la aprobación de la nueva ley de movilidad sostenible es una gran oportunidad para profundizar y generalizar las ayudas públicas a la movilidad (las compensatorias de las obligaciones de servicio público atendidas y las que minoran los precios para el ciudadano), de forma que se cumpla con el principio de garantizar una movilidad de calidad, inclusiva y universal en todo el territorio.
La organización autonómica de España ha permitido que cada territorio adecúe los servicios prestados a su propia realidad demográfica y física, pero de forma simultánea provoca, según se revela en este trabajo, que la administración central actúe de forma no uniforme originando desigualdades evidentes entre ciudadanos de diferentes regiones. El reparto de las subvenciones depende de la residencia de los viajeros (las subvenciones por viajero en la Comunidad de Madrid, País Vasco y Cataluña llegan a ser hasta seis veces superiores a las de otras Comunidades Autónomas).
Reparto desigual de las subvenciones públicas
El desigual reparto de las subvenciones públicas al transporte terrestre que otorga España en todos los ámbitos, favorece al ferrocarril frente al autobús y a los principales núcleos metropolitanos frente al resto del territorio. La tramitación de la futura Ley de Movilidad sostenible se presenta así, como una oportunidad única para desarrollar un modelo equitativo, económicamente racional y de funcionamiento predecible en el tiempo.
Las ingentes inversiones derivadas del proceso de transformación energética que demanda la descarbonización, necesitan de un modelo económicamente sostenible y sobre todo consensuado para evitar las perturbaciones de una política cambiante sobre el ejercicio de un derecho como es el de la movilidad, que es imprescindible para garantizar la igualdad ciudadana.
Según Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS: “Se pone de manifiesto la necesidad de una política integral y sostenible de movilidad que contemple a todos los modos del transporte colectivo de personas de manera conjunta y equilibrada. En este sentido, la futura Ley de Movilidad debe ampliar el ámbito de la financiación del sistema de transporte público a todo el territorio”.
