Las personas mayores atendidas por Cruz Roja se encuentran en una situación mucho más vulnerable que el conjunto de la población mayor; los hogares en riesgo de pobreza y exclusión social son el 66,2%: un 5,7% tiene dificultades para hacer frente al pago de la vivienda o los suministros, y el 4,3% no puede permitirse tomar alimentos con proteínas tres veces en semana. La pobreza energética afecta al 14,6%. Así lo determinan los datos del Boletín de Vulnerabilidad Social que ha presentado Cruz Roja acerca de la situación de las personas mayores atendidas en el contexto de la crisis de la COVID-19
Se trata de un problema estructural especialmente asociado a las reducidas pensiones, bien no contributivas, o bien de jubilación que reciben, lo que les coloca en situación de vulnerabilidad en un contexto en el que se incrementa el coste de vida, especialmente en lo que respecta a los insumos del hogar y la alimentación.
Especialmente vulnerables al impacto de la pandemia han sido las personas mayores con pensiones no contributivas o de viudedad que han tenido que afrontar gastos relacionados con medidas de protección ante la enfermedad y al encarecimiento de la cesta de la compra, al tiempo que ayudaban a hijos e hijas con problemas de desempleo; el personal de Cruz Roja ha llegado a calificar estos casos como situaciones límite.
Cerca del 10% han ayudado económicamente a otras personas, principalmente, hijos e hijas, pero también a personas de su entorno que experimentaban dificultades económicas en el contexto de la pandemia.
Las mujeres son mayoría entre las personas que viven solas (78,5%) y entre las que declaran tener dificultades para llegar a fin de mes (76,4%). Según los distintos parámetros analizados, la situación de las mujeres mayores atendidas por Cruz Roja es de mayor vulnerabilidad que la de los varones, tanto en lo que respecta a la salud física y psicológica como a la situación socioeconómica o a los problemas de accesibilidad.
Más allá de la pobreza
Para las personas mayores, adaptarse a los cambios que ha ido marcando la COVID-19 ha supuesto un esfuerzo adicional, a veces incluso inalcanzable, especialmente cuando se habla de la tecnología. Así lo demuestran los datos del Boletín de Cruz Roja que manifiesta que uno de los grandes problemas experimentados por este sector de la población ha sido, y es, la brecha digital.
Y es que el 73,4% de las personas participantes en el estudio nunca utiliza internet a través del ordenador o el teléfono móvil, porcentaje que sube hasta casi el 90% si la población supera los 80 años de edad.
Entre quienes sí usan esta tecnología, los servicios de mensajería y las videollamadas (33,1%) les han permitido mantenerse en contacto con sus seres queridos.
Sin embargo, uno de los impactos más negativos de esta brecha digital es la falta de acceso y manejo de las nuevas aplicaciones digitales para la gestión de servicios, prestaciones o incluso atención médica u otras gestiones sanitarias. La paralización de procedimientos administrativos de distinta índole, al menos durante las primeras semanas o meses del confinamiento ha afectado a personas mayores que estaban en proceso de tramitar algún tipo de pensión, ayuda técnica o determinación de la dependencia, lo que pudo dar lugar a la falta de ingresos o de cuidados.
El 50,5% de las personas encuestadas que no utilizan internet, o lo hace escasamente, asegura no saber cómo hacerlo, ni tener interés en ello, aunque un 6,7% quisiera aprender y no sabe cómo hacerlo; un 16,6% no dispone de ordenador o Tablet, y un 11,4% móvil con acceso a internet.
Este cúmulo de problemas pueden derivar en problemas de salud, dependencia, soledad, o debilidad en las redes de apoyo sociofamiliar, algo que preocupa especialmente a la Organización Humanitaria.
La pandemia ha enclaustrado a las personas mayores y ha cercenado sus posibilidades de socialización y envejecimiento activo. También les ha restado la capacidad para tomar decisiones, viéndose obligadas a seguir la normativa, los consejos o los mandatos de los demás en aras de su protección, pero sin su opinión en muchos casos.
Esto también ha provocado un aumento en la discriminación por edadismo: más de un 80% afirman que reciben un trato diferente debido a su edad un 8,6% afirman que en los últimos 12 meses alguien ha tomado una decisión en su nombre sin consulta previa, y el 8% afirma que un profesional de la sanidad justifica sus dolencias como ‘cosas de la edad’, recibiendo así un trato discriminatorio.
El 0,6% reconoce maltrato físico o psicológico, aunque el personal de Cruz Roja afirma que hay indicios de que estas situaciones se han agravado con la pandemia vinculado, entre otras causas, al incremento del estrés sufrido también por el personal cuidador, encerrados con la persona dependiente.
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