Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) nacieron en el año 2015, dentro del marco de la Agenda 2030, como un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Incluyen, además, metas específicas (algunas calendarizadas), así como herramientas para poder medir su grado de cumplimiento, lo que supone un marco de trabajo voluntario para los Estados y otros actores, como las empresas.
Los derechos humanos son las condiciones de vida sin las cuales ningún individuo puede desarrollar su condición de persona. La aprobación en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Asamblea de Naciones Unidas, nació también como un ideal orientativo para la humanidad. Sin embargo, tres décadas después se alcanzó un consenso internacional suficiente para establecer la obligatoriedad para los Estados de proteger los derechos humanos, al entrar en vigor los Pactos Internacionales de Derechos Humanos que, junto con sus protocolos opcionales y la Declaración, comprenden lo que se ha denominado Carta Internacional de Derechos Humanos.
Si la Agenda 2030 debe implementarse de una manera en la que realmente “no se deje a nadie atrás”, entonces los compromisos y obligaciones de derechos humanos deben ser aplicados, implementados y protegidos por todos los Estados miembros de la ONU. Del mismo modo, el pleno disfrute de todos los derechos humanos solo será posible en el contexto del progreso mundial con la implementación de los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible, incluida la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones.
Las empresas no solo juegan un rol importante para los ODS, sino que también pueden impactar de una manera tanto positiva como negativa en los derechos humanos, de ahí que en 2011 se aprobaran los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas como un instrumento internacional consistente en 31 principios para implementar el marco “Proteger, Respetar y Remediar” establecido por las Naciones Unidas para atender la cuestión de los estándares de la responsabilidad de las empresas multinacionales y la rendición de cuentas con relación a los derechos humanos.
Hasta ahí, hemos hablado de intenciones, por lo que resulta oportuno mencionar el último informe sobre la contribución de las empresas españolas a la Agenda 2030, presentado por el Pacto Mundial de Naciones Unidas, en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Ver noticia). Según este, un 49% de las empresas encuestadas afirmaba que los ODS y la sostenibilidad impactaba de manera positiva en los resultados económicos y en su valor empresarial. Sin embargo, sólo un 26% contaba con políticas de derechos humanos y, de ese porcentaje, sólo un 10% evaluaba los impactos en este ámbito.
En este sentido 2022, la UE, tras constatar que la voluntariedad de los Principios no ha sido suficiente, está pendiente de aprobar una Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de Sostenibilidad, que, en su medida, garantiza que las organizaciones, y, su cadena de valor, cumplan su deber de respetar y no causar efectos adversos en los derechos humanos, medio ambiente y buen gobierno.
Esto, unido a que se puedan pedir responsabilidades a las empresas por los impactos adversos en estas materias (estableciendo para ello responsabilidades específicas a los consejeros de Administración), el acceso a la justicia e información a toda persona afectada por malas prácticas, y la incorporación de mecanismos de reclamaciones y sanciones, es un buen primer paso regulatorio, tal como lo hemos expresado desde DIRSE a través de un documento de Posicionamiento que refleja tanto los puntos fuertes como débiles de la propuesta borrador de la Comisión pendiente de aprobación, tras un proceso de consulta entre sus socios (Ver noticia).
Sin lugar a duda, hay mucho por mejorar, y esperamos que la nueva normativa sobre diligencia debida, y el resto de las normativas sobre Sostenibilidad que se están aplicando/modificando actualmente, materialicen los compromisos de las organizaciones por impulsar estrategias más sostenibles y fundamentalmente para cumplir con los derechos humanos y los ODS.
Este artículo forma parte del Dosier Corresponsables: 7º aniversario de los ODS, junto a T-Systems y Villafañe&Asociados
