El ecofeminismo solo puede realizarse en una comunidad política de lo común que bascule alrededor de cinco ejes interdependientes: radicalidad democrática y nueva institucionalidad; distribución de la riqueza y justicia social; descentralización del poder político y autogobierno; identidad relacional y reconocimiento; y feminismo relacional.
La radicalidad democrática y la nueva institucionalidad requieren superar los límites estructurales que padece la democracia representativa de partidos, abriendo más y mejores canales de participación ciudadana; articulando mecanismos reales y efectivos de control que eviten la concentración del poder, que faciliten la transparencia y la rendición de cuentas; y buscando fórmulas de gobernanza para que la política institucionalizada sea más porosa y se vea obligada a dialogar con esa política no institucionalizada que se da en los movimientos, las asociaciones o los espacios de autogestión. Sin radicalidad democrática no puede definirse ni gestionarse lo común.
La gestión de lo común exige, además, enfrentar un sistema productivo capitalista y patriarcal cuyo puntal ha sido históricamente la acumulación por desposesión violenta, la explotación y la distribución desigual de los recursos. Un sistema que, como bien denuncia Silvia Federici en Calibán y la bruja (2004), se ha cebado no sólo con los bienes comunes, sino también con los cuerpos de las mujeres y con todos aquellos que fueron masacrados en los “nuevos mundos”. Capitalismo, patriarcado y colonialismo, han formado y forman parte de una tríada secular de dominación y expolio.
La articulación de lo común pasa por confrontar y superar esa tríada, sustituyéndola por una redistribución de la riqueza basada en necesidades básicas y no en políticas sociales subsidiarias del sistema productivo, orientadas únicamente a incrementar la capacidad de consumo y el crecimiento indefinido; por un sistema productivo en el que se diluya por completo la distinción entre producción y reproducción —sostenimiento de la vida y cuidados—, y en el que se internalicen los costes sociales y ecológicos de nuestros excesos.
Por eso, el segundo eje de una política de lo común, la redistribución de la riqueza, requiere garantizar seriamente el derecho de subsistencia —acceso y disfrute—, reformular y defender los derechos sociales, y limitar la propiedad privada, que debe cumplir siempre una función social y orientarse a la protección de los comunes. Como decía Rousseau en El contrato social (1762), toda propiedad es pública, porque el poder último de decisión sobre la titularidad de un bien pertenece a la comunidad: “el derecho que tiene cada particular sobre su bien está siempre subordinado al derecho que tiene la comunidad sobre todos [los bienes], sin lo cual no habría solidez en el vínculo social ni fuerza real en el ejercicio de la soberanía”. O sea, que el fundamento último de la propiedad privada es político y no pre-político y, consecuentemente, su valor es instrumental, no moral, ni mucho menos “sagrado”.
En suma, si no se garantiza lo común, no hay cohesión social, ni hay representación democrática. Por eso, la política de lo común tiene que evitar la concentración excesiva de riqueza a la que conduce una propiedad privada entendida como dominio absoluto, exclusivo y excluyente sobre ciertos bienes, o una actividad especulativa que, por definición, sólo incrementa los beneficios del inversor.
Ya lo he señalado antes de otra manera, una sociedad igualitaria, con derecho a la educación, la sanidad o la vivienda, sin un proceso de radicalización democrática, es una sociedad clientelar, en la que los derechos no sólo no empoderan a la población, sino que se utilizan, precisamente, para silenciarla y desempoderarla. Para distribuir la riqueza hay que hacer comunidad, y no se hace comunidad sin derechos políticos, soberanía y autogobierno. O sea, una vez más, en esta perspectiva, la justicia social no se ocupa únicamente de la distribución de las cosas, sino que también ha de considerar y valorar los vínculos que garantizan y cultivan la existencia de esas cosas.
La descentralización y el autogobierno se traducen también en redistribución, en este caso, del poder político y las competencias administrativas. Delegar en instancias infraestatales tanto el control sobre el territorio propio como la definición y la gestión de los comunes locales, es ya un claro imperativo, porque hace tiempo que el Estado dejó de tener la medida de todas las cosas, y quedó atrapado entre fuerzas centrífugas y centrípetas tendencialmente contradictorias. Evidentemente, esto significa también que un proceso de internacionalización democratizada y en red es totalmente ineludible.
Con identidad relacional y reconocimiento quiero decir que las prácticas comunes, los bienes relacionales —los vínculos que apreciamos— y los factores endógenos con los que una comunidad se autoidentifica, deben ser políticamente relevantes. Las narrativas comunitarias, el relato común y el discurso del (auto)reconocimiento, construidos desde abajo, y siempre en el marco de una sociedad democratizada, no han de leerse como anécdotas colaterales, ni tienen simplemente un valor psicológico, social o cultural. Por supuesto, nada de esto tiene que ver con tonos patrióticos y sentimentalismos excluyentes; con naciones históricas o identidades en conflicto, porque lo importante aquí no es tanto la conservación de valores culturales compartidos, cuanto la comprensión de los fenómenos y realidades en cuya conservación y construcción existe un interés común.
Finalmente, el ecofeminismo bebe de lo que he venido llamando “feminismo relacional” porque se articula alrededor de la interdependencia, la ecodependencia y el cuidado. Asume que somos seres finitos, vulnerables, inacabados, estamos en continuidad con otros, y tenemos que ser continuados; que nuestra experiencia es la de vivir inmersos en un entorno concreto y en un nudo de relaciones, y este inacabamiento es lo que nos desposee de toda inmunidad y autosuficiencia, de manera que nuestra autonomía sólo puede ser entendida en su dimensión relacional.
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