España invierte por habitante un 45% menos que la media de los países europeos en infraestructuras de medioambiente (24 vs 44 euros/habitante) y ha reducido la inversión en este tipo de proyectos un -65% en el periodo 2017/2007 (pasando de 3.211 M€ a 1.109 M€), según datos de la Comisión Europea (CE).
Esto llama la atención conociendo el gran desafío que España tiene pendiente en infraestructuras de agua, y que, de no resolverse urgentemente, seguirá produciendo daños irreversibles al medioambiente -es el país europeo con mayor superficie sometida a estrés hídrico severo- implicando, además, importantes sanciones de la CE, que ya han comenzado (12 M€ por contravenir la Directiva Europea sobre depuración de aguas residuales urbanas, y 11 M€ adicionales por cada semestre de incumplimiento). Según la ingeniería SENER, de aquí a 2021, existen más de 500 inversiones prioritarias en agua programadas en España que representan 12.000 M€, de las cuales, más de un tercio -4.500 M€- son de obligada ejecución para evitar nuevas sanciones.
El tratamiento y valorización energética de residuos constituye otro déficit inversor pendiente de resolver, ya que las ciudades españolas generan más de 20 millones de residuos cada año, de los que casi 5,5 millones se depositan directamente en vertedero sin tratamiento, incumpliendo así las normativas europeas y nacionales y atentando seriamente contra la salud pública. Cumplir el objetivo de vertido directo cero y valorizar energéticamente los 8 millones de toneladas anuales de rechazos de nuestras plantas de tratamiento requiere invertir 6.500 M€.
Realizar estas inversiones supondría un beneficio social de 52.000 M€ durante el periodo de vida útil de estas infraestructuras, evitaría nuevas sanciones, protegería el medioambiente y prepararía al sector agroalimentario para atender el aumento de la población global. Ello implicaría multiplicar por seis la inversión pública anual de nuestras Administraciones durante los próximos tres años, por lo que, adicionalmente al presupuesto público, deberán implementarse planes de colaboración público-privada para respetar la senda de estabilidad presupuestaria actual.
