Hablar hoy de la pobreza y los retos que plantea es un ejercicio complejo. Podríamos pensar que la recuperación que muestran los indicadores macroeconómicos conlleva aparejada una recuperación del nivel de bienestar del conjunto de la población y una disminución importante e inmediata de la población que se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social en nuestro país. Esto no es necesariamente así, algo que en Cruz Roja sabemos por nuestro trabajo cotidiano.
Es cierto que la crisis elevó de forma significativa las tasas de desempleo, pobreza relativa y privación material en nuestro país y que, además de endurecer la situación de las familias que ya vivían bajo el umbral de pobreza, arrojó a este carro a un número significativo de familias que, hasta ese momento presentaban un perfil socioeconómico estable. Pero la recuperación se produce de una forma desigual. Según el último informe de Oxfam Intermón, una de cada seis familias que durante la crisis cayó en la pobreza, no ha salido de ahí. La clase media española tiene hoy 10 puntos menos de la renta nacional en comparación con la que ostentaba en el año 2000.
El último informe de la Red de Lucha contra la Pobreza señala que el 26,6 % de la población residente en España está en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social (Informe AROPE 2018). La tasa tiene también una lectura de género: afecta a 6,4 millones de mujeres y a 5,9 millones de hombres, y es especialmente relevante en la infancia (uno de cada tres niños y niñas menores de 16 años está en riesgo).
Si observamos lo que nos dicen los datos del último Boletín de Vulnerabilidad Social de Cruz Roja, que analiza el riesgo de pobreza y exclusión de la población atendida en programas sociales, las tasas configuran un retrato de la multidimensionalidad de las situaciones de pobreza y exclusión. ¿De qué estamos hablando? El 83,3% de los hogares se encuentran en situación AROPE; la pobreza infantil afecta al 93,3% de los niños y niñas; el 77,5% de las personas atendidas tienen dificultades para llegar a fin de mes. La tasa de paro de la población activa multiplica casi por 4 la de la población general y el 75% de los desempleados carece de cobertura. La pobreza laboral es 6 veces superior a la de la población general, ya que los empleos que consiguen son precarios o a tiempo parcial. Esta situación se traduce en impactos poco visibles socialmente: afecta a la salud mental, a la crianza (lo que tiene una importancia decisiva, especialmente durante la primera infancia), al desempeño escolar, a la igualdad de oportunidades, a la participación social (con el riesgo de desafiliación social que conlleva) , y –sobre todo- contribuye a la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Los retos que plantea a nuestra sociedad y a los distintos actores sociales (administraciones, organizaciones sociales, empresas…) son enormes y la solución viene dada por una conjunción de iniciativas entre las que tienen un lugar relevante la garantía de derechos sociales subjetivos, un mercado laboral inclusivo y especial atención a pensiones y rentas mínimas que son, junto con un empleo digno, la garantía de ingresos dignos para el conjunto de la población. Es necesaria una mayor inversión en Políticas educativas, sanitarias, de vivienda, de servicios sociales, económicas y fiscales y un esfuerzo decidido en protección a la infancia. Por último, la cuestión demográfica y territorial debe abordarse sin demora, especialmente en relación al importantísimo problema de la España vaciada.
