Medioambiente: responsabilidad y sostenbilidad

Entre los impactos inherentes a la promoción de infraestructuras, destacan su contribución al desarrollo económico y al bienestar social y el impulso a nuestra competitividad en sectores claves de nuestra economía. Las infraestructuras de medioambiente son una herramienta fundamental para la consecución de estos objetivos, tanto en lo relativo al ciclo integral del agua – abastecimiento, tratamiento, distribución y regulación de recursos hídricos – como en el tratamiento y valorización energética de nuestros residuos. Y su ejecución, más allá de los desafíos de inversión que puedan representar para nuestro país, constituye una cuestión de salud pública y de responsabilidad social, económica y medioambiental. España presenta además varias singularidades que hacen del medio ambiente, si cabe, una materia aún más prioritaria: somos el país europeo con mayor superficie sometida a estrés hídrico severo y el segundo del mundo en ingresos internacionales procedentes del turismo.
 
Por todo ello, la planificación y ejecución de nuestras infraestructuras de medioambiente deberían ser materia de Estado y consenso de nuestras principales fuerzas políticas, con independencia de su ámbito competencial. Y nuestra posición inversora en este campo nos lleva a una realidad muy negativa que ya ha supuesto importantes sanciones de la Comisión Europea -12 Millones de euros (M€) de sanción y otros 11 M€ de multa coercitiva por semestre de atraso- derivadas del incumplimiento de los sistemas de tratamiento y depuración en nueve núcleos urbanos de más de 15.000 habitantes. Realidad que puede empeorar todavía más si tenemos en cuenta que actualmente tenemos otras 547 aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes que incumplen la normativa y podrían recibir también sanciones.
 
En lo relativo a las infraestructuras del ciclo integral del agua, y de acuerdo a nuestro análisis realizado en 2017 en infraestructuras estructurales de más de 5 millones de euros (M€) de inversión, tenemos más de 500 inversiones programadas que representan 12.000 M€, a ser realizadas hasta 2021. Y más de un tercio de esta inversión -4.500 M€- son de naturaleza básica, y por tanto de obligada ejecución para evitar nuevas sanciones de la CE, siendo especialmente preocupante las actuaciones de saneamiento y depuración que representan el 60% de esta inversión. Del total de 12.000 M€ a realizar hasta 2021, destacan cinco tipologías de infraestructuras hidráulicas: i) depuración y saneamiento (3.500 M€), ii) regadío (2.900 M€), iii) conducciones (2.000 M€), iv) presas (925 M€) y v) ingeniería fluvial (905 M€).
 
Realizar estas inversiones supondría un beneficio social superior a los 52.000 M€ durante el periodo de vida útil de estas infraestructuras, evitaría nuevas sanciones de la CE, y contribuirá sin duda a incrementar nuestra competitividad y exportación en productos de alto valor añadido, y a preparar a nuestro sector agroalimentario para atender el importante aumento de la población global hasta 2050. Ello implicaría multiplicar por seis la inversión pública anual de nuestras Administraciones Públicas durante los próximos tres años, por lo que de forma adicional al presupuesto público, deberán implementarse planes de colaboración público-privada para respetar la senda de estabilidad presupuestaria en que nos encontramos.
 
Es precio destacar también el reciente Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización, en actual información pública, que incrementa hasta 21.285 M€ las inversiones a realizar hasta 2021, al recoger otras prioridades como planes específicos de inundaciones – prevención, protección y recuperación – de 1.220 M€ de inversión.
 
Las infraestructuras de medio ambiente en lo relativo al tratamiento y valorización energética de residuos constituyen otro déficit inversor pendiente de resolver. Actualmente, nuestras ciudades generan más de 20 millones de residuos cada año, de los que casi cinco millones y medio se depositan directamente en vertedero sin tratamiento alguno, contraviniendo con ello las Directivas y normativa nacional. Conseguir el objetivo de vertido directo cero y además valorizar energéticamente los más de ocho millones de toneladas anuales de rechazos procedentes de nuestras plantas de tratamiento requiere invertir más de 6.500 M€. Ello sin duda contribuiría a reducir la brecha inversora con las cuatro mayores economías europeas dado que en protección del medio ambiente invertimos actualmente en términos de habitante un 62% menos.