Especialistas del mundo de la Judicatura y la Fiscalía, de los Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y de la psicología, reunidos en la tercera jornada “Contra el maltrato. Tolerancia Cero”, organizada por la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias, han reclamado un mayor control de acceso a las pantallas desde la infancia para evitar conductas de violencia de género entre los jóvenes, ya que el acceso ilimitado de los menores y adolescentes al contenido digital está influyendo de forma preocupante en la normalización de conductas de maltrato.
La jornada ha sido inaugurada por Àngels García Vidal, directora general para el Servicio Público de Justicia, Ignacio Garralda, presidente del Grupo Mutua Madrileña y de su Fundación, y Javier Bardají, consejero delegado de Atresmedia.
Dar más importancia a la prevención del problema
Durante su intervención, Àngels Garcia ha enfatizado que “resulta imprescindible poner el foco en menores y adolescentes para atajar cuanto antes el problema. Cuando llega a los juzgados y a la Policía ya es demasiado tarde. Aquí ya hemos fracasado”.
Por su parte, Ignacio Garralda, Presidente del Grupo Mutua Madrileña y de su Fundación, ha enfatizado que, ante los últimos datos de violencia de género en jóvenes, “tenemos que dar más importancia a la prevención del problema, a la educación de los niños en la igualdad, al uso responsable de las redes sociales y a inculcarles la necesidad de no aceptar este tipo de conductas, ya sea en sus relaciones de pareja o en su entorno”.
Asimismo, Javier Bardají, Consejero Delegado de Atresmedia, ha asegurado que “los datos de 2023 son dramáticos e inaceptables, por eso todos tenemos que combatir esta lacra social. Pocas causas son tan transversales y universales como la lucha contra la violencia de género. Hay batallas en las que la unión hace la fuerza y juntos se consigue mucho más”.
Educación y redes sociales
En la primera de las mesas redondas, moderada por Esther Vaquero, se ha abordado la respuesta institucional que se lleva a cabo frente a la violencia de género entre los jóvenes a través de la experiencia y el testimonio de la magistrada titular del juzgado de Violencia sobre la mujer N.º 2 de Murcia, Fátima Saura, de la fiscal delegada especializada en violencia de género y doméstica del Principado de Asturias, María Eugenia Prendes, y del teniente responsable del Equipo Mujer-Menor (EMUME) central de la Guardia Civil, Daniel Moreno.
Fátima Saura ha constatado que cada vez nos encontramos con más casos de violencia de género en adolescentes y ha señalado como culpables a la pérdida de la educación en valores y a las redes sociales, “campo abierto que los padres no controlamos y medio muy habitual para cometer el delito”. Saura ha reclamado en su intervención que haya juzgados exclusivos de violencia de género y en guardia permanente, también en los pueblos, para que no haya “víctimas de primera y de segunda”.
Daniel Moreno ha hablado de las razones que dificultan abordar especialmente los casos de violencia de género en jóvenes, entre ellos, “el miedo a las represalias, el aislamiento a la víctima, la vergüenza ante los padres y también la falta de conocimiento a la hora de denunciar. Cada vez tenemos más recursos, pero deben ser accesibles”.
En este sentido, María Eugenia Prendes ha animado a “prepararse para realizar esa denuncia. Hay que hacer una preparación anterior importante y garantizarles y ser fieles a que sus datos no se van a divulgar, especialmente si se encuentran en un entorno rural donde todos se conocen”.
Estos expertos han coincidido en que otro de los focos preocupantes son las canciones de reguetón, ya que son “terribles y deberían controlarse” y han insistido en el papel clave que juega el entorno de iguales, como por ejemplo las amigas, “para que la víctima se sienta arropada y en ningún momento controlada”.
Pacto de Estado
El segundo coloquio, dedicado a los comportamientos de los jóvenes ante la violencia de género, ha sido moderado por Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña, y ha contado con la directora de la Agencia Española de Protección De Datos (AEPD), Mar España; la inspectora jefa de la Policía Nacional de la Oficina de Estudios de la Unidad Central de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), Elena Palacios; y la directora de Activa Psicología y Formación, experta en maltrato y abuso sexual infantil, Natalia Ortega.
Mar España, aprovechando que “hoy comienza una nueva legislatura”, ha reivindicado como medida para combatir la violencia de género en jóvenes que se apruebe “un Pacto de Estado”, que incluya “una reforma del Código Penal y otro tipo de actuaciones, en el ámbito educativo, sanitario y de empresas tecnológicas, como obligar a los prestadores de servicios de internet a la verificación de edad”. Al tiempo que ha hecho un llamamiento a las familias para retrasar la entrega del móvil.
Sobre el acceso ilimitado a las pantallas, ha opinado que, si “jamás se da un fármaco o una botella de whisky a un niño de 8 años, entonces ¿por qué sí se le da un móvil con acceso ilimitado a internet?”. Ante esta situación, “el algoritmo del porno le va a ir a buscar”, y ha recordado que este tipo de contenidos ya supone el 30% del consumo de internet.
En este sentido, Elena Palacios ha dicho que “en las denuncias vemos que se está normalizando la pornografía y que está bajando la edad de las víctimas y agresores”. La inspectora jefa de la Policía Nacional ha dado datos del sistema de seguimiento policial VioGén y ha dicho que “hay registradas hay más de 1.000 mujeres de menos de 18 años con protección policial y 350 menores de edad agresores controlados”. De estas cifras, ha continuado, “se extrae que las chicas tienen relaciones tóxicas a temprana edad y que se relacionan con chicos mayores que las manejan y controlan. Y que los padres no se enteran”.
La psicóloga Natalia Ortega ha incidido en la necesidad de control de las pantallas porque “tenemos un problema muy grande con el acceso a todo el contenido que ven”. “Que un niño vea pornografía es una negligencia parental que tendría que estar penada”, ha subrayado.
Ortega también ha insistido en la vergüenza y el miedo que tienen los menores a compartir este tipo de situaciones con sus padres: “Tienen más miedo a la consecuencia dentro de su casa que a la difusión de una imagen insinuante”, por lo que, a su juicio, “el primer punto de prevención es la comunicación con los hijos. Y, si no puede ser con los padres, con un adulto de referencia”. “Los padres tienen que saber cómo actuar porque prohibir va a generar el efecto contrario, ya que ya se encarga el maltratador de ponerla en contra de sus padres”.
