Antonio Capella, socio de EY, servicios de Cambio climático y sostenibilidad, ve con buenos ojos la nueva Ley de Información No Financiera y Diversidad, ya que supondrá un desarrollo del reporting no financiero al fortalecer la cantidad y calidad de la información que debe ser, además, verificada por un tercero. Capella asegura que esto impulsará a que este reporte se desarrolle tanto como el financiero.
¿Cuáles son los aspectos que consideras más interesantes y relevantes de la nueva Ley?
Con la nueva Ley 11/2018 de Información No Financiera, el reporting de aspectos no financieros pasa a legislarse después de muchos años de voluntariedad por parte de las empresas. Esta ley hace que la información sobre cuestiones medioambientales, sociales y relativas al personal, sobre el respeto de los derechos humanos, sobre la lucha contra la corrupción y el soborno, y sobre la sociedad, pase a estar al mismo nivel que la información financiera, afectando su reporte no
solo a sociedades cotizadas, sino a empresas de más de 500 empleados consideradas grandes. Además, y para garantizar su fiabilidad, esta información debe ser verificada por un tercero independiente.
¿Cuáles son sus principales beneficios, hándicaps y barreras para que las apliquen las empresas españolas?
La Ley busca que las empresas sean más transparentes en materia no financiera con el fin de que los grupos de interés tengan toda la información necesaria para basar su toma de decisiones. A partir de 2021, el umbral de 500 empleados se reducirá a 250 empleados, con lo cual la aplicación de la Ley se volverá más exigente. El reto principal radica en los sistemas de reporting para la información no financiera, que en muchas compañías no se encuentran tan desarrollados ni definidos como los de la información financiera.
¿Cómo puede ayudar a impulsar la Responsabilidad Social en nuestro país?
La Ley 11/2018 puede ser una buena palanca para afianzar a las empresas españolas como empresas transparentes y responsables. No es suficiente gestionar de forma excelente los aspectos no financieros, sino que también hay que ser transparentes explicándolos. La Responsabilidad Social podía ser percibida hasta ahora como un tema para empresas cotizadas, y con la nueva ley, el abanico de empresas que pueden aprovechar esta oportunidad se ensancha de forma muy significativa. Creo que es un reto y a la vez una magnífica oportunidad para muchas empresas.
¿Cuál es la situación actual, en tu opinión, del reporting en España y cuáles son sus principales retos de futuro?
En muchas compañías, el reporting de los temas financieros lleva años de ventaja respecto del reporting de los temas no financieros, en materia de definición de roles y responsabilidades, sistemas de información y sistemas de consolidación. El reto principal que plantea la ley está en fortalecer en cantidad y calidad la información no financiera, que debe ser verificada por un tercero, y acompasarla cronológicamente con la formulación y aprobación de las cuentas, tal como exige la nueva normativa.
¿Qué recomendaciones podrías compartir para que las empresas puedan cumplir con la nueva normativa?
En primer lugar, es importante definir la estructura de gobernanza, es decir el equipo encargado de elaborar el estado de información no financiera en todas sus fases y de centralizar toda la información. En segundo lugar, hay que analizar los temas materiales o relevantes vinculados con aspectos no financieros a incluir en el Estado. Este análisis permitirá definir los indicadores clave a publicar para gestionar el desempeño y mitigar los riesgos asociados a los temas materiales identificados. Una vez claros los dos puntos anteriores, ya se puede poner en marcha el proceso de solicitud y recopilación de la información, su análisis, la redacción del Estado, su verificación por un externo, su aprobación por los administradores y su publicación.
