Si la empresa donde trabaja tiene más de 500 trabajadores, debería seguir leyendo este artículo. Y si tiene más de 250 empleados, también será de su interés, porque en un lapso de tres años también le incumbirá esta información.
El 24 de noviembre de 2018 fue aprobado por el Senado, la nueva Ley de Información No Financiera y Diversidad (11/2018), un marco legal que exige a las grandes empresas españolas a publicar información relativa a su gestión social, medioambiental, que incluya el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y el soborno, como parte del reporting anual. Si su empresa ya tiene camino andado en materia de reporting a través de la metodología del Global Reporting Initiative (GRI), no hay motivos para preocuparse sobremanera, ya que gran parte de la información requerida por el GRI está contemplada en las exigencias de la nueva normativa. Si no es así, ya es hora de ponerse manos a la obra.
La Ley de Información No Financiera y Diversidad es un instrumento legal que sustituye el actual Real Decreto-Ley 18/2017, del 24 de noviembre, que a su vez procede, a nivel europeo, de la Directiva 2014/95/UE sobre información no financiera y diversidad destinada a determinadas grandes empresas y grupos. La nueva ley introduce algunas novedades, con respecto al anterior decreto, que posicionan al país en una referencia en la divulgación y el reporte de la sostenibilidad de las empresas, al elevar la exigencia de la transparencia y la fiabilidad de los datos reportados.
El nuevo marco jurídico fue publicado el 29 de diciembre de 2018 y su vigencia comenzó el día siguiente. En este sentido, están llamadas a cumplirla las sociedades de capital y sociedades que formulen cuentas consolidadas que tengan más de 500 empleados y que tengan las consideraciones de entidades de interés público de acuerdo con la legislación de auditorías; o bien aquellas que durante dos ejercicios consecutivos reúnan al menos dos de las siguientes circunstancias: que el total de las partidas del activo sea superior a 20.000.000 de euros, que el importe neto de la cifra anual de negocios supere los 40.000.000 de euros o que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 250. Tres años después de la entrada en vigor, la ley aplicará a empresas con más de 250 empleados.
Gestión de riesgos: un porqué fundamental
En una reunión de clúster de transparencia, Buen Gobierno e Integridad, coordinado por Forética, se señaló que el 80% de los riesgos con más impacto a escala global tienen que ver con cuestiones medioambientales, sociales o de transparencia y buen gobierno, de acuerdo al World Economic Forum. Esto ha traído como consecuencia un incremento de regulación en materia extrafinanciera y una mayor demanda por parte de inversores, reguladores y sociedad por tener acceso a esta información.
¿Qué hay de nuevo en la Ley?
La Ley de Información No Financiera y Diversidad plantea algunos asuntos a medir vinculados a la sostenibilidad, entre los que destacan:
- Una breve descripción del modelo de negocio del grupo, que incluirá su entorno empresarial, su organización y estructura, los mercados en los que opera, sus objetivos y estrategias, y los principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura evolución”.
- Políticas, que incluirá los procedimientos de diligencia debida aplicados para la identificación, evaluación, prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos y de verificación y control, incluyendo qué medidas se han adoptado.
- Resultados de dichas políticas e indicadores claves clave de resultados no financieros pertinentes que permitan el seguimiento y evaluación de los progresos y que favorezcan la comparabilidad entre sociedades y sectores.
- Principales riesgos vinculados a las actividades de la empresa, entre ellas: sus relaciones comerciales, productos o servicios que puedan tener efectos negativos en esos ámbitos, y cómo la empresa gestiona dichos riesgos.
¿Qué temas hay que considerar?
Transversalmente el nuevo marco regulatorio exige a las empresas poner el ojo en las siguientes cuestiones:
- Gestión ambiental y salud y seguridad.
- Contaminación: principalmente medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono. Considerar cualquier forma de contaminación. atmosférica, incluido el ruido y la contaminación lumínica
- Economía circular y gestión de residuos.
- Gestión del agua, consumo de materias primas, eficiencia energética y uso de energía renovables
- Cambio climático: considerando elementos de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
- Protección de la biodiversidad
- Empleo: información relativa a número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y clasificación profesional; número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo, número de despidos, remuneraciones medias y su evolución, brecha salarial, la remuneración de puestos de trabajo iguales o de media de la sociedad, la remuneración media de los consejeros y directivos, implantación de políticas de desconexión laboral, empleados con discapacidad.
- Organización del tiempo de trabajo; número de horas de absentismo; medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación.
- Salud y seguridad: condiciones de salud y seguridad en el trabajo.
- Relaciones sociales: organización del diálogo social y convenio colectivo por país.
- Formación de los empleados.
- Accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
- Igualdad: gestión de la diversidad: igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres; planes de igualdad, la integración y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, políticas contra todo tipo de discriminación.
- Información sobre el respeto de los derechos humanos.
- Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno.
- Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible: el impacto de la actividad en el empleo y el desarrollo local. Diálogo con las comunidades.
- Subcontratación y proveedores: política de compras de cuestiones sociales, de igualdad de género y ambientales.
- Consumidores: medidas para la salud y la seguridad de los consumidores; sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas.
- Información fiscal: los beneficios obtenidos país por país; los impuestos sobre beneficios pagados y las subvenciones públicas recibidas.
El tic tac del reporte
La nueva norma da un plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales y el informe de gestión, que incluirá, cuando proceda, el estado de información no financiera. Es decir, que hay tiempo hasta el 32 de marzo de 2019. Además, este informe se deberá poner a disposición pública en la página web de la compañía, dentro de los seis meses posteriores a la fecha de finalización del año financiero y estar disponible por un período de cinco años.
Verificación de un tercero
Según establece la nueva Ley, la información reportada deberá ser verificada por un prestador independiente de servicios de verificación. Este proceso tiene como objetivo obtener evidencias de que el estado de información no financiera está libre de cualquier error relevante y así, aportar fiabilidad, uno de los criterios a tomar en cuenta.
KPI, para medirte mejor
Los KPI deben adecuarse a la actividad empresarial y cumplir con los criterios de comparabilidad, materialidad, relevancia y fiabilidad. Para facilitar la comparación de la información, desde la perspectiva temporal como de entidades, se requiere utilizar estándares de indicadores no financieros que puedan ser de aplicación general y que cumplan con las directrices de la Comisión Europea y los estándares de Global Reporting Initiative (GRI). Asimismo, se deberá mencionar en el informe el marco nacional, europeo o internacional utilizado para cada materia.
