Reducir drásticamente nuestras emisiones exige cambios culturales, de valores, cambios tecnológicos y cambios legales. La nueva Ley de Cambio Climático deber ser la gran palanca normativa para lograr, entre otros puntos:
- Crear incentivos económicos para la nueva economía verde, para un modelo productivo amigo del clima.
- Crear planes globales y sectoriales con la determinación precisa de las grandes metas que asumimos como país.
- Promover una nueva ejemplaridad del sector público: edificios, compras públicas…
- Asegurar que el sistema financiero reorienta masivamente sus prioridades y apoya sustancialmente las iniciativas económicas de la nueva economía circular, los proyectos de eficiencia energética, energías renovables, transporte público…
- Anunciar cierres, con transiciones justas, de aquellas actividades que aceleran gravemente el cambio climático…
En ese contexto hay que decir que las empresas son imprescindibles para lograr tanto la elaboración del mejor texto legal posible como su efectiva aplicación. Por supuesto que los más de tres millones de empresas que hay en España forman parte del problema del cambio climático. Pero también es cierto que el talento, los recursos y las capacidades acumuladas en esos tres millones de empresas son básicos para construir las soluciones que se requieren.
En el año 2015 la comunidad internacional aprobó dos grandes agendas globales: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo del Clima de París. Ambos tienen grandes conexiones porque no habrá solución ambiental sin que logremos afrontar a la vez “la cuestión social” y la “cuestión económica”.
En los ODS se fijan los 17 Objetivos que marcan la Agenda global común y uno de ellos, de forma explícita, es la lucha contra el cambio climático. Fracasar o ganar en el ODS 13 condicionará, mucho, la consecución del resto. Por eso, para la Red Española del Pacto Mundial esta Ley de Cambio Climático en elaboración es una gran oportunidad.
En el proceso de elaboración de la ley es fundamental asegurar la participación de los actores económicos, sociales e institucionales que van a ser claves en su implementación. En la amplitud y calidad del proceso de participación reside uno de los factores de éxito de la nueva ley. Por eso es primordial asegurar la máxima participación de las empresas durante ese proceso de diálogo amplio con el conjunto de la sociedad.
Desde nuestro punto de vista, en línea con el Objetivo 17 de los ODS, la creación de alianzas público-privadas también será fundamental para implementar esa nueva ley. Estas alianzas deben construirse sobre los mismos principios y valores y tener objetivos comunes, aportando cada actor su experiencia y conocimientos para contribuir conjuntamente a la consecución del objetivo común.
El sector empresarial tiene un papel fundamental para ayudar a consolidar instituciones eficaces, responsables y transparentes. Su participación en la elaboración de nuevas legislaciones puede contribuir a tomar decisiones más inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles; sería igualmente favorable contar por anticipado con la colaboración de las empresas para la consecución de los objetivos de dichas leyes.
Los reiterados síntomas de malestar climático, su agravamiento, como describen una y otra vez los informes científicos, deben crear un clima de urgencia en la sociedad y de cooperación entre los actores claves. Con humildad tenemos que reconocer todos que ante el gran desafío del cambio climático necesitamos cooperar unos con otros, trabajar juntos, arrimar el hombro… Las administraciones públicas, las ONGs, las empresas… No hay otro camino. Solos, no podemos.
