La votación de los ministros de los 27 Estados miembros de la UE celebrada hoy para aprobar una ley que exige a las grandes empresas que identifiquen y aborden los efectos negativos de sus operaciones en los derechos humanos y el medioambiente marca uno de los avances más importantes de los últimos años en materia de legislación internacional sobre empresas y derechos humanos; así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
La Directiva sobre la Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad, que establece normas de derechos humanos para las grandes empresas que operan en la Unión Europea, entrará en vigor en los próximos días y los Estados miembros deberán incorporarla a su legislación nacional.
“Es un momento decisivo para los derechos humanos y la rendición de cuentas de las empresas. La UE ha establecido una normativa vinculante para la conducta responsable de las empresas en el mayor mercado interior del mundo. Este logro inmenso debería transmitir a todas las empresas el mensaje de que deben respetar los derechos humanos”, ha afirmado Hannah Storey, asesora de política sobre empresas y derechos humanos de Amnistía Internacional.
La histórica legislación obligará a las grandes empresas que operan en la UE a evaluar los riesgos para los derechos humanos y el medioambiente asociados a sus operaciones y gran parte de su cadena de suministro, incluso fuera de Europa, y a tomar medidas para abordarlos.
“Esta legislación supone un cambio radical en la protección de las personas frente a los abusos. Significa que las víctimas de daños a los derechos humanos causados o propiciados por empresas que operan en la UE o por sus proveedores tendrán mayor acceso a un recurso efectivo ante tribunales de Europa. Si se aplica con firmeza, supondrá un avance, por ejemplo, en la prevención del trabajo infantil y el trabajo forzoso, así como en la prevención de los abusos contra los trabajadores que fabrican productos para su venta en la UE.”
La nueva legislación cuenta con un amplio apoyo entre las empresas europeas, muchas de las cuales reconocen que proteger los derechos humanos no sólo es su obligación, sino que además es positivo para la sostenibilidad de su negocio. Estudios realizados demuestran que las empresas que protegen los derechos humanos son más estables económicamente que sus competidores.
La Directiva sobre la Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad debería inspirar a todos los países para adoptar una legislación firme en materia de empresas y derechos humanos. Ahora es preciso que los Estados miembros de la UE implementen la nueva legislación.
Hannah Storey ha manifestado: “Pedimos a los Estados miembros de la UE que aprovechen el proceso de incorporar la directiva a su legislación nacional para mejorar las áreas de la Directiva susceptibles de refuerzo, entre otras cosas ampliando el conjunto de empresas a las que se aplica y eliminando las exenciones problemáticas para el sector financiero y las empresas que producen armas y tecnología de vigilancia”.
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