Vivimos aceleradamente, ajenos a cómo impactan en la sociedad y el planeta los productos que consumimos cada día o la propia actividad de las empresas en las que trabajamos, o aquellas en las que invertimos. Debemos empezar a tener consciencia y dejar de normalizar que los derechos humanos con demasiada frecuencia son ignorados en la actividad empresarial, cuando no invisibilizados y en ocasiones directamente vulnerados.
Esto tiene un especial impacto en los colectivos más vulnerables como son los niños, niñas y adolescentes, que tienen los mismos derechos humanos que los adultos, pero además se les reconocen otros derechos por sus necesidades específicas, recogidos en la Convención de los Derechos del Niño. Es necesario reforzar su protección. El crecimiento y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes es afectado por los impactos negativos que tienen una trascendencia significativa en ocasiones irreversibles pudiendo llegar a condicionar su futuro.
La infancia guarda una relación estrecha con el sector empresarial y a su vez con el futuro del desarrollo socioeconómico. Estamos hablando de niños privados de su infancia y cuyo futuro, y por lo tanto el de su comunidad, quedan sacrificados por una actividad empresarial insuficientemente regulada que en ocasiones no afronta con firmeza el impacto en toda su cadena de valor. Esta relación, a menudo se cita de manera protagonista las increíbles cifras sobre el trabajo infantil: más de 160 millones de niños en el mundo trabajan, casi la mitad poniendo en riesgo su salud y sus vidas, muchos bajo las peores formas de explotación laboral.
Pero más allá del trabajo infantil, todos los niños, niñas y adolescentes se ven afectados de una forma u otra por la actividad empresarial, por productos inseguros o nocivos, el marketing y la publicidad (uso de su imagen, estereotipos negativos o discriminatorios, promoción de productos nocivos), la calidad del empleo de padres y madres (que condicionan la protección y el desarrollo de sus hijos) y de los trabajadores jóvenes, las plataformas digitales a las que acceden y su impacto en su desarrollo y en su salud mental o el impacto en el medio ambiente y comunidades donde viven y se desarrollan.
Para promover un marco de actuación para las empresas, Naciones Unidas desarrolló en 2011 los Principios Rectores para Empresas y Derechos Humanos (UNGPs). Poco después, UNICEF, Save the Children y Global Compact, promovieron los Derechos de la Infancia y Principios Empresariales (CRBP) para que se incluyera de forma explícita a la infancia como grupo de interés de la empresa de forma «automática» y en toda su complejidad. Estos principios han servido de base, pero al ser soft law, sujetos a la voluntariedad de cada empresa, sólo han conseguido avances escasos e insuficientes, según el informe Chartering the Course: Embedding children’s rights in responsible business conduct (UNICEF, UNGC and Save the Children, 2022).
Era pues ineludible una regulación específica sobre el impacto de las empresas en los derechos humanos y en el medio ambiente. Con las recientes normativas europeas en materia de sostenibilidad e impacto, ser sostenible deja de ser una opción.
Así, la Directiva CSRD y las Taxonomías ambiental y social (esta última todavía sin aprobar), alineadas con el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, nos han apresurado hacia la era de la información corporativa de sostenibilidad y de la transparencia para luchar contra el Green/Socialwashing.
Y por fin, la recientemente aprobada y muy esperada Directiva europea de Diligencia Debida en materia de Sostenibilidad corporativa (CSDDD), que este jueves, 23 de mayo, se ratificará formalmente por parte de los ministros/as de la UE, supone un hito histórico y acelera la velocidad de las empresas hacia un horizonte de resultados no solo económicos, sino de alto impacto social.
Apoyada desde el inicio por la mayoría de Gobiernos de la UE, organismos internacionales, sociedad civil y por algunas plataformas de empresas europeas líderes, la negociación final de la Directiva ha sido compleja, en una sociedad europea cada vez más polarizada. A pesar de la rebaja del alcance en la fase final, esta normativa marca un punto de inflexión.
Esta Directiva supone que las empresas integren el enfoque de derechos humanos y medioambiente en sus políticas y estrategias de manera transversal, en el corazón de su negocio (no en áreas marginales) y a través de su cadena de valor. Supone un instrumento clave que ayuda a todas las empresas a proyectarse en una realidad evolucionada en la que los derechos humanos y el medio ambiente deben estar por encima de la búsqueda exclusiva del beneficio económico.
Si bien la adopción de este nuevo marco regulatorio supone un desafío e inversión, una empresa que evalúe los impactos sociales y ambientales (un binomio inseparable), que elimine y se responsabilice por sus impactos negativos y ponga el foco en maximizar sus impactos positivos, no solo será más sostenible, sino que también tendrá mayor impacto social y generará más confianza, el gran activo de las empresas hoy en día. Y conseguirá materializar esta oportunidad aumentando su licencia social, minimizando los riesgos, generando valor en sus grupos de interés (inversores, clientes, empleados, proveedores…), fortaleciendo el desarrollo y crecimiento del negocio.
Así, la CSDDD posiciona a Europa como referente global, en línea con los valores que nos unen y definen como comunidad, promoviendo con determinación, ambición y compromiso la responsabilidad de las empresas sobre sus impactos en el medioambiente y en los derechos humanos, incluidos los de la infancia y juventud. También las empresas europeas líderes tienen el potencial de arrastrar a sus cadenas de valor globales e influir en el comportamiento de otras empresas de todo el mundo.
Desde UNICEF España celebramos la aprobación de la Directiva que incluye asegurar de manera explícita el enfoque de derechos en colectivos especialmente vulnerables, como la infancia y la juventud, a lo largo de toda la cadena de valor y la inclusión expresa de la Convención de los Derechos del Niño como marco y referencia. La Directiva refuerza nuestras alianzas a largo plazo con el sector privado para conseguir impactos positivos para la infancia y juventud a escala, con la integración de los derechos desde el centro de su actividad, la influencia en su cadena de valor, la promoción de un empleo de jóvenes inclusivo y de calidad.
Nuestras decisiones individuales, sociales y políticas, en especial las que afectan a la infancia y juventud, tienen la capacidad y la oportunidad de cimentar un futuro más sostenible, justo y humano. Juntos debemos comprometernos con determinación, convicción y responsabilidad en su construcción, incluidas las empresas, para liderar y generar un impacto social positivo desde el corazón de su negocio.
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