El INSTITUTO SANTALUCÍA, órgano de reflexión y debate del GRUPO SANTALUCÍA, presenta su nuevo informe sobre “La sostenibilidad medioambiental y social y el deber fiduciario en el marco de las inversiones responsables: el caso de los fondos de pensiones”. El documento se enfoca en cómo los fondos de pensiones pueden y deben incorporar los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) en sus decisiones de inversión, en un contexto donde los riesgos climáticos y sociales se perfilan como una de las mayores amenazas y oportunidades para el sector financiero.
El informe, redactado por Marta de la Cuesta González, Catedrática de Economía Aplicada en la UNED, y Pablo Esteban Sánchez, Profesor Asociado en la misma universidad y Subdirector General de Spainsif, profundiza en cómo la sostenibilidad no es solo un imperativo moral, sino también financiero, subrayando la creciente presión regulatoria y las expectativas de los inversores. A través de un análisis detallado del mercado, la normativa europea y el impacto del cambio climático en los activos financieros, el informe busca ofrecer herramientas para que los fondos de pensiones no solo gestionen el riesgo, sino que lideren el cambio hacia una economía más verde y resiliente.
El cambio climático y su impacto en las inversiones
Uno de los aspectos más destacados del informe es el análisis de cómo los riesgos climáticos afectan al sector asegurador y, en particular, a los fondos de pensiones. Los expertos advierten que el cambio climático introduce dos tipos de riesgos principales: los riesgos físicos, que se refieren a los daños directos provocados por fenómenos climáticos extremos, y los riesgos de transición, vinculados a la adaptación a una economía baja en carbono. Ambos factores son ya determinantes para el futuro de las inversiones a nivel global.
El INSTITUTO SANTALUCÍA recalca que los fondos de pensiones, como inversores institucionales a largo plazo, están expuestos de forma significativa a estos riesgos. Una prueba de esto es el reciente análisis de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones (EIOPA), que en 2022 llevó a cabo la primera prueba de resistencia climática del sector de pensiones. Este ejercicio reveló una pérdida media del 12,9% en los activos de los fondos de pensiones debido a riesgos de transición climática. Esta situación, junto con la creciente normativa europea orientada a promover inversiones sostenibles, subraya la urgencia de que estos fondos integren los riesgos ASG en sus decisiones estratégicas.
En este sentido, el informe pone de relieve que más del 90% de los fondos de pensiones europeos ya incluyen consideraciones de sostenibilidad en sus políticas de inversión. Sin embargo, solo el 14% de estos fondos han implementado pruebas de estrés que contemplen el impacto ambiental. Esta disparidad revela una brecha significativa entre la intención y la práctica, lo que pone de manifiesto la necesidad de medidas más concretas para garantizar la resiliencia frente a los desafíos ambientales y sociales del futuro.
Los fondos de pensiones como impulsores de la sostenibilidad
El INSTITUTO SANTALUCÍA, en su informe, también destaca el papel crucial que los fondos de pensiones pueden desempeñar en la transición hacia una economía más sostenible. No solo como gestores de riesgos, sino como actores activos que canalizan capital hacia actividades y sectores que promuevan una economía baja en carbono. Los autores del estudio subrayan que los fondos de pensiones tienen la oportunidad de liderar esta transformación, contribuyendo a la mitigación del cambio climático y a la mejora de las condiciones sociales y de gobernanza en las empresas en las que invierten.
En particular, la normativa europea ha evolucionado significativamente para apoyar este cambio. El Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) es uno de los marcos legales que establece cómo los gestores de activos, incluidos los fondos de pensiones, deben divulgar la información sobre cómo integran los criterios ASG en sus inversiones. Esta normativa clasifica los productos financieros según su grado de compromiso con la sostenibilidad, imponiendo mayores exigencias de transparencia a aquellos que buscan fomentar inversiones verdes.
Para el INSTITUTO SANTALUCÍA, este marco regulatorio no solo es una obligación, sino también una oportunidad estratégica. Los fondos de pensiones, al gestionar grandes volúmenes de activos a largo plazo, pueden adoptar un rol proactivo en la asignación de capital a inversiones que contribuyan a una economía sostenible. Esto no solo mejora la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras, sino que también fortalece la credibilidad de los fondos ante sus beneficiarios, que cada vez demandan más inversiones responsables y sostenibles.
“En un contexto donde la sostenibilidad se está consolidando como un factor determinante en el mundo financiero, desde el INSTITUTO SANTALUCÍA decimos que los fondos de pensiones deben aprovechar su posición estratégica para liderar el cambio hacia una economía más verde y justa”, comenta José Manuel Jiménez Rodríguez, Director del INSTITUTO SANTALUCÍA. “No se trata solo de cumplir con las normativas vigentes, sino de anticipar y gestionar los riesgos climáticos y sociales, transformándolos en oportunidades para crear valor a largo plazo”.
Además, el estudio concluye que integrar los criterios ASG en las decisiones de inversión no es solo una responsabilidad fiduciaria, sino una ventaja competitiva. Los fondos de pensiones tienen el poder de marcar la diferencia en la transición hacia un futuro más sostenible, protegiendo al mismo tiempo los intereses de sus partícipes y garantizando la viabilidad a largo plazo de sus activos.
Este informe sobre “La sostenibilidad medioambiental y social y el deber fiduciario en el marco de las inversiones responsables: el caso de los fondos de pensiones” está disponible para su consulta a través de este enlace.
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