Si se mantiene esta iniciativa, España se convertiría en la única jurisdicción europea con un impuesto permanente de estas características, lo que constituye una desventaja competitiva para las entidades españolas y, por tanto, para el impulso de la economía, en un contexto en el que la banca española es el sector a nivel europeo que más impuestos paga.
Además, supone un obstáculo para completar la Unión Bancaria y va en contra de las recomendaciones de instituciones como el Banco Central Europeo (BCE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) que desaconsejan estos impuestos porque desvían recursos que podrían utilizarse para reforzar el capital de los bancos y mantener el flujo del crédito a familias y empresas.
Este tipo de gravámenes tiene un impacto directo sobre la capacidad de financiación de la economía real y, por ende, en la creación de empleo y en el crecimiento de nuestra economía. La recaudación del gravamen supone una merma estimada de 50.000 millones en la capacidad de financiación del sector bancario en España.
Si este impuesto, concebido como “extraordinario”, se justificó por el Gobierno por el crecimiento de ingresos derivado de la subida de tipos de interés desde 2022, dicha justificación no tiene vigencia. Es preciso señalar que la evolución prevista de los tipos de interés no justifica la conversión del gravamen temporal en un impuesto permanente. El BCE ha comenzado a recortar los tipos oficiales. En concreto, a lo largo del año ya se ha producido un recorte de 75 puntos básicos que se ha reflejado en bajadas del euríbor. El euríbor a un año está en estos momentos por debajo del nivel de diciembre de 2022, cuando se aprobó el gravamen. Los analistas anticipan que esta tendencia descendente se mantendrá el próximo año de tal modo que los tipos de interés podrían situarse en el 1,75 % a finales de 2025.
Por último, la incorporación de impuestos a nuestro ordenamiento jurídico por la vía de un decreto ley o, alternativamente, a través de una enmienda al articulado de un proyecto de ley que se encuentre en tramitación en el Congreso, como señalan las informaciones merma la calidad del debate público e imposibilita que los sectores afectados puedan manifestar su posición sobre normas que afectan a su actividad.
En definitiva, gravar la actividad bancaria de forma permanente con un impuesto extraordinario significa frenar la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo en el conjunto de la economía.
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