En la actualidad, la sostenibilidad se ha convertido en un aspecto clave para las empresas y organizaciones de todo el mundo. Además de las preocupaciones éticas, sociales y medioambientales, este concepto también está estrechamente vinculado al éxito empresarial a largo plazo. Y es que Informes de Sostenibilidad desempeñan un papel fundamental en la promoción de la rendición de cuentas y en la contribución a los ODS y los criterios ASG.
Según el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, “la transparencia es el fundamento de la sostenibilidad empresarial” y “la sostenibilidad no se puede lograr sin la transparencia y la rendición de cuentas”.
Los informes y la divulgación de la sostenibilidad tienen el potencial de generar un impacto positivo considerable en los inversores, las empresas y la sociedad en general. Estas iniciativas ayudan a aumentar la conciencia sobre el impacto social, ambiental y el cambio climático en todos los sectores empresariales, gubernamentales e industriales.
Estos reportes tienen como objetivo documentar la relación entre una empresa y la sostenibilidad, respondiendo a la creciente importancia que los inversores otorgan a los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) al tomar decisiones de inversión. Esta tendencia se fundamenta en la evidencia de que la inversión responsable no solo genera mejores resultados financieros, sino que también refleja los valores personales de muchos inversores.
Según GRI, “los informes de sostenibilidad obligatorios brindan una base sólida para la toma de decisiones estratégicas, permiten una mejor gestión de riesgos y oportunidades y promueven la confianza y el diálogo con los grupos de interés”. Además, señala que los informes obligatorios aseguran que todas las empresas se adhieran a los estándares de divulgación y transparencia, evitando así la disparidad y el greenwashing en la presentación de información.
Una revolución incipiente
En los últimos años, la normativa sobre reporting ha ido evolucionando, gracias al compromiso de las instituciones públicas. Así pues, la Comisión Europea ha establecido un Marco Europeo de Informes de Sostenibilidad para ayudar a las empresas a informar de manera coherente sobre su desempeño sostenible. Este marco se basa en estándares internacionales, como las directrices de la GRI.
En España, lo que prevalece es la Ley de Información No Financiera y Diversidad, la Ley 11/2018. Esta ley de ámbito nacional afecta a aquellas sociedades con más de 250 empleados y aquellas entidades de interés público de conformidad con la legislación de auditoría de cuentas (excepto pymes). Los grupos de interés afectados son los Consejos de Administración, entidades inversoras, consumidores y sociedades civiles.
Sin embargo, el final de 2022 trajo consigo una noticia de extremada relevancia para todas las empresas, incluidas las pymes. El 28 de noviembre de 2022 el Consejo de la UE aprobó de manera definitiva la Nueva Directiva relativa a la presentación de informes de sostenibilidad cuyo objetivo principal es el refuerzo de la rendición de cuentas de las empresas para evitar divergencias entre normas de sostenibilidad y facilitar la transición hacia una economía sostenible.
Novedades de la Nueva Directiva Europea
La Comisión Europea presentó la propuesta de Directiva relativa a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas el 21 de abril de 2021 en el marco del Pacto Verde Europeo y el Programa de Finanzas Sostenibles. La nueva Directiva refuerza las normas actuales en materia de divulgación de información no financiera, que se introdujeron previamente mediante la Directiva de divulgación de información no financiera de 2014. Sin embargo, estas normas ya no se ajustan adecuadamente a la transición de la UE hacia una economía sostenible.
La nueva Directiva, además de consolidar las normas existentes, establece requisitos más detallados para la divulgación de información. De esta manera, garantiza que tanto las grandes empresas como las pymes cotizadas se vean obligadas a publicar información detallada sobre cuestiones de sostenibilidad, abarcando aspectos medioambientales, sociales, de derechos humanos y de gobernanza.
Estas nuevas disposiciones sobre presentación de información sobre sostenibilidad se aplicarán a todas las grandes empresas y a las empresas cotizadas en mercados regulados, excluyendo únicamente a las microempresas cotizadas. Estas compañías también tendrán la responsabilidad de evaluar la información relacionada con sus filiales.
Las normas toman en consideración las particularidades de las pymes cotizadas, extendiendo su aplicación a este tipo de empresas. Sin embargo, se establece un periodo transitorio durante el cual las pymes cotizadas podrán optar por no cumplir con los requisitos, posponiendo la aplicación de la Directiva hasta 2028.
El reglamento, de obligado cumplimiento, se aplicará en cuatro fases:
- Las empresas que ya están sujetas a la Directiva de divulgación de información no financiera deberán presentar información correspondiente al ejercicio 2024 en el año 2025.
- Las grandes empresas que actualmente no están sujetas a la Directiva de divulgación de información no financiera deberán presentar información correspondiente al ejercicio 2025 en el año 2026.
- Las pymes cotizadas, excepto las microempresas, las entidades de crédito pequeñas y no complejas, así como las empresas de seguros cautivas, tendrán que presentar información del ejercicio 2026 en el año 2027.
- Por su parte, las empresas de terceros países cuyo volumen de negocios neto en la UE supere los 150 millones de euros y que cuenten con al menos una filial o sucursal en la UE que supere ciertos umbrales, deberán presentar información del ejercicio 2028 en el año 2029.
La imperiosa necesidad de que las entidades corporativas ofrezcan informes de mayor profundidad y amplitud sobre sus repercusiones, como precursores del diálogo y la acción encaminada a lograr resultados sostenibles, adquiere una importancia sin precedentes en el momento presente. El informe de sostenibilidad emerge como un factor determinante en la proyección de cualquier compañía, ya que refleja el impacto que su actividad genera tanto en el ámbito económico como en el medioambiental y social.
El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE consideran que “si las empresas mejorasen la información sobre sostenibilidad, ello redundaría en última instancia en beneficio de los ciudadanos y ahorradores, incluidos los sindicatos y los representantes de los trabajadores, que estarían adecuadamente informados y, por lo tanto, podrían participar en mejores condiciones en el diálogo social. Los ahorradores que deseen invertir de forma sostenible van a tener la oportunidad de hacerlo, mientras que todos los ciudadanos disfrutarían de un sistema económico estable, sostenible e integrador”.
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