Según datos de la ONU, se prevé que en 2023 se perderá el 2,2% de las horas de trabajo en el mundo debido al incremento de las temperaturas, lo que implica perder 80 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. En el marco del Climate Action Sevilla Summit, celebrado los días 5 y 6 de julio en la capital hispalense, Corresponsables entrevistó a Pepe Álvarez, Secretario General de UGT, para hablar sobre los retos de las empresas y los trabajadores, los efectos del cambio climático, la edad de jubilación y la reducción de la jornada laboral, entre otros temas de actualidad.
La mayor parte del tejido productivo del país está compuesto por pequeñas empresas.¿Cuáles cree que son los desafíos de las pymes en relación a los derechos de los trabajadores?
El primer desafío de las pymes es ver si crecemos un poco y tenemos un tamaño un poco más grande de empresas. Pero las pymes tienen que ser plenamente conscientes de que los sueldos de sus trabajadores o las condiciones de trabajo no es lo que les impide ganar dinero y mejorar, son las empresas para las que trabajan.
Estamos ante una situación nueva en la economía mundial en la que las grandes empresas se quedan con los pedidos y contratos más grandes y hacen una subcontratación. Esas empresas que están abajo, cuanto más abajo, menos posibilidad tienen de exigir las condiciones que necesitan para hacer un producto o servicio. En este contexto es clave trabajar una nueva alianza que permita que las empresas no piensen que el ajuste lo tienen que hacer con los sueldos de sus trabajadores y sus condiciones de trabajo, sino hacia arriba, porque es hacia donde van en este momento los beneficios más importantes de nuestro país.
¿Qué papel juegan las empresas para promover la formación profesional?
Las empresas tienen que ser conscientes de que para encontrar trabajadores que les permitan hacer sus productos necesitamos darle un giro al sistema educativo. La formación dual requiere que los alumnos hagan prácticas en las empresas, lo que no es muy fácil en un país con tantas pequeñas empresas como el nuestro. Por lo tanto, hay que buscar la manera de hacerlo en polígonos, por clústeres de producción, etc.
Ahí hay un trabajo que tiene que pivotar la Administración, en concreto la autonómica, porque tiene las competencias en esta materia. Las comunidades autónomas no pueden recibir las competencias, esconderlas y que nadie ejerza ese trabajo. Y eso es lo que está sucediendo con la FP. Con alguna expedición como el País Vasco, no es fácil encontrar grandes proyectos en este ámbito.
¿Qué le parece la medida de alargar la jubilación hasta los 72 propuesta por el Círculo de Empresarios?
Me parece de una frivolidad y una indignidad considerable. Los que lo han propuesto en su vida han trabajado en el sector de la construcción o se han acercado a un conductor de camiones o autobuses, a una señora que hace las habitaciones de hoteles o a un trabajador de una cadena de producción.
Además, desde el punto de vista económico, no tiene ningún sentido porque recientemente cerramos un acuerdo que ya tiene suficientes sacrificios para los trabajadores, con una edad de jubilación que puede ser a los 65, pero que la ordinaria será a los 67. Además, con un plan de financiación del sistema de pensiones es un absurdo.
En todo caso, como estos grupos de presión tienen un gran poder económico, quiero pedirle a la gente que no se lo tomen a risa. Hasta ahora no he oído al Partido Popular decir que respetará el acuerdo de pensiones al que llegamos las organizaciones sindicales y empresariales y, por tanto, eso puede querer decir que puede que el señor Feijóo, que en su día dijo que le gustaba el sistema francés de Macron, el que generó grandes movilizaciones en Francia, quiera el mismo sistema del Círculo de Empresarios. La diferencia es que ellos lo sitúan en un tope de edad de jubilación y el francés lo sitúa en la exigencia de años de cotización.
En Francia, a partir de septiembre, los trabajadores tendrán que cotizar cinco años más que en España para jubilarse con una pensión plena. Si en España se hace esa modificación, quiere decir que no tendremos que ampliar la edad de jubilación porque va a subir automáticamente si queremos tener una pensión mínimamente digna (…)
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