El pasado viernes 12 de mayo tuvo lugar en el auditorio GMP, Madrid, la Jornada “Nuevos retos en materia de compliance” organizada por la Fundación Corell, Alsa, CMC XXI y la Asociación de abogados y economistas en compliance a la que asistieron más de setenta profesionales, entre directivos, oficiales de cumplimiento, profesores universitarios, abogados y auditores, y que fue seguida en streaming por otro nutrido número de inscritos.
Don Marcos Basante Fernández, recién elegido Presidente de la Fundación Corell hizo la presentación de la jornada en la que dejó constancia del compromiso de la Fundación con la cultura de cumplimiento y la importancia de la comunicación y formación en la materia.
Responsabilidad penal de administradores y directivos
La primera ponencia, que versó sobre la responsabilidad penal de administradores y directivos corrió a cargo de don Antonio del Moral, magistrado de la sala II, de lo penal, del Tribunal Supremo que, de manera muy ilustrativa y práctica, puso de manifiesto la tragedia que supone para un administrador o directivo, y en general para cualquier persona, el sometimiento a un proceso penal, la famosa pena de banquillo.
Partiendo de esta idea, del Moral explicó cómo el ámbito objetivo del derecho penal se extiende y amplía cada día más para la empresa y sus directivos y, en cuanto a la responsabilidad penal del oficial de cumplimiento, incidió en la idea de que la omisión del deber de denunciar un injusto sólo se castiga cuando el delito es un delito continuado cuya no denuncia puede conllevar que el mismo se siga cometiendo en la organización.
Seguidamente tuvo lugar una mesa redonda sobre el compliance y el derecho de la competencia y el impacto de la actuación del CNMC en la empresa, a cargo de don Miguel de los Santos Gandarillas Martos, magistrado de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y doña Paloma Martínez- Lage Sobredo, socia de Baker McKenzie especializada en competencia y compliance.
Efectos beneficiosos de los programas de compliance ad intra
La última mesa redonda protagonizada por don Alejandro Abascal Junquera, magistrado en el Juzgado Central de instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional y doña María Massó Moreu, especialista en compliance e investigaciones internas en Baker McKenzie, versó sobre las últimas sentencias del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional así como sobre las obligaciones y desafíos ante la Ley 2/2023.
Subrayó Abascal los efectos beneficiosos de los programas de compliance ad intra, que permiten reducir o evitar, según el Supremo, la denominada “autopuesta en peligro“. Insistió el magistrado en que resulta evidente, y así es reconocido por el Supremo, que los programas de compliance reducen el riesgo de actividades delictivas aún de aquellas, respecto de las cuales el legislador no ha considerado oportuno incluir entre las conductas de las cuales puede derivarse responsabilidad penal para la persona jurídica. Por ello, concluyó el magistrado “No tener hoy en día un buen programa de compliance resulta inaudito”.
Por su parte, Massó se ocupó de los aspectos más controvertidos y necesarios de interpretación de la reciente Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, conocida como “Ley Whistleblowing“. Según la ley, el Sistema interno de información, subrayó Massó, deberá estar diseñado, establecido y gestionado de forma segura, y garantizar la confidencialidad de la identidad del informante, de la persona afectada por la información y de cualquier tercero mencionado en la comunicación, impidiendo el acceso de personal no autorizado.
Tras un intenso debate entre los ponentes y los asistentes, clausuró la jornada don Victor Tartiere, miembro del comité de cumplimiento de Alsa y Fundación Corell, y delegado de la AEAEC en Asturias, dando las gracias a ponentes y asistentes e invitando a los mismos a un vino español.
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