Activistas, expertos y líderes empresariales animan al Gobierno de España a apoyar la Directiva de Rendimiento Energético de los Edificios (EPDB), que está a las puertas de la ronda final de negociaciones de la Unión Europea, tras haber obtenido el respaldo de una amplia mayoría en el Parlamento Europeo. En este contexto, entrevistamos a Dolores Huerta, Directora General del Green Building Council en España.
¿En qué consiste la Directiva de Rendimiento Energético de los Edificios (EPBD) que acaba de aprobar el Parlamento Europeo?
La Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios es el instrumento mediante el cual los estados miembros deben transformar los edificios (los construidos y los que están por construir) para alcanzar los objetivos de descarbonización del sector a 2030 y 2050.
¿Qué podría suponer para para la economía de los ciudadanos la aprobación de esta directiva europea?
La Directiva incluye una serie de medidas para descarbonizar el uso de los edificios (sobre todo los construidos), cuya medida principal es la rehabilitación profunda de los mismos.
De todos los instrumentos, probablemente el que más afecta a los ciudadanos son los Estándares Mínimos de Rendimiento Energético de los Edificios (MEPS por sus siglas en inglés), que establecen el plazo en el que obligatoriamente se tendrán que rehabilitar los edificios peores en términos de energía. Se trata de pasar de las políticas que incentivan la rehabilitación, a las que obligan a la misma. A modo de ejemplo, para 2030 todos los edificios residenciales serán al menos calificación energética E y en 2033, D.
¿Cómo va a ayudar la EPBD a paliar la pobreza energética?
La Directiva obliga a los países miembros a presentar un Plan Nacional de Rehabilitación que incluya cuándo se van a rehabilitar qué viviendas, y con qué recursos (públicos o privados). Al empezar por las menos eficientes, es muy posible que afecten en primer lugar, a los hogares que sufren de pobreza energética, por ser tremendamente ineficientes en términos energéticos.
Digamos que la EPBD no palia la pobreza energética, pero obliga a los estados miembros a poner soluciones y recursos sobre la mesa para hacerlo, mediante la rehabilitación profunda, que reduce la dependencia energética de los ciudadanos, incluidos los más vulnerables.
Los activistas, expertos y líderes empresariales han afirmado que el papel de España es fundamental e instan al Gobierno a apoyar la EPBD. ¿Por qué España juega un papel clave en este sentido?
España tiene un potencial inmenso de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, mediante la rehabilitación de sus edificios; reducción de la dependencia energética, mejores condiciones de salud y confort para los ciudadanos, generación de una actividad económica sostenible y no deslocalizable, etc. Como tradicionalmente, esta actividad ha sido minoritaria (por no decir prácticamente irrelevante) está casi todo por hacer. Por primera vez, hay unanimidad tanto en las distintas administraciones, como en agentes del sector y “espectro ideológico”, en que esta actividad es una apuesta tan oportuna y positiva como imprescindible para nuestro país.
España tiene un mercado muy grande y de peso dentro de la Unión Europea, además, aunque su clima no sea tan riguroso (en invierno) como el de países del norte o el centro de Europa, sí que está entre los más afectados por los efectos del cambio climático, también en lo extremo del clima por frío y por calor. Nuestras viviendas no están preparadas y la rehabilitación es fundamental para hacer frente a estos cambios.
Por último, el segundo semestre del año, en el que seguramente se produzca la aprobación de la EPBD, coincide con la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, así que, qué mejor oportunidad para demostrar que desde España estamos a la altura de este reto de futuro.
La nueva Directiva podría poner fin la dependencia europea de las importaciones de gas ruso. ¿Qué supondría este hito para la Unión Europea en términos económicos y ambientales?
La Estrategia Nacional de Rehabilitación existe desde 2015; ya entonces proponía escenarios de aceleración de la rehabilitación. Si estos escenarios se hubieran cumplido, habríamos disminuido la demanda energética a nivel país, en 3,3 millones TEPs (toneladas equivalentes de petróleo) que equivale a la importación de gas ruso por parte de España en 2021. Este dato, que comenta mi compañero de Climate Strategy, Peter Sweatman, es lo suficientemente relevante como para saber que cada año que pasa sin invertir en rehabilitación, es una oportunidad perdida para alcanzar la independencia energética.
En términos ambientales, es inviable cumplir con los compromisos del acuerdo de París y del Green Deal europeo, sin intervenir masivamente en los edificios.
¿Qué papel juegan las empresas en esta transición hacia una economía más verde?
Las empresas tienen un papel clave con una función doble. En su mano está ayudar a los ciudadanos a descarbonizar sus viviendas con soluciones claras, accesibles y a su vez descarbonizadas. En los próximos años, además, tienen que invertir para alcanzar la descarbonización y reducción de impactos ambientales en general e informar de ello de manera transparente a través de los criterios ESG. Estos criterios deben de tratarse con rigor para evitar el greenwashing, porque no todo vale.
¿Qué objetivos inmediatos se ha marcado GBC en cuanto al impulso de la eficiencia energética?
Vamos a apoyar al sector, incluidas las Administraciones Públicas, para acelerar la implementación de la EPBD y otras medidas complementarias que nos ayuden a descarbonizar la edificación en todo su ciclo de vida. Para dar un ejemplo, estamos colaborando con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la coordinación de grupos de trabajo con los principales agentes del sector para implementar la Estrategia Nacional de Rehabilitación y preparar el próximo Plan Nacional de Rehabilitación (previsto en la EPBD para 2025).
También presentamos hace poco una Hoja de Ruta para la Descarbonización de la Edificación en todo su ciclo de vida, que incluye medidas para todas las fases de vida de un edificio; desde la extracción de materiales y su transformación en productos de la construcción, al diseño, construcción, mantenimiento, rehabilitación y fin de vida útil. En los próximos meses diseñaremos las primeras acciones para su implementación.
Trabajamos en numerosas iniciativas y proyectos europeos relacionados con instrumentos que prevé la Directiva, como el indicador de calentamiento global, el pasaporte del edificio, el libro digital del edificio, etc.
Por último, queremos seguir manteniendo la coherencia entre las distintas urgencias que detectamos para conseguir una edificiación realmente sostenible: descarbonización, economía circular, edificación y salud, biodiversidad, regeneración integral de ciudades y conseguir una sociedad resiliente.
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