En 2022, la ESG siguió estando en el punto de mira. Dadas las turbulencias económicas, la guerra en Ucrania, la inflación persistentemente alta y los cambios en el sentimiento de los inversores, políticos y reguladores en todo el mundo, el espacio de los activos ESG se ha visto empañado por noticias, controversias y debates. Como inversores sostenibles, nos encontramos, por así decirlo, entre la espada y la pared (rentabilidad de los fondos y generación de alfa). En 2023, esperamos que el término genérico “ESG” se modifique por completo, adquiriendo un significado totalmente nuevo que vaya mucho más allá de los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza tradicionales.
E – de Evolución, Compromiso y Medio Ambiente
El término “ESG” fue objeto de debate durante 2022. Mientras que, en EE.UU. asistimos a una creciente reacción conservadora contra la inversión ESG, el aumento de los precios de la energía y los alimentos seguirá planteando la cuestión de la sostenibilidad frente a la seguridad en todo el mundo. Pero estos acontecimientos no tienen por qué considerarse vientos en contra para la inversión ESG. Es, por el contrario, el catalizador que necesitamos para el cambio. El ESG debe evolucionar de una estrategia de nicho a una filosofía de inversión global. En 2023, esperamos que los gestores de activos, las empresas y los reguladores amplíen el alcance del ESG y sigan aplicando la normativa.
Este año prevemos que los inversores se centren cada vez más en el compromiso y la gestión. Los inversores deben actuar como socios de las empresas en las que invierten para generar un impacto significativo en la rentabilidad global y el valor de la cartera. Un obstáculo importante para que los inversores ejerzan eficazmente su influencia como propietarios activos y generen valor a largo plazo es la escasez de recursos que el sector de la inversión dedica actualmente a la gestión. Para hacer frente a este problema, los Principios de Inversión Responsable (PRI) han puesto en marcha un “proyecto de dotación de recursos para la gestión” con el fin de investigar y evaluar el nivel adecuado de recursos que los inversores institucionales deberían estar dispuestos a dedicar a las actividades de gestión y a abordar los problemas sistémicos de sostenibilidad. Debería contribuir a aumentar el número de iniciativas de colaboración que se lanzan para abordar estas cuestiones: PRI Advance (derechos humanos), Nature Action 100 (biodiversidad).
El concepto de sostenibilidad medioambiental ya no es sinónimo de cambio climático. Ahora se acepta comúnmente que la acción climática está condenada al fracaso a menos que se aborden las externalidades negativas sobre la biodiversidad, el agua y los residuos (economía circular). La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad celebrada en diciembre puso a la naturaleza en el punto de mira, mientras que la COP27 dedicó días específicos a cuestiones relacionadas con la biodiversidad y el agua. Las sesiones segunda y tercera del Comité Intergubernamental de Negociación (CIN) para elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos tendrán lugar en 2023, con el objetivo de entregar el documento a finales de 2024. Esperamos que se reorienten más inversiones hacia el capital natural y las estrategias de economía circular, y su interacción con la transición climática.
S – de ODS, Solidaridad y Social
La comunidad inversora busca comprender cada vez más los impactos -tanto positivos como negativos- que puede generar con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Aunque el objetivo de la inversión de impacto es lograr un rendimiento social positivo además del financiero, la inversión tradicional también puede tener impactos positivos y negativos. La consecución de los ODS de la ONU no es posible únicamente a través de la inversión de impacto, por lo que es vital que la financiación mixta desempeñe un papel en la consecución de estos objetivos. Es probable que en 2023 haya un mayor reconocimiento de este hecho, y podemos esperar que más instituciones financieras incorporen el análisis cuantitativo de los ODS como parte de sus estrategias de ESG. Alrededor del 40% de los inversores dan prioridad a algún tipo de alineación con los ODS en sus carteras. La generación de alfa puede ir de la mano del suministro de instalaciones sanitarias en regiones desatendidas, infraestructuras de telecomunicaciones en zonas rurales y energía limpia en comunidades sin conexión a la red eléctrica. Es posible que las calificaciones ESG de terceros no tengan necesariamente en cuenta el impacto positivo que una empresa tiene o podría tener en los ODS, por lo que es importante que los gestores de activos desarrollen la capacidad de reconocer e identificar estas lagunas.
Tanto la COP27 como la COP15 reiteraron la importancia de compartir la responsabilidad financiera de la adaptación climática en las comunidades más vulnerables (países en desarrollo – Sur Global) con aquellos países que han cosechado los beneficios económicos de la rápida industrialización (países desarrollados – Norte Global). La COP27 concluyó con la creación de un “Fondo de pérdidas y daños” para apoyar a los países vulnerables. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha estado impulsando “un Pacto de Solidaridad Climática, en el que todos los grandes emisores hagan un esfuerzo adicional para reducir las emisiones esta década de acuerdo con el objetivo de 1,5 grados y garanticen el apoyo a quienes lo necesiten”. La comunidad internacional lucha por restablecer la confianza con el Sur Global, que se siente algo traicionado dado que las naciones desarrolladas ni siquiera han cumplido el objetivo de financiación climática de 100.000 millones de dólares. Los países emergentes con recursos de combustibles fósiles dejarán de percibir ingresos vitales por sus exportaciones debido a la transición climática, y es justo que esto se tenga en cuenta en las negociaciones sobre el clima. Al entrar en el tercer año de la “Década de Acción”, es importante que los flujos financieros públicos y privados se reorienten hacia la ejecución de proyectos de transición en todo el mundo.
Los elementos sociales de la inversión sostenible han cobrado cada vez más importancia en los últimos años. Las cuestiones de diversidad, igualdad salarial y salud y seguridad ocupan un lugar destacado en los compromisos y las propuestas de los accionistas durante las juntas generales anuales (JGA). Las cuestiones de seguridad son un tema clave para sectores estratégicamente importantes para la transición climática, como la minería y las energías renovables. Con el lanzamiento de PRI Advance en diciembre, en 2023 esperamos ser testigos de una mayor atención a las cuestiones de derechos humanos. En la UE, una nueva propuesta de reglamento podría obligar a todas las empresas con al menos 100 empleados a informar sobre sus diferencias salariales entre hombres y mujeres cada 3 años, y anualmente en el caso de las empresas con 250 empleados o más. En conjunto y por un mismo trabajo, las mujeres ganan de media un 13% menos que los hombres. Esperamos que el creciente interés por estos temas conduzca a un compromiso más efectivo y a una mayor transparencia entre empresas e inversores.
G – de Greenwashing, Brechas y Gobernanza
Con el aumento de la brecha mundial de emisiones, en 2022 comenzaron las medidas drásticas contra el greenwashing o lavado verde, que probablemente continuarán en 2023. Los gestores de activos europeos se vieron obligados a reclasificar fondos ante la incertidumbre que rodeaba a la normativa SFDR. En noviembre de 2022, la ONU publicó un informe con recomendaciones sobre cómo prevenir y evitar el lavado verde, al que tanto las empresas como las instituciones financieras tendrán que prestar mucha atención. Reino Unido y la UE están llevando a cabo de forma independiente un periodo de consulta sobre el greenwashing, que comenzará este mes de enero. La Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido (FCA) iniciará su periodo de consulta sobre el greenwashing el 25 de enero de 2023 y publicará sus conclusiones antes del 30 de junio de 2023. En Europa, la Autoridad Europea de Supervisión publicó una “Convocatoria de pruebas” sobre el greenwashing, cuyo objetivo es identificar los principales problemas, riesgos e impulsores. Las respuestas deben enviarse en enero de 2023, y el informe final se publicará en mayo de 2024. Mientras tanto, cabe esperar más acusaciones de lavado verde. Todas las empresas que cotizan en mercados regulados de la UE empezarán a aplicar la Directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa (CSRD), que dará a los gestores de activos una mayor claridad sobre los resultados de sostenibilidad de las empresas.
A pesar de las promesas realizadas en la COP27 y la COP15, en general, la batalla para limitar las emisiones a un aumento de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, sigue “avanzando en la dirección equivocada”. Los déficits de financiación siguen frenando la acción por el clima. Las necesidades mundiales de infraestructuras ecológicas ascienden a unos 5.000 millones de dólares anuales, pero sólo se dispone de 384.000 millones. En un informe de la Fundación Rockefeller, en coordinación con Boston Consulting Group, se señala que se necesitan unos 3.400 millones de dólares anuales para financiar la mitigación del cambio climático entre 2020 y 2025. Si se excluye a China de los cálculos, las economías en desarrollo también necesitan unos 1.000 millones de dólares anuales en financiación para el clima. Sin embargo, los datos sugieren que actualmente sólo reciben el 27% de ese objetivo. Lo mismo ocurre con la biodiversidad, para la que se calcula que las necesidades de financiación ascienden aproximadamente a 800.000 millones de dólares anuales, frente a un gasto mundial estimado actual de 100.000 millones de dólares.
La gobernanza seguirá siendo una cuestión clave en 2023, pero su definición y alcance se están revisando. Los inversores van más allá de los criterios de estructura e independencia de los consejos y exigen más transparencia en temas como la remuneración, los perfiles de los consejeros (edad, experiencia, permanencia en el cargo) y la responsabilidad de los consejos en cuestiones medioambientales y sociales. La remuneración de los ejecutivos fue objeto de análisis durante la pandemia, cuando las diferencias salariales entre CEO y trabajadores aumentaron exponencialmente. Según una encuesta de la London Business School, el 77% de los inversores de renta variable británicos comparten la creencia de que la remuneración de los CEO del FTSE 100 es demasiado elevada. Mientras que los salarios de los empleados han aumentado muy lentamente en las últimas décadas, la remuneración de los consejeros delegados se ha disparado hasta multiplicar por 399 la de sus empleados en 2022, según Financial Times. Los inversores y los asesores de voto por delegación están adoptando una postura más dura frente al “over-boarding”, es decir, cuando un miembro del consejo de administración o un alto ejecutivo se compromete en exceso. Los inversores exigen cada vez más a los consejeros que rindan cuentas sobre los resultados de sus empresas en materia de sostenibilidad. Las propuestas “Say on Climate” han proporcionado a los accionistas una nueva y sólida herramienta para que la dirección y los consejos rindan cuentas de las estrategias y planes de gestión del riesgo climático de la empresa. Las expectativas tanto de los consejos de supervisión como de los ejecutivos sobre cuestiones de gobernanza más amplias seguirán aumentando.
Alex Edmans, Catedrático de Finanzas de la London Business School y uno de los principales autores sobre temas de sostenibilidad, escribió el pasado septiembre en su artículo titulado “End of ESG” (El fin de la ESG) “ESG es a la vez extremadamente importante y nada especial. Tener en cuenta factores a largo plazo al valorar una empresa no es invertir en ESG; es invertir”. En 2022, la integración de criterios ESG se convirtió en la corriente dominante. En 2023, creemos que las “inversiones sostenibles globales” adquirirán una nueva dimensión. Más allá de la simple integración de las consideraciones ESG en la construcción de carteras, los inversores se verán obligados a considerar la profundidad y amplitud de los impactos de sus inversiones en la sociedad y el medio ambiente.
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