En menos de un año, las empresas logísticas se enfrentarán a su primer gran desafío en la lucha contra el cambio climático: reducir un 15% las emisiones de sus vehículos pesados en cumplimiento del Reglamento (UE) 2019/1242. Esta normativa, que será clave para alcanzar la neutralidad climática en 2050 y la reducción del 23% de gases de efecto invernadero (GEI) en 2030, exige que las empresas comiencen a implementar estrategias reales y medibles para descarbonizar sus flotas. Pero la pregunta es clara: ¿están las empresas preparadas para cumplir con estos objetivos?
La huella de carbono como garantía de competitividad
En este contexto, las compañías que registran su huella de carbono en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y obtienen el sello ‘Calculo-Reduzco-Compenso’ tienen una ventaja clave. En los últimos tres años, el número de empresas con este sello ha crecido en torno al 60% aproximadamente, ya que cada vez más clientes y operadores logísticos buscan trabajar con proveedores que puedan demostrar un compromiso real con la sostenibilidad.
«Las empresas que no midan, reduzcan y compensen su huella de carbono se quedarán fuera del mercado. El sello MITECO no solo es una declaración de intenciones, sino un requisito clave para acceder a contratos públicos y privados, ya que muchas grandes empresas lo exigen a sus proveedores. Es un factor diferenciador que, en sectores como el logístico, donde los márgenes son ajustados, puede ser la diferencia entre ganar o perder un contrato», explica Borja Santos, ingeniero y experto en movilidad sostenible y CEO de full&fast, startup española dedicada a la electrificación de flotas de vehículos.
Según datos del sector, son cada vez más los contratos de transporte de última milla en 2024 ya incluyen criterios ambientales, lo que demuestra que la descarbonización del transporte no es una opción, sino una necesidad.
Un nuevo escenario: más costes para el transporte por carretera
A la presión normativa se suma el impacto del comercio de derechos de emisión sobre el sector. Como parte de la estrategia Fit for 55, la UE ha incluido al transporte por carretera en el mercado de carbono, lo que supondrá un encarecimiento del combustible en los próximos años. Además, los derechos de emisión gratuitos comenzarán a eliminarse progresivamente desde 2026 hasta 2034, afectando a las empresas que no reduzcan sus emisiones de manera efectiva.
«La sostenibilidad ya no es solo una cuestión reputacional, sino un factor económico clave. Las empresas que reduzcan su huella de carbono evitarán costes adicionales y mejorarán su competitividad en un mercado cada vez más regulado», destaca Santos.
El Certificado de Ahorro Energético: un incentivo para la electrificación
Ante este contexto, las empresas pueden beneficiarse de mecanismos como el Certificado de Ahorro Energético (CAE), que permite recuperar parte del coste de la inversión en eficiencia energética. En el caso de la movilidad eléctrica, las flotas pueden obtener 1.500 € por vehículo electrificado y 1 € por cada 100 km recorridos si cuentan con sistemas de monitorización del consumo. «La electrificación no solo es una cuestión normativa, sino una oportunidad de ahorro. Con herramientas como el CAE, las empresas pueden rentabilizar más rápidamente su inversión en sostenibilidad», apunta.
Zonas de Bajas Emisiones: una presión adicional para las flotas logísticas
A este escenario se suma el impacto de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), ya vigentes en grandes ciudades como Madrid y Barcelona y en proceso de expansión a municipios más pequeños. Estas zonas están restringiendo progresivamente la entrada de vehículos contaminantes, lo que obliga a las flotas de transporte a acelerar su transición hacia vehículos eléctricos o de bajas emisiones.
«Las ZBE van a cambiar la logística urbana tal y como la conocemos. Para 2030, será habitual encontrar ciudades medianas con restricciones al tráfico contaminante. Si una empresa no está electrificando su flota ahora, en cinco años tendrá un problema grave de operatividad», afirma el CEO de full&fast.
Según estimaciones del sector, las empresas que no adopten medidas para descarbonizar su flota podrían ver afectados negativamente al número de contratos en áreas urbanas para 2030, ya que no podrán operar en estas zonas con vehículos diésel.
«No podemos hablar de movilidad sostenible sin ser sostenibles nosotros mismos. Por eso, en full&fast medimos, reducimos y compensamos nuestras emisiones. Además, ayudamos a otras empresas a cumplir con sus objetivos de descarbonización con soluciones de carga que les permiten seguir operando sin depender de una infraestructura de recarga deficiente. La neutralidad climática en 2050 es un compromiso de todos, y la logística tiene que liderar este cambio», concluye.
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