En una trascendental jornada, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han logrado un hito al alcanzar un acuerdo político en torno a la innovadora Directiva de diligencia debida sobre sostenibilidad corporativa (CSDDD, siglas en inglés). Este pacto, que busca imponer a las grandes empresas una mayor responsabilidad en la mitigación de los impactos negativos sobre el medio ambiente y los derechos humanos, marca un punto de inflexión en la forma en que las corporaciones operan a nivel global.
La presidencia española del Consejo de la Unión, a través de su cuenta oficial en redes sociales, anunció con orgullo este acuerdo que “pretende mejorar la protección del medio ambiente y los derechos humanos en la UE y en el mundo”. La CSDDD establece obligaciones claras para las grandes empresas en cuanto a los impactos reales y potenciales sobre derechos humanos y el medio ambiente, abarcando sus operaciones directas, filiales y asociaciones comerciales.
Legislación innovadora
El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, expresó su satisfacción al afirmar: “Estoy orgulloso de este logro. Esta legislación innovadora establecerá estándares globales para cadenas de valor más sostenibles para las grandes empresas”. Las empresas con más de 500 empleados y una facturación mundial neta de 150 millones de euros se verán afectadas por esta normativa, que también se aplicará a empresas extracomunitarias con una facturación neta de 300 millones de euros generada en la UE, tres años después de la entrada en vigor.
En lo concerniente al sector financiero, se ha acordado una exclusión temporal, aunque se contempla una revisión futura para su posible inclusión. Las multas por incumplimiento serán proporcionales al volumen de negocios de la empresa, y se han establecido medidas cautelares para las empresas que no cumplan con las sanciones impuestas.
La CSDDD, además, enfatiza la importancia de la mitigación del cambio climático, exigiendo a las grandes empresas la adopción de un plan de transición con el objetivo de alinearse con el acuerdo de París sobre el cambio climático. Por otro lado, fortalece el acceso a la justicia para aquellos afectados por impactos adversos, estableciendo un plazo de cinco años para presentar reclamaciones, incluyendo sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.
UGT respalda el acuerdo
La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ha respaldado este acuerdo provisional, destacando su importancia en la mejora de la protección del medio ambiente y los derechos humanos. Esta directiva era una demanda histórica de UGT, que aboga por mecanismos obligatorios que aseguren el respeto de los derechos sindicales y laborales.
El ámbito de aplicación de la directiva, dirigido a grandes empresas con más de 500 empleados y un volumen de negocios neto mundial de 150 millones de euros, ha sido confirmado en el acuerdo. Para empresas extracomunitarias, la normativa se aplicará si generan un volumen de negocios neto de 300 millones de euros en la UE, tres años después de la entrada en vigor.
En el ámbito de la responsabilidad civil, el acuerdo refuerza el acceso a la justicia y establece un plazo de cinco años para presentar reclamaciones por impactos adversos. Las empresas que identifiquen impactos adversos por parte de sus socios comerciales deberán poner fin a esas relaciones como último recurso. Además, el cumplimiento de la CSDDD podría convertirse en un criterio clave para la adjudicación de contratos públicos y concesiones.
Este acuerdo marca un paso significativo hacia un modelo empresarial más sostenible y responsable, sentando las bases para futuras regulaciones que promuevan la protección del medio ambiente y los derechos humanos en el ámbito empresarial a nivel mundial.
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