¿Qué ha llevado a vuestra organización a formar parte de la Plataforma por las Empresas Responsables?
El Comercio Justo tiene como finalidad última avanzar hacia una sociedad global más justa y luchar contra las desigualdades y la pobreza, a través de un cambio en las prácticas y las leyes que regulan el comercio internacional. Por tanto, la incidencia política es una de nuestras líneas de acción.
En este sentido, recordamos que el movimiento del Comercio Justo nació como expresión contra la desigualdad comercial y explotación económica, social y medioambiental a la que se veían sometidos los países del Sur Global, siendo ellos los que reclamaron “Comercio, no ayuda” en la conferencia de la UNTAD de 1964. Comercio, eso sí, en condiciones justas. Por otra parte, desde entonces, se han desarrollado múltiples marcos para incorporar la responsabilidad social de la empresa, siempre con carácter voluntario, que se ha demostrado claramente insuficiente cuando no ha contribuido directamente al greenwashing de las empresas. Desde la CECJ entendemos que el respeto a los Derechos Humanos y el cuidado medioambiental por parte de todas las empresas, sea donde sea que realicen su actividad, ha de garantizarse normativa y jurídicamente a través de una legislación de debida diligencia rigurosa y eficaz que impida los abusos empresariales en todas las cadenas de suministro.
Entendemos también que la voluntariedad asumida por algunas empresas a este respecto no es suficiente y se requiere una legislación de debida diligencia que garantice este respeto a los Derechos Humanos y medioambiente en las cadenas de suministro globales.
Por ello, para la Coordinadora Estatal de Comercio Justo formar parte de la Plataforma por las Empresas Responsables es una manera de unir nuestras fuerzas a las de otras entidades y actores sociales y económicos para conseguir que en nuestro país haya una legislación que garantice la debida diligencia de las empresas a lo largo de toda su cadena de producción. Tenemos, además, el ejemplo de Francia, país pionero en aprobar una ley de estas características. Nuestros homólogos (la Plataforma Francesa de Comercio Justo, Commerce Equitable France) participaron en el proceso de elaboración de dicha ley junto con otras entidades sociales, ambientalistas, sindicatos, etc.
¿De qué modo consideráis que os aporta formar parte de esta alianza y que efectos a corto plazo esperáis conseguir con ella?
Formar parte de la Plataforma de Empresas Responsables nos permite aunar nuestro profundo conocimiento sobre las cadenas de valor globales y “justas” con la experiencia de otras entidades en otros ámbitos como el sindical, el medioambiente, el jurídico, la sostenibilidad corporativa… Juntas, todas las entidades, podemos sumar conocimiento y esfuerzo para avanzar hacia una ley vinculante de debida diligencia, consiguiendo a corto plazo generar interés en la opinión pública y el sector empresarial para poner este tema en la agenda pública y política.
El Comercio Justo no quiere ser una isla de justicia en un mar injusto, por ello, reivindicamos que las leyes garanticen y regulen la actividad de las empresas en materia de Derechos Humanos y medioambientales. Pero para avanzar hacia ello, sabemos que no podemos ni debemos hacerlo en solitario. Formar parte de esta alianza es la vía adecuada para canalizar las demandas del movimiento de Comercio Justo en relación a las obligaciones y responsabilidades sobre Derechos Humanos y medio ambiente que todas las empresas deberían cumplir dentro y fuera de nuestras fronteras.
¿De qué modo tu organización trabaja para mitigar o alertar sobre los impactos sobre los derechos humanos y medioambientales de las empresas? ¿Nos puedes explicar brevemente vuestra evolución hasta la actualidad? ¿Y alguna buena práctica con los objetivos que persigue?
La Coordinadora Estatal de Comercio Justo somos la plataforma española que agrupa a 31 organizaciones vinculadas al Comercio Justo. Nuestro trabajo se centra en potenciar este sistema comercial alternativo y solidario. Para nuestra entidad, la denuncia y concienciación social ante las condiciones en las que se elaboran muchos productos que consumimos de manera cotidiana es una línea de acción fundamental, junto con la incidencia política.
Nuestras entidades miembro de forma directa comercializan productos de Comercio Justo que garantizan el respeto de los Derechos Humanos y el medioambiente en toda su cadena, desde la semilla hasta la mesa. Es un ejemplo genuino y real de un proceso de gestión de debida diligencia para muchos productos.
Por ello, desde nuestra organización, especialmente en la última década venimos elaborando y difundiendo investigaciones que ponen de manifiesto la explotación laboral, las condiciones inhumanas de trabajo, explotación infantil o el deterioro ambiental que se esconde detrás de productos cotidianos como por ejemplo el café, el cacao o el textil. Entre los más recientes, destacamos los informes “Hacia la sostenibilidad de cadenas de suministro del cacao” (febrero 2020), “Café: la historia de un éxito que oculta una crisis” (junio 2019) o la encuesta europea sobre moda y consumo responsable (marzo 2019) que pone de manifiesto la demanda de la ciudadanía de nuestro país y otros países europeos de una mayor transparencia y sostenibilidad en la industria textil. Por otro lado, a lo largo de este 2021 Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, estamos realizando campañas de sensibilización para alertar ante la explotación laboral de niños y niñas que en una buena parte su mayoría se produce en el cultivo de materias primas agrícolas.
Asimismo, como decíamos antes, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo hemos participado en iniciativas de incidencia política para lograr leyes de debida diligencia tanto a nivel internacional como europeo y estatal.
¿Cuáles son en tu opinión los grandes retos y desafíos/oportunidades de las empresas en materia de gestión responsable de los DDHH y del medio ambiente?
Creemos que uno de los grandes retos para las empresas es que el mismo tejido empresarial haga suyas las demandas de una mayor normativización de su actividad en lo referido al cuidado de los Derechos Humanos y el medioambiente, sean conscientes del impacto social, humano y ambiental que tiene su actividad a lo largo de toda la cadena de producción, dentro y fuera de nuestras fronteras, y de la importancia de comunicarlo de manera transparente hacia el público consumidor. Pensamos que este es uno de los grandes retos, pero a la vez supone una gran oportunidad para todas aquellas empresas que tienen muy presente que el compromiso social y medio ambiental es cada vez un aspecto más valorado por la ciudadanía.
Esta entrevista forma parte del Dossier Corresponsables ‘Plataforma por las Empresas Responsables’.
