¿Qué ha llevado a vuestra organización a formar parte de la Plataforma por las Empresas Responsables?
Desde hace más de 9 años desde Alianza hemos venido trabajando a través de diferentes actividades para que se establezcan medidas de obligado cumplimiento que pongan freno a proyectos empresariales que vulneran los derechos humanos y el medio ambiente, especialmente en países del Sur Global. Países en los que en muchas ocasiones no existen o no están debidamente garantizadas las leyes que protegen los derechos humanos y el medio ambiente.
Creemos que este trabajo de incidencia política no se puede hacer solos. Los cambios de paradigma necesitan de convergencias y alianzas amplias que ayuden sumar esfuerzos para conseguir que en España se cuente con una legislación que obligue a las empresas a identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas por los impactos negativos sobre los derechos humanos de sus actividades.
Considerando esta necesidad y en el marco de nuestro trabajo en el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa sumarnos a la creación de la Plataforma nos pareció el medio más adecuado para lograr este objetivo.
¿De qué modo consideráis que os aporta formar parte de esta alianza y que efectos a corto plazo esperáis conseguir con ella?
Formar parte de esta alianza supone aunar esfuerzos para lograr que una legislación obligatoria en España. Se trata así de compartir estrategias que permita conseguir ese objetivo.
A corto plazo esperamos que una ley de debida diligencia sea considerada en España, que se incorpore de lleno en la agenda política y se comience su tramitación. También es un modo de rebatir el discurso que la responsabilidad social de las empresas u otros códigos voluntarios son suficientes.
La experiencia acumulada desde Alianza, así como de las otras organizaciones de la Plataforma nos dice que, sin estándares legales obligatorios, las empresas se benefician de esta posibilidad en pro de disminuir sus costes de producción. Esto supone en muchos casos impactos negativos en las comunidades locales, sin que estas personas puedan tener acceso a indemnizaciones, reparación o justicia.
¿De qué modo tu organización trabaja para mitigar o alertar sobre los impactos sobre los derechos humanos y medioambientales de las empresas? ¿Nos puedes explicar brevemente vuestra evolución hasta la actualidad? ¿Y alguna buena práctica con los objetivos que persigue?
Desde el año 2012 empezamos a investigar sobre los impactos de empresas en los derechos humanos en los países donde trabajamos. Queríamos corroborar si las actividades de las empresas en los países en desarrollo generaban impactos positivos, tal y como se señalaba desde las empresas y desde diferentes actores públicos de manera reiterada. Sin embargo, después de varias investigaciones en países de África y América Latina hemos podido constatar que los códigos de conducta o la responsabilidad social corporativa no son suficientes para contribuir al desarrollo Ni tan siquiera para prevenir violaciones de los derechos humanos y graves impactos sobre el medio ambiente.
Desde entonces, hemos trabajado en el marco de la campaña TieRRRa para promover que el sector privado desarrolle su actividad dentro de los límites de los principios de inversión responsable, es decir, que respete los derechos humanos, y se asegure una producción alimentos y una gestión de los bienes naturales de manera sostenible. En el marco de esta campaña hemos realizado 9 investigaciones acompañadas de documentos audiovisuales para visibilizar los casos y lograr el apoyo de la ciudadanía. Cinco de estas nueve investigaciones se han llevado a campaña pública de las cuales dos se han cerrado con resultados positivos.
Aunque no hemos conseguido documentar una buena práctica (de hecho, varias de las investigaciones empezaron con este objetivo), consideramos una buena práctica el caso de la embotelladora de la coca cola en El Salvador. Al respecto, tras ocho meses de campaña, y gracias al apoyo de la ciudadanía, conseguimos junto con el Foro del Agua de El Salvador que la embotelladora retirara su proyecto de ampliación y que se comprometiera con medidas positivas para garantizar el acceso al agua a las comunidades afectadas.
¿Cuáles son en tu opinión los grandes retos y desafíos/oportunidades de las empresas en materia de gestión responsable de los DDHH y del medio ambiente?
Por una parte, asumir el límite que suponen los códigos y principios voluntarios para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de los impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente.
Por otra, incorporar la debida diligencia como estrategia en el área principal de su actividad. Cada vez más, empresas, consumidores, administraciones públicas, inversores, etc… valoran la debida diligencia activa como valor diferenciador de la actividad empresarial. Desde Alianza creemos que las empresas pueden contribuir al desarrollo, pero mientras el respeto a los derechos humanos y la protección de los recursos naturales no sean de obligado cumplimiento, la realidad nos dice que no es posible.
Esta entrevista forma parte del Dossier Corresponsables ‘Plataforma por las Empresas Responsables’.
