Una de las razones de la apuesta decidida de la UE y de las Organizaciones Internacionales por las empresas de economía social, es su capacidad para generar un crecimiento económico compatible con la salud del Planeta.
En la urgencia que nos marca el ODS 13 de combatir el cambio climático, la economía social está aportando soluciones innovadoras para reducir las emisiones de CO2, impulsar las energías renovables en detrimento de las fósiles o desarrollar soluciones tecnológicas más sostenibles.
Estas empresas ofrecen alternativas para generar energías renovables y aportan modelos de economía circular en los que se compagina la competitividad empresarial con el compromiso con el entorno. En España las entidades de economía social reciclaron 6.000 toneladas de residuos textiles evitando así la emisión en 2020 de 50.000 toneladas de CO2 (datos AERESS). Más de 1.2500.000 personas en Europa son miembros de 1.900 cooperativas de producción y consumo de energías renovables (datos REScoop), varias de ellas situadas en nuestro país y referentes a nivel mundial.
Además, grupos empresariales de la economía social están impulsando proyectos líderes de plantas fotovoltaicas y las empresas de este sector están canalizando en España una parte central de las “comunidades energéticas” impulsadas por particulares para generar, usar y gestionar energía local procedente de fuentes renovables.
Los agentes de la economía social ofrecen servicios de movilidad compartida en núcleos urbanos y soluciones para acceder a viviendas sostenibles con consumos energéticos casi nulos. Son igualmente pioneros en la cadena de valor agroalimentaria en lo que respecta a la agricultura ecológica, las tecnologías para la agricultura ecológica o los modelos para reducir el desperdicio alimentario.
Liberar todo este potencial es uno de los ejes centrales del ecosistema industrial de economía social que la Comisión Europea está impulsando para liderar la transición verde y digital en la UE, en línea con el Plan de Acción Europeo para la Economía Social adoptado el pasado diciembre.
Este Plan de Acción establece más de 50 medidas dirigidas a mejorar el entorno de fomento de este modelo empresarial en Europa y, sobre todo, en sus territorios.
Paralelamente a acción de la Unión Europea, el reconocimiento de la economía social a nivel global se ha visto reforzado durante 2022. El Foro Económico Mundial (Foro Davos) elaboró en mayo un informe con propuestas para fomentar la economía social como motor para construir sociedades inclusivas y resilientes. Y el pasado junio, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó una Resolución sobre trabajo decente y economía social mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aprobó una Recomendación dirigida a sus Estados miembros para fomentar la economía social y la innovación social.
Tanto la OIT como la OCDE se marcan como objetivo establecer ecosistemas que permitan a la economía social incrementar su contribución a una transición justa hacia economías y sociedades medioambientalmente sostenibles, que promuevan modalidades de consumo y producción sostenibles en línea con la Agenda 2030.
Este valor añadido va a consolidarse con la Resolución que España, junto con otros países, está impulsando en Naciones Unidas para incorporar a la economía social como un actor imprescindible para alcanzar los ODS, tal y como la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España puso de relieve en la sede de NNUU en Nueva York en Julio pasado, donde promovió personalmente esta Resolución ante sus homólogos. Un paso más para, como se titula el Plan de Acción Europeo para la Economia Social, “construir una economía que funcione para las personas”.
Este artículo forma parte del Dosier Corresponsables: 7º aniversario de los ODS, junto a T-Systems y Villafañe&Asociados
