La experiencia personal de más de 40 años en el mundo de las cooperativas y, por lo tanto, de la Economía Social, me ha demostrado que el esfuerzo compartido en un proyecto empresarial basado en valores como la primacía de la persona, la participación, la colaboración, la solidaridad, la cohesión social y territorial, es un modelo de éxito que aporta un valor añadido no solo en términos económicos sino también sociales.
Éste es el potente e ilusionante mensaje que creo que cada día debo transmitir no solo a mis compañeros y compañeras, sino también a la sociedad y a las generaciones futuras; que es posible ser parte de empresas competitivas e innovadoras, donde los equipos trabajamos para mejorar nuestro entorno y la vida de todo el mundo, corrigiendo desigualdades sociales y territoriales y contribuyendo al reparto equitativo de la riqueza.
Este modelo de empresa que en España emplea a 2.5 millones de personas y representa el 10% del PIB, actúa en el mercado con diversas fórmulas societarias, con empresas de todos los tamaños y presentes en todos los sectores económicos. Los valores y principios con los que actúan están regulados por la Ley 5/2011 de Economía Social.
En una sociedad en la que si no te mides, no existes, y en una sociedad donde el perfil del consumidor no sólo ha cambiado, sino que tiene una capacidad de decisión muy potente en sus hábitos de compra, ha hecho que cada vez sea más frecuente que las empresas muestren interés en analizar y dar a conocer su impacto en la sociedad más allá de sus resultados económicos.
El triple balance, la agenda 2030, las memorias de sostenibilidad son algunos de los instrumentos de comunicación cada vez más extendidos que permiten a una empresa visibilizar su vertiente más social, y sobre todo comunicar factores relacionados con el empleo, la formación, la calidad, sus acciones medioambientales, su contribución al bienestar de sus personas trabajadoras, proveedores, etc, sus políticas de inversión, y otros muchos que se traducen en indicadores que trascienden a las variables tradicionales.
Ya en el 2009, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, tomó conciencia de la importancia de medir el impacto socio económico de los valores y principios de las empresas de Economía Social, focalizando el análisis en el hecho, de que pasaría si de repente nuestras empresas perdieran sus valores y tuvieran un comportamiento similar a las empresas convencionales.
Por esta razón emprendimos un estudio, realizado sobre datos oficiales y con una muestra comparativa de más de 30.000 personas trabajadoras y 18.000 empresas de Economía Social y empresas Mercantiles. El análisis puso por primera vez en evidencia el impacto socio económico de las más de 43.000 empresas de Economía Social que operan en España en variables que miden la cohesión social y territorial.
En una primera aproximación, si esta hipótesis se diera, más de 172.483 personas de colectivos de difícil empleabilidad perderían un empleo, cerca de 125.000 trabajadores perderían anualmente su relación laboral estable y se perderían 54.236 empleos en la España rural.
Este comportamiento diferencial que se constata en este estudio constituye, a su vez, una importante aportación a la cohesión social y territorial, que excede la aportación valorada de forma tradicional a través de variables macroeconómicas y que se adentra en el concepto de utilidad o el impacto social.
Este análisis, cuya última versión es de 2019 y, que se encuentra en fase de actualización en estos momentos, ha sido considerado por la OCDE como una buena práctica en Europa.
Algunas de las conclusiones se concretan en los siguientes aspectos:
- Empleo más inclusivo. Más de 172.000 trabajadores pertenecientes a algún colectivo con dificultad de acceso a la ocupación perderían su empleo. De ellos, 86.266 serían personas con discapacidad, 60.000 trabajadores de baja cualificación, 21.201 mayores de 55 años, 3.436 personas en situación de exclusión social y 3.027 mujeres mayores de 45 años.
- Más estabilidad en el empleo. Cerca de 125.000 trabajadores que han disfrutado de periodos continuos de empleo en la economía social de mercado pasarían a tener una o más experiencias de desempleo.
- Más diversidad en las empresas. Un número más reducido de trabajadores sería expulsado de los puestos de dirección y alta cualificación. Más de 1.600 trabajadores habitualmente infrarrepresentados en los puestos más altos de las empresas dejarían de ocupar estos puestos.
- Más conciliación de la vida laboral y personal. Al año, más de 2.600 trabajadores que actualmente disfrutan de periodos de excedencia para el cuidado de ascendientes o descendientes no optarían por estos periodos.
- En el ámbito territorial, se perderían cerca de 55.000 en las zonas rurales y unas 141.000 personas podrían desplazarse a zonas urbanas.
Si se trasladan los aspectos anteriores a términos monetarios, el estudio constata que la Economía Social aporta 6.229 millones de euros anuales en beneficios para la sociedad, 3.930 millones de euros anuales en rentas salariales a colectivos de difícil empleabilidad y 1.770 millones de euros anuales de beneficios para las Administraciones Públicas.
Este estudio está disponible en la Web de CEPES[i], y es una muestra de la importancia de la medición del impacto de cualquier sector de actividad, medición que permite visibilizar otros datos a la sociedad, a los poderes públicos y al consumidor. En una Organización como la nuestra, ha sido clave para incidir en la construcción legislativa y para visibilizar este modelo empresarial que apuesta por un crecimiento económico más justo, inclusivo y sostenible.
Este artículo forma parte del Dosier Corresponsables: Medición y Comunicación del Impacto Social, en colaboración con Possible Lab.
