En una declaración de septiembre de 2019, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó que el cambio climático es “la mayor amenaza para los derechos humanos”.
La protección del medio ambiente y los derechos humanos están profundamente entrelazados. La protección ambiental sólida es clave para lograr los derechos humanos integrales. Como tal, las directrices y directivas recientes, incluidas la Directiva de informes no financieros, las Directrices de la OCDE y la Ley del deber de vigilancia de Francia, confirman la tendencia legislativa global hacia enmarcar el medio ambiente y los problemas de derechos humanos como complementarios, alentando a las empresas a abordarlos holísticamente a través de procesos de debida diligencia.
La UE también se está moviendo en esta dirección. Un estudio reciente publicado por la Comisión Europea muestra un amplio apoyo a la legislación a nivel de la UE sobre la debida diligencia que abarca aspectos ambientales y de derechos humanos. La mayoría de los que respondieron al estudio afirmaron que los requisitos de presentación de informes no son suficientes porque no requieren que las empresas realicen la debida diligencia.
La Alianza para la Transparencia Corporativa respaldó esta declaración a través de un análisis de los informes de 1,000 compañías, que demostró la existencia de una brecha significativa entre las intenciones de las compañías para combatir el cambio climático y su práctica de informes: mientras que el 82% de las empresas tienen políticas relevantes, solo el 35% tiene objetivos y el 28% informa sobre su resultado.
El estudio muestra que se espera que la debida diligencia ambiental genere varios tipos de beneficios para las empresas, que incluyen:
- Disminución del riesgo asociado con la falta de cumplimiento,
- Reducir los riesgos de reputación existentes,
- Mejorar el rendimiento de la empresa en términos de gestión de riesgos, uso eficiente de los recursos naturales e incluso capital humano, ya que la mayoría de los consumidores (67%) dijeron que prefieren trabajar para empresas socialmente responsables,
La UE ya ha regulado parcialmente el tema a través del llamado Reglamento de la Madera, que establece la obligación de los operadores que colocan madera y productos de madera en el mercado para llevar a cabo la debida diligencia.
amfori ofrece servicios para que los miembros comiencen a prepararse para la debida diligencia ambiental a través de amfori BEPI, que incluye la herramienta Country Due Diligence y el recientemente lanzado Timber Due Diligence Program. Este programa ayuda a los miembros a cumplir con el Reglamento de la Unión Europea de la Madera, evaluar los riesgos y acceder a seminarios especializados, seminarios web y talleres.
