En un panorama financiero marcado por la transformación digital y el auge de la sostenibilidad como pilar estratégico, el sector bancario europeo afronta la necesidad de simplificar y racionalizar el marco normativo ante un entorno de gran presión regulatoria, que deriva en altos costes de cumplimiento. En este contexto, CECA y CaixaBank organizaron ayer un acto en la sede en Bruselas de la Agrupación Europea de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas (ESBG, por sus siglas en inglés) para presentar el documento Prioridades del sector CECA para el nuevo ciclo legislativo de la UE 2024-2029, un informe que reflexiona sobre los ejes estratégicos de la próxima agenda bancaria ante las próximas elecciones al Parlamento Europeo.
El encuentro fue inaugurado por Manuel Galarza, director de Cumplimiento, Control y Public Affairs, y miembro del Comité de Dirección de CaixaBank, que repasó los principales expedientes de relevancia para el sector de cara a la próxima legislatura europea, destacando la necesidad de contar con una regulación eficiente, práctica y coherente.
El documento se estructura en torno a los desafíos clave a los que se enfrentará el sector en los próximos años: transformación digital, sostenibilidad, fiscalidad y Unión Bancaria.
Digitalización y sostenibilidad, los grandes retos de futuro en el sector bancario
El avance imparable de la digitalización del sector financiero conlleva nuevos retos que requieren de atención por parte de las instituciones europeas. Uno de los más relevantes es el euro digital, un proyecto que podría tener importantes implicaciones para la estabilidad financiera y la financiación de las entidades de crédito. El sector CECA apela a la necesidad de delimitar su alcance, restringiendo sus aplicaciones a un medio de pago para fines únicamente transaccionales, y estableciendo límites claros a la cantidad de euros digitales que puede poseer cada cliente.
En el plano operativo, las tecnologías emergentes demandan un marco regulatorio robusto para abordar los riesgos en materia de ciberseguridad. En definitiva, en el caso de la digitalización, resulta fundamental alcanzar un equilibrio entre innovación y seguridad.
En materia de sostenibilidad, la creciente intensidad regulatoria ha generado un conjunto de obligaciones muy exigentes y que en ocasiones presentan inconsistencias que dificultan su implementación por parte de las entidades financieras. Ante esta situación, es necesaria una hoja de ruta con hitos alcanzables, basada en una normativa clara que facilite la adaptación y aplicación de este nuevo paradigma. Del mismo modo, ante la dificultad que entraña el conocimiento detallado de las actividades de sus clientes por parte de los bancos, es necesaria una mayor protección y normativas equilibradas con el fin de evitar acusaciones de “greenwashing”.
Unión Bancaria, una gran oportunidad para aunar esfuerzos
En lo que respecta a la Unión Bancaria de la UE, el sistema único de garantía de depósitos (EDIS, por sus siglas en inglés) no se ha puesto en marcha, a pesar de tratarse de un requisito imprescindible para lograr una unión real y reducir el vínculo entre los riesgos soberanos y bancarios. En esta línea, Luis Teijeiro, director de Regulación y Estudios de CECA, ha resaltado durante su intervención: “Desde el sector CECA, instamos a la nueva Comisión de la UE y al Parlamento (donde ya se están dando los primeros pasos con una nueva propuesta) a aunar esfuerzos para sacar adelante el proyecto de Unión Bancaria durante la nueva legislatura, lo que probablemente implicará trabajar en un enfoque pragmático para el EDIS”.
Fiscalidad
En 2022 se aprobó el gravamen temporal sobre los beneficios extraordinarios de la banca española. El BCE advirtió de las consecuencias de este gravamen sobre la posición de capital de los prestamistas, la política monetaria y el crecimiento económico real, así como sobre su impacto en la competencia en el mercado nacional y en la igualdad de condiciones de las entidades españolas en la UE y en el ámbito internacional.
A pesar de esta advertencia, el pasado mes de diciembre se confirmaba su extensión a 2024, así como la intención del Gobierno de convertirlo en permanente. En este contexto, el sector CECA defiende que estos gravámenes deberían retirarse o, en caso contrario, considera necesario impulsar un marco europeo para homogeneizar los diferentes enfoques, evitando que sean discriminatorios entre entidades, sectores económicos y jurisdicciones.
Distorsiones indebidas en el funcionamiento normal de los mercados
En un entorno cada vez más complejo y diversificado, los legisladores tienden a regular cada vez más los precios, una práctica que puede tener importantes implicaciones negativas para la competencia y la innovación. Los benchmark previstos en la Estrategia de Inversión Minorista (RIS, por sus siglas en inglés) o los topes a los tipos de interés que prevé la Directiva de crédito al consumo son ejemplos en este sentido, y reflejan la complejidad para imponer controles de precios debido a las especificidades nacionales, las cualidades propias de cada producto o servicio o las preferencias de los consumidores. Ante este desafío, el sector CECA aboga por evitar el uso de la regulación de control de precios, centrando la estrategia regulatoria en garantizar un funcionamiento eficiente del mercado.
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