Estas últimas semanas se han podido conocer las prioridades y líneas de trabajo que guiarán la legislatura desde las diferentes carteras y ámbitos del nuevo Gobierno de España. Entre la batería de propuestas, destacan las iniciativas que contribuyan a la protección de los menores en el entorno digital, una cuestión que no es reciente y que abarca desde la protección de los menores de contenidos dirigidos a adultos o perjudiciales hasta la desinformación.
Tanto en el ámbito público como el privado, existe la prioridad de minimizar esos riesgos, promoviendo la seguridad, la protección, la alfabetización y educación de este colectivo, mientras que se maximizan las oportunidades que implica la tecnología y la digitalización para la sociedad y la economía.
Estrategia multidisciplinar
En este contexto, el Gobierno ha manifestado su intención de trabajar en un gran acuerdo, que permita a los menores disfrutar de los beneficios de las tecnologías y garantice su navegación segura en internet. Este acuerdo se articulado en torno a tres ejes: la aprobación de un proyecto de ley para la protección del menor; el impulso a una estrategia multidisciplinar que implicará a varios Ministerios y ámbitos de acción (educativo, igualdad, digitalización…); y el desarrollo de soluciones tecnológicas que impidan el acceso al contenido para adultos por parte de los menores de edad. Respecto a este último punto, la Agencia Española de Protección de Datos ya está desarrollando un sistema piloto de verificación de la edad para acceder a páginas web restringidas.
Del mismo modo, el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de un comité de 50 personas expertas para el desarrollo de un entorno digital seguro para la juventud y la infancia. Este comité deberá elaborar, durante los próximos 6 meses, un informe que será remitido al Gobierno a través del Ministerio de Juventud e Infancia.
En el ámbito regulatorio, ya existe una amplia batería legislativa para proteger a los menores de contenidos que podrían resultarles perjudiciales, implementada tanto a nivel nacional como europeo. Ejemplos de ello son la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que incorpora el fomento de códigos sectoriales de autorregulación y convenios de corregulación con la industria, el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), que será de aplicación integral a partir del 17 de febrero de 2024, y la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA), que transpone al ámbito nacional la Directiva europea. De hecho, recientemente, la CNMC ha realizado una consulta pública sobre los sistemas de verificación de edad en las plataformas de intercambio de video para proteger a los menores de acceder a contenidos potencialmente perjudiciales, una medida incluida precisamente en la LGCA.
Ejes de Adigital
En este sentido, resulta fundamental conocer los riesgos para mitigarlos y maximizar las oportunidades que ofrece la era digital y la tecnología. Adigital se compromete con el impulso de iniciativas y propuestas que contribuyan al empoderamiento y a la protección de los menores en el entorno digital.
Adigital es consciente de que nuestra sociedad debe abordar el acceso de los menores a las tecnologías digitales desde una perspectiva de uso adecuado, educación y protección. Todo ello, desde un enfoque integral cuyo principal objetivo sea proteger el interés del menor, mediante medidas que promuevan la sensibilización, la educación y la capacitación de los menores para navegar de manera segura en internet, implicando a todo el ecosistema de agentes relevantes a través de la corregulación, desde la administración pública, los legisladores, los responsables políticos, la industria, los grupos de expertos, los académicos y los propios usuarios y su entorno.
Para ello, desde Adigital trabajan en tres ejes, que consideran deben marcar el impulso de cualquier medida relacionada con el empoderamiento y la protección del menor en el entorno digital:
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Impulso de una colaboración activa con instituciones, expertos, sociedad civil y sector empresarial para crear materiales educativos, fomentar experiencias digitales seguras, innovadoras y creativas, de acuerdo con las normas y principios establecidos en la normativa vigente, que apoyen la privacidad de los menores en el uso de la tecnología.
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Empoderamiento y educación de los niños, niñas y sus familias en el entorno digital para que adquieran las competencias necesarias para desenvolverse de manera segura y responsable en este ámbito, incluyendo al profesorado, ya que las escuelas juegan un papel clave en este sentido.
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Salvaguarda del mercado único europeo. Cualquier propuesta en este ámbito debe impulsarse desde una perspectiva europea para evitar fragmentaciones entre los Estados miembros y no generar brechas de accesibilidad y competencias digitales, así como para mantener la competitividad empresarial con medidas restrictivas y desarmonizadas en el territorio europeo. En este sentido, se debe prestar especial atención a la duplicidad normativa, la fragmentación del mercado interior o el solapamiento con normas ya existentes.