La ley de reforma del mecenazgo ha quedado sin aprobar debido al adelanto de las elecciones generales del próximo 23 de julio. Dicha reforma, aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 26 de abril con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y la abstención de un único partido (Vox), se encontraba en trámite de aprobación en el Senado, previsto para el miércoles 31 de mayo. Gracias al consenso generado en la Cámara Baja, no se esperaba ninguna enmienda en la Alta, sólo algún ajuste técnico. Sin embargo, con el anuncio de las elecciones para el 23J y la disolución de las Cámaras, decaen todos los proyectos legislativos que no hayan superado ambas tramitaciones.
En este escenario, la única posibilidad de que la reforma del mecenazgo salga adelante es que el Gobierno la tramite mediante un decreto-ley, una petición que exigen las entidades no lucrativas dado el carácter económico de esta norma. Las entidades contaban con ella para formular sus presupuestos de 2024. Para el presidente de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), Javier Nadal, “siendo realistas, retomar esta reforma significará volver a iniciar el trámite parlamentario lo que llevaría más de un año y retrasaría su entrada en vigor al menos hasta 2025. Se trata de una reforma de nueve artículos que tiene un impacto positivo para el sector”.
Desde la Asociación Valenciana de Fundaciones, su Secretario General, Ignacio Soler Serrano, afirma que la actual situación, más que una paralización, es un “volver a empezar” inaceptable, que frustra nuevamente las expectativas de un sector desatendido por el poder político salvo en períodos electorales.
Por su parte, la Directora de la Fundació Catalunya Cultura, Maite Esteve, destaca: ”Reclamamos que la reforma se apruebe por vía de un real decreto-ley, ya que los beneficiarios son entidades que trabajan en entornos de máxima necesidad y que sustentan el Estado del bienestar. Con la modificación legislativa se daba un gran paso adelante que venía de un consenso político total, pero no desfalleceremos porque la sociedad española se merece una ley de mecenazgo digna”.
Esta es una reforma largamente esperada que conseguía avances no sólo cuantitativos (deducciones) sino cualitativos. Se incorporaban a nuestro ordenamiento nuevas figuras del mecenazgo que ya existen en otros países, como el mecenazgo de recompensa, muy relevante para el sector cultural, el mecenazgo de competencias, reconociendo a los profesionales y empresas que dedican su tiempo, y una sustancial mejora del micromecenazgo, tan importante para tantas ONG y para proyectos financiados por múltiples colectivos de ciudadanos, que más genuinamente contribuyen a crear sociedad civil.
Como explica Eugenia Bieto, Presidenta de la Coordinadora Catalana de Fundaciones, “la ley que se iba a aprobar aportaba avances de gran impacto como el incremento de la base de deducción en las donaciones de las personas físicas, que pasaría de 150 a 250 euros, o la incorporación de la donación de servicios, cambios que contribuirían a mejorar la financiación de las organizaciones que trabajan para el bienestar de la ciudadanía”.
Esta reforma normativa es un importante paso en el reconocimiento de la imprescindible labor que las entidades no lucrativas (ENL) llevan a cabo en España para cumplir los fines de interés general. Las ENL llevan a cabo una actividad social fundamental y necesaria porque contribuyen a cubrir necesidades esenciales no atendidas ni por el sector privado ni por el sector público. Son la expresión de la acción filantrópica, del compromiso, del altruismo y de la sensibilidad individual y social.
Como asegura Luciano Poyato, Presidente de la Plataforma del Tercer Sector, “el mecenazgo es una forma de fomentar la cohesión social, logrando una mayor participación privada en actividades de interés general y, por consiguiente, generando, fortaleciendo y articulando más la sociedad civil”.
Sólo el gasto de las Entidades no Lucrativas (ENL) en actividades de interés general alcanza casi los 17.000 millones de euros y, en el caso de las fundaciones, en los últimos 12 años se ha multiplicado por 2,45 el número de beneficiarios finales y directos de sus actividades de interés general. Se estima que el total del sector fundacional en España genera más de 27.000 millones de euros de valor añadido en 2020 (2,4% PIB), y más de 550.000 puestos de trabajo, 3,4% del total de puestos de trabajo de jornada completa de la economía española. En 2022 colaboraron con alguna entidad el 39% de la población mayor de 18 años.
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