Las orientaciones políticas de la actual Comisión Europea se centran en seis grandes ambiciones de Europa para los próximos cinco años mediante un Pacto Verde Europeo: una economía que funcione en pro de las personas, una Europa adaptada a la era digital, la protección de nuestro estilo de vida europeo, un continente más fuerte en el mundo y un nuevo impulso a la democracia europea.
La emergencia de la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias socio-económicas han reforzado el impulso de tales ambiciones, propiciando que la sostenibilidad sea el eje fundamental de la recuperación en Europa. El Marco financiero plurianual 2021-2027 de la Comisión Europea y el Plan Europeo de recuperación NextGenerationEU (NGEU) son las principales muestras de ello, ya que la condicionalidad del Fondo de Recuperación y Resiliencia para hacer llegar los fondos a los diferentes estados es que prioricen reformas que transformen la sociedad y la vuelvan más sostenible, respetuosa con el medio ambiente (30% del gasto en todos los programas) y digitalizada (20% del Fondo de Recuperación y Resiliencia).
En paralelo, según el reciente Informe Anual de Prospectiva Estratégica de la Comisión Europea, hay cuatro tendencias mundiales principales que afectan a la capacidad y la libertad de acción en Europa: el cambio climático, la transformación tecnológica, los cambios en la demografía y la presión sobre los modelos de gobernanza y los valores. Junto a estas tendencias, se identifican diferentes ámbitos de acción clave en los que la Unión Europea deberá avanzar para su liderazgo mundial en torno al compromiso adquirido de un futuro sostenible, entre los que destacan garantizar un abastecimiento suficiente de energía descarbonizada y asequible para una Europa más ecológica y más digital, defender los derechos humanos en asociación con países y organizaciones que compartan valores democráticos, así como la necesidad de contar con una gobernanza participativa e inclusiva con vistas a aumentar la confianza y la legitimidad de las instituciones y administraciones públicas.
Regulación ESG como promotor de los compromisos adquiridos
En materia ambiental, el Pacto Verde Europeo es la hoja de ruta para convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro en 2050. La Ley Europea del Clima es el principal hito clave de la Comisión Europea para lograr los objetivos del Pacto. Junto a la Ley, ya que se decidió aumentar de nuevo su ambición proponiendo 13 nuevos proyectos de ley o reformas legales para adaptar las políticas de la UE en materia de clima, energía, transporte y fiscalidad, con el fin de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % de aquí a 2030.
Además, encontramos el Reglamento de Taxonomía, que es considerado un sistema de clasificación que incluye criterios claros de desempeño para determinar qué actividades económicas contribuyen realmente a alcanzar los objetivos del Pacto Verde. El Reglamento es de aplicación para aquellas compañías sujetas a la Directiva sobre Divulgación de Información no Financiera y Diversidad (que, en adelante, lo será también para aquellas que se encuentren bajo el ámbito de aplicación de la futura Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Aunque el foco de la taxonomía se ha puesto en los principales retos ambientales (cambio climático, economía circular, agua, prevención y control de la contaminación y protección de los ecosistemas), también se está avanzando en el desarrollo de una taxonomía social.
En materia social, destacan la Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de progenitores y cuidadores, que contribuirá a lograr la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades del mercado laboral e igualdad de trato en el trabajo, la futura Directiva de Transparencia Salarial que podría tener carácter vinculante para todos los estados miembros y que busca garantizar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor y la futura Iniciativa legislativa en debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente, que empujará a las empresas a identificar, evaluar y dar seguimiento a riesgos que vulneren asuntos relacionados con los derechos humanos.
Y en materia de gobernanza, desde la publicación del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles en 2018, no han parado de sucederse nuevas iniciativas por parte de la Comisión Europea, que promuevan una gobernanza sostenible de las organizaciones y un desarrollo sostenible de los mercados. Por un lado, la pieza angular del Plan ha sido probablemente el ya mencionado Reglamento de Taxonomía. Por otro lado, otra de las acciones que destacaba el Plan de Acción era la de promover un gobierno corporativo sostenible que priorizase el largo plazo en la toma de decisiones y la respuesta a las necesidades y expectativas de los grupos de interés. En este sentido, la Comisión Europea está trabajando en una iniciativa normativa relacionada con la promoción de la gobernanza sostenible, en línea con otros trabajos de la Comisión como es la propuesta de Directiva de reporte de sostenibilidad (CSRD).
El rol de las empresas públicas
Las empresas públicas tienen un papel clave en este contexto. Por un lado, la sostenibilidad se ha visto reforzada a nivel nacional con numerosas iniciativas públicas, como la Ley de Transparencia, la Ley de Contratos del Sector Público o la Ley de Información no financiera y diversidad, así como el Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030, la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 o el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Concretamente, la política palanca número 4 del último documento hace referencia a una Administración para el Siglo XXI, que busca impulsar una serie de medidas para la modernización de la Administración basadas principalmente en la digitalización y en la transición energética. Así, el Plan de Recuperación, junto al Real Decreto-ley 36/2020 de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública, suponen un indudable esfuerzo para que el sector público español, de la mano de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, puedan impulsar estos cambios.
Por otro lado, vemos cómo las entidades públicas, cada vez más, integran la sostenibilidad en sus estrategias y se alinean con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, contribuyendo así a dar respuesta a los principales retos de la sostenibilidad en el mundo y en España, provocando un impacto positivo en su entorno y generando el mejor servicio público posible. Y también, porque la colaboración público-privada se presenta como un elemento clave para promover la acción y avanzar en el desarrollo de medidas que den respuesta a todos estos compromisos adquiridos en Europa.
El nuevo documento ‘La sostenibilidad en las empresas públicas desde la triple perspectiva ESG. Compromiso con los nuevos marcos regulatorios de sostenibilidad de la Unión Europea’ viene a sustanciar el trabajo técnico de Forética junto a 29 empresas públicas españolas que, en el marco del Grupo de Acción ‘Sostenibilidad y RSE’ en las empresas públicas, han dedicado este año a conocer las medidas más destacadas para impulsar los objetivos del Pacto Verde Europeo, a reflexionar cuál es el papel de las entidades públicas a la hora de promover mayores estándares de respeto y protección de los derechos humanos y a identificar diferentes propuestas para la mejora de la gobernanza en las empresas públicas en España.
