El Gobierno ha acordado este miércoles abrir a audiencia pública el proyecto normativo para mejorar la transparencia de las empresas sobre criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), ampliando su ámbito de aplicación a todas las compañías cotizadas. Se trata de una transposición de la normativa europea que amplía el ámbito de aplicación a todas las empresas cotizadas, incluyendo las entidades financieras, aunque establece un régimen simplificado para las pymes y excluye de estas obligaciones a las micropymes.
Reforma de 4 normas
Según ha explicado posteriormente al Consejo de Ministros la Vicepresidenta primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, el anteproyecto de ley tiene como objetivo “mejorar la presentación, la comparabilidad y la verificación de la información no financiera de las empresas”.
Para ello, el Ejecutivo, que tenía de plazo hasta el 6 de julio de 2024 para transponer la directiva europea, llevará a cabo de la reforma de cuatro normas: el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital, la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, y su reglamento de desarrollo.
La información deberá ser presentada en formato electrónico y será verificada por un auditor de cuentas o un prestador independiente de servicios de verificación, todo ello bajo la vigilancia del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), como ya ocurre con las auditorías de las cuentas financieras.
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