Vivimos tiempos convulsos. La inestabilidad geopolítica, los coletazos de la pandemia, las presiones inflacionistas, los problemas de distribución, la escasez de materias primas y los costes energéticos se han conjugado de manera diabólica estos últimos meses en un panorama que empieza a ser devastador para determinadas industrias.
El sector de la edificación es uno de los grandes afectados por esta especie de tormenta perfecta que hace peligrar la producción, que ya se ha llevado por delante proyectos, empleos e incluso pequeñas empresas y que requiere una actuación urgente por parte de las administraciones públicas.
Desde AIFIm llevamos un año advirtiendo sobre la presión en el mercado europeo de polímeros por la falta de materias primas y un aumento de precios que ha afectado seriamente a los productos sintéticos en el conjunto de la Unión Europea.
La subida de los precios energéticos, los problemas de transporte, los paros o cierres temporales de centros de producción, el conflicto en Ucrania y sus muchas ramificaciones o el enorme atasco en el puerto de Shanghái por el confinamiento de la Covid se han sumado a la escasez de suministro, intensificando un problema que provoca falta de productos y variaciones rápidas de precios en una situación que empieza a resultar insostenible.
Insostenible porque los costes están asfixiando a muchas empresas que a duras penas pueden seguir operando. Insostenible porque muchos contratos no tienen actualmente la posibilidad de revisar precios pese a la subida vertical de los costes. Insostenible porque no se trata de estrechar unos márgenes muy ajustados ya que en estas condiciones muchos fabricantes o promotores están incurriendo en pérdidas que acabarán por ser insoportables.
Según el Índice de Costes de la Construcción publicado por el MITMA, en febrero del año 2022 los costes directos relativos a los materiales alcanzaron su pico de la serie histórica desde el 2005, con un incremento en edificación del 20,47% interanual (con un incremento de casi el 27% en materiales sintéticos de acuerdo con el informe de abril publicado por CEPCO). Y eso, sin tener en cuenta los efectos multiplicadores que está teniendo el conflicto en Ucrania sobre los precios de las materias primas y la energía.
La tasa anual del Índice de Precios Industriales (IPRI) en el mes de marzo alcanzó el 46,6%, cinco puntos y medio por encima de la registrada en febrero y la más alta desde el comienzo de la serie, en enero de 1976. El 70% de ese incremento anual es debido a la energía.
Y estamos hablando de una industria enorme y decisiva para el motor nacional de la edificación. El sector de la transformación del plástico es uno de los motores industriales del país, generando alrededor de un 2,7% del PIB. En Europa emplea a más de 1,6 millones de empresas muy atomizadas que facturan unos 260.000 millones de euros anuales.
El conjunto del sector de la construcción, que sigue siendo una de las arterias de la riqueza del país al suponer alrededor de un 12,5% del PIB nacional y dar empleo a alrededor de 1,3 millones de personas, está viéndose seriamente afectado.
El problema es, por tanto, de índole global y con gran repercusión social. No hablamos solo del transporte o la construcción, están en juego miles de pequeñas empresas, autónomos, trabajadores por cuenta ajena y servicios básicos de nuestra economía y sistema productivo.
Pero no queremos ser pesimistas. Hay motivos para la esperanza. Hemos visto actuaciones decididas en países próximos como Italia y Portugal para minimizar los problemas y el Gobierno español puede actuar para impedir males mayores mientras parte de la industria pide ajustar el cobro de los trabajos al alza de los precios.
La colaboración público-privada es fundamental para atajar un problema que afecta a todos y las líneas ICO o los fondos europeos incluidos en el Plan de Recuperación Next Generation pueden solventar una situación que necesariamente debe de ser transitoria y que no puede llevarnos a replantear de un día para otro el modelo productivo.
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