La responsabilidad social debe recuperar la dimensión laboral y una evolución real de sus resultados

La implementación del Acuerdo de París ha elevado a la sostenibilidad como objetivo prioritario en las agendas de Gobiernos y empresas. No es el único elemento de actualidad. Estamos pendientes del desarrollo técnico de las recomendaciones estratégicas que fueron formuladas por el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Finanzas Sostenibles que sentarán las bases de un estándar europeo para la articulación de las inversiones sostenibles.
 
Bajo este contexto cambiante y desarrollos normativos es importante que el análisis realizado sea preciso. Recientes cambios en los organigramas de los Gobiernos y el salto producido de los medios especializados a la opinión pública, hace indudable la superación del espacio marginal que ocupaba la responsabilidad social y también un mayor grado de avance en el corto plazo.
 
Sin embargo, para la Unión General de Trabadores, la superación de algunos objetivos marcados hace diez años, especialmente para su difusión y promoción, se ha conseguido a través del desarrollo de aspectos parciales de responsabilidad social, existiendo un peaje o desgaste latente que quiero subrayar.
 
La reducción de la responsabilidad social a parte de la política de comunicación de la empresa, ha supuesto su debilitamiento como principio inspirador en la consecución de compromisos fuertes y creíbles. La necesidad de ofrecer una imagen responsable especialmente en las empresas cotizadas hacia los inversores internacionales, mediante el cumplimiento de algunos indicadores para la obtención de calificación o rating positivo, nos hacen dudar que las políticas empresariales avancen en la dirección adecuada.
 
Por los tanto, somos críticos sobre la actual situación de la responsabilidad social a pesar de otras evaluaciones más positivas y que gozan de proyección mediática. Se ha hecho público la composición del índice Dow Jones Sustainability. Este índice, ya incluye al 50 % de las empresas de las que pueden ser objeto de selección a nivel nacional con la calificación de sostenibles, incorporando en la última revisión dos empresas cotizadas del sector financiero. Estas calificaciones positivas distan mucho de la realidad donde la destrucción de empleo y problemas de jornada caracterizan al sector bancario, pero también afecta de manera negativa a otros grupos de interés o partes interesadas. Como ha denunciado mi organización, sólo Galicia perdió más de un 37% de oficinas bancarias desde 2008 que ha dejado a 43 ayuntamientos, y a 81 municipios con una única, existiendo un claro riesgo de exclusión financiera. Sin embargo, esta situación no es considerada en los análisis de estas agencias que parecen ser impermeables a estas manifestaciones y conductas empresariales.
 
La ausencia por lo tanto de desarrollo de la dimensión social y laboral de la responsabilidad social en este periodo ha supuesto alejarnos del enfoque global que nos marca su origen.   Sin desarrollos sólidos de medidas en igualdad, conciliación y un procedimiento de evaluación real sobre los resultados en materia laboral, determinan que la evolución experimentada arroje la existencia de dos realidades ó una evolución dispar entre las iniciativas de responsabilidad social y la realidad social donde permanece una menor cohesión social y los trabajadores y los salarios no participan del crecimiento económico.
 
No obstante, también creemos que hay elementos para el optimismo. La asunción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un gran paso y una extensión que comparte la Unión General de Trabajadores.  Nuestro apoyo es firme a la eliminación de la pobreza, atenuación de los efectos del cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente.  Igualmente apoyamos la promoción de la industrialización sostenible y fomentar la innovación.
 
Consideramos como un punto de partida necesario, romper la asociación establecida de la evolución tecnológica a la degradación de las condiciones laborales que en muchas ocasiones se adjudica como inmutable y que quieren imponer desde ciertos sectores. Es imprescindible para nuestra organización, un avance equilibrado de tecnología y trabajo digno, garantizando que ninguna persona se quede fuera del mercado de trabajo debido a las nuevas tecnologías.
 
Pero este nuevo marco y objetivos, no puede suponer un mero cambio en el estilo de diseño de estrategia de las organizaciones. En este periodo de aparente evolución positiva las iniciativas de responsabilidad social, como los Objetivos del Milenio, han convivido muchos impactos negativos. Podemos citar la política de desestructuración de los procesos productivos de las grandes empresas multinacionales en búsqueda de normativas más débiles. También la existencia de paraísos fiscales, como expresión clara de la máxima búsqueda de beneficio empresarial que reducen su participación en la financiación de las estructuras y servicios públicos de los países.
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su desarrollo deben hacer frente a esta gestión empresarial no responsable que permanece.  En nuestro entorno más cercano, también sufrimos este efecto negativo en la búsqueda de la máxima rentabilidad con una creciente externalización de actividades, que facilita la flexibilidad dentro de las empresas pero desplazan los riesgos a las empresas subcontratadas y también las empresas multiservicios donde son los trabajadores y la sociedad en general que soporta el impacto de esta práctica a costa de menoscabar la cohesión social.
 
En el lado de la inversión socialmente responsable seremos críticos en el desarrollo de las recomendaciones del grupo de técnicos sobre Finanzas sostenibles.  Compartimos el desarrollo de la taxonomía o lenguaje que implique una objetivación o estandarización de la inversión socialmente responsable.  Sin embargo, la composición de este grupo técnico formado en su mayoría por sector financiero, no debe suponer un traje a medida para la promoción de nuevos productos financieros y nulo desarrollo del principio de adicionalidad.
 
Las iniciativas para sostenibilidad deben sustentarse en crecimiento equilibrado de la parte medioambiental pero también con un análisis del impacto laboral. Es necesario contar con planes de transición justa nacionales para reorientar adecuadamente a los trabajadores de industrias con emisiones elevadas y proporcionar medidas de adaptación adecuadas a los trabajadores afectados por el cambio climático y con un mayor peso de la inversión pública sin renunciar la oportunidad de la inversión privada. Es paradójico que la inversión pública en el periodo 2014-2018 en el Ministerio de Medioambiente se reduzca del 18% al 12% sobre el total de la inversión del Estado.
 
Instamos a un giro del nuevo Gobierno que supere la inacción y parálisis del anterior ejecutivo. La publicación del Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre en materia de información no financiera y diversidad fue una oportunidad pérdida. No ha existido un desarrollo específico que marcaba la Directiva mediante el desarrollo de indicadores concretos que permitiera la categorización o evaluación de estas empresas en materia tan importante como la brecha salarial.
 
Desde el sindicato creemos que se debe abordar el impulso de una verdadera revisión de las políticas de Responsabilidad Social. Queremos reiterar el ofrecimiento de diálogo y la dinamización del Consejo Estatal de responsabilidad social como participación de los distintos grupos de interés y avanzar en la evaluación pendiente recogida en la Ley de Economía Sostenible.
 
Y este objetivo se conforma con la perspectiva de que los sindicatos son fundamentales a la hora de conformar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas para incluir prioridades como la calidad en el empleo, la lucha contra las desigualdades, la transición justa pero también como organizaciones comprometida con la sostenibilidad, el bueno gobierno y la función social de la empresa.