Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección de Informantes, las empresas tienen la necesidad imperante de adaptarse a los nuevos requisitos establecidos por las autoridades. Por tanto, la obligatoriedad de contar con un canal de denuncias y hacer un buen uso de él se ha convertido en una urgencia para las compañías de más de 50 trabajadores del sector público y privado. En caso contrario, se podrán enfrentar a duras sanciones económicas que pueden variar, en los casos más graves, desde los 600.000 hasta el millón de euros.
La nueva Ley de Protección de Informantes establece una regulación más estricta y precisa en relación a la prevención y sanción de irregularidades empresariales. En este sentido, EQS Group analiza cuatro escenarios de sanciones para casos muy graves, en los que las multas podrían ascender hasta el millón de euros.
No disponer de un canal de denuncias
El 13 de junio es la fecha límite para las empresas con más de 250 trabajadores para poseer un canal de denuncias interno. A partir de aquí, este tipo de organizaciones podrían enfrentarse a sanciones muy graves si no disponen de un sistema de denuncias eficiente. Por tanto, es necesario que los trabajadores puedan denunciar infracciones o comportamientos inapropiados en su empresa de manera segura y confidencial. Todo ello, con un canal accesible y que sea fácil de usar.
Dificultar el seguimiento de una denuncia
Es importante tener en cuenta que la Ley no sólo exige que las empresas cuenten con un canal de denuncias, sino que también deben garantizar un proceso adecuado para el seguimiento y resolución de las denuncias recibidas. En otras palabras, la empresa debe contar con un sistema que permita llevar un registro de los casos recibidos, realizar una investigación de los hechos denunciados y, en caso necesario, tomar medidas adecuadas para corregir la situación.
No respetar el anonimato del alertador
Es fundamental garantizar la confidencialidad y el anonimato de los informantes que se comuniquen a través del canal de denuncias interno. Por esta razón, es importante que la empresa adopte medidas concretas para proteger la identidad del denunciante, como, por ejemplo, no revelar información sobre la denuncia que pueda llevar a la identificación del informante. De esta manera, se evitan posibles filtraciones.
Practicar cualquier tipo de represalia al informante
Al mismo tiempo, la nueva Ley establece que las empresas no pueden tomar represalias o coacciones en contra del denunciante, ya sea de manera directa o indirecta. Esto significa que no se pueden tomar medidas como despidos, reducción de sueldo, eliminación de posibilidades de ascenso, sanciones disciplinarias, acoso u otros castigos que puedan ser considerados represalias contra el informante.
El seguimiento y la designación de un responsable, claves para evitar más multas
Por otro lado, la Ley de Protección de Informantes también recoge una serie de sanciones más leves para aquellas empresas que no cumplan de forma correcta con el funcionamiento de la misma. Entre ellas, se destaca que las organizaciones deben revisar periódicamente sus procesos internos de denuncia para asegurarse de que están funcionando correctamente y cumpliendo con las regulaciones vigentes. De esta manera, las empresas pueden protegerse de posibles sanciones y mejorar su cultura ética y de cumplimiento normativo.
Además, en este contexto, es fundamental designar a una persona responsable para la recepción de denuncias. Esta persona debe ser alguien capacitado para recibir y procesar las denuncias de manera adecuada, además de garantizar la confidencialidad de los informantes. Sin esta figura, los informantes podrían sentirse inseguros y desconfiados de que su denuncia no será tomada en cuenta, lo que podría desalentar la utilización del canal de denuncias y poner en riesgo la detección temprana de irregularidades.
Transparencia y confidencialidad, otros dos puntos fundamentales para prevenir sanciones
El objetivo de esta Ley es promover una cultura de transparencia y de ética en el ámbito empresarial, así como prevenir la corrupción. Para ello, este canal debe garantizar la confidencialidad, la protección de los informantes y la gestión adecuada de la información recibida. Asimismo, se deben establecer mecanismos de seguimiento y control para verificar que las denuncias han sido gestionadas correctamente y que se han tomado medidas para prevenir la repetición de las irregularidades.
Al mismo tiempo, la llegada de esta Ley incentiva a que las empresas revisen sus prácticas y se comuniquen honestamente con los consumidores para dar sensación de integridad. De esta forma, se brinda información precisa sobre sus productos y servicios, lo que ayuda a mantener relaciones a largo plazo con los clientes.
“Es importante que las empresas entiendan que la nueva Ley de Protección de Informantes surge para fomentar una cultura de ética y transparencia. En esta línea, deben darse cuenta de que las irregularidades pueden mermar su ventaja competitiva, aumentar los costes e impedir el crecimiento, dañando gravemente la reputación de la compañía. Por tanto, animamos a las empresas a implantar un canal de denuncias eficiente para evitar sanciones económicas”, asegura Murray Grainger, Country Manager de EQS Group en España.
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