EsadeEcPol, en su compromiso de impulsar la mejora de las políticas económicas en España, está abordando de manera inmediata y urgente la necesidad de acometer una serie de medidas laborales frente a la pandemia con la premisa de proteger a los trabajadores. En ese sentido, EsadeEcPol ha publicado un nuevo Insight titulado Medidas laborales frente a la pandemia: protegiendo a los trabajadores.
“Aunque la crisis del COVID-19 tiene un origen sanitario y, en principio, no tiene nada que ver con la situación económica de las empresas, va a suponer la paralización temporal de la actividad económica” ha afirmado Jose Ignacio Conde-Ruiz, director científico de Esade Center for Economic Policy & Political Economy (EsadeEcPol) e investigador en FEDEA. Para ello, “tratando de anticiparnos a riesgos futuros, proponemos varias alternativas, centradas en uno de los principales focos de peligro para España: la exposición a shocks externos de los segmentos más débiles del mercado laboral” ha destacado Conde-Ruiz.
Los autores del Insight han señalado que “la tasa de temporalidad en España es más elevada en todos y cada uno de los sectores, dejando a un elevado número de trabajadores expuestos a un impacto como el de la crisis actual. Además, la posibilidad de teletrabajar, práctica que permitiría amortiguar el efecto de la epidemia en algunos sectores, es escasa en nuestro país”.
Proteger a los trabajadores más desfavorecidos
“Dada la considerable segmentación en el mercado laboral español entre trabajadores estables y precarios, es muy probable que estos últimos (temporales, autónomos, tiempo parcial) sufran con particular intensidad la crisis provocada por la pandemia” ha afirmado Jorge Galindo, director de economía política y visualización de datos de EsadeEcPol. En este sentido, “el objetivo inmediato de la política pública debe ser que estos trabajadores no caigan en la desprotección, soportando sus ingresos y facilitando en la medida de lo posible su continuidad después de la crisis”.
Para ello, EsadeEcPol ha propuesto tres medidas excepcionales de protección de ingresos, todas ellas complementarias potencialmente a las acciones ya determinadas por el Gobierno:
- Posponer el pago de la cuota a todos los autónomos durante el periodo de excepcionalidad. Además, para aquellos trabajadores autónomos que vean reducidos sus ingresos por debajo de un umbral determinado, sería conveniente la exoneración de la cuota mínima.
- Cuando no se renueve el contrato temporal (o se les despida), asignar la correspondiente prestación por desempleo, tanto si se han acumulado derechos suficientes para percibirla como si no.
- Finalmente, para los trabajadores con contrato indefinido, la cobertura por parte del Estado de un porcentaje del salario durante el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en aquellos sectores especialmente vulnerables.
Coste financiero y trabajadores afectados
El coste de implementar las medidas oscilaría entre 800 millones de euros al mes en el escenario más optimista, con los menores niveles de cobertura, hasta los 3.500 millones de euros mensuales, en el escenario más pesimista y con los mayores niveles de cobertura. Un escenario intermedio, en el que se cubriesen los salarios de temporales e indefinidos afectados por un ERTE hasta alcanzar el salario mínimo interprofesional (SMI), podría situarse en los 1.900 millones de euros mensuales. Por otra parte, el número de trabajadores afectados por las medidas oscilaría entre los 1,7 millones en el escenario optimista hasta los casi 3,6 millones en un escenario pesimista, con un escenario intermedio de 2,7 millones de afectados.
Medidas de reacción inmediata
Dado que hay incertidumbre sobre la duración de esta crisis, y por lo tanto sobre el periodo de aislamiento que tendrá que mantener la población, resulta imprescindible disponer de un plan de acción por si esta situación excepcional de aislamiento se prolongase en el tiempo. Para ello, habrá que reorientar muchas de las actividades cuya demanda haya caído hacia otras donde la demanda pueda subir: en otras palabras, habrá que facilitar la reasignación de la mano de obra de manera flexible de las actividades donde la demanda se ha visto más afectada (hostelería, restauración, turismo, transporte, automoción, ocio, centros comerciales) hacia otras donde la demanda ha aumentado o puede hacerlo potencialmente (distribución, suministro, servicios on-line como educación o comercio electrónico, alimentación y bebidas, salud, medios de comunicación).
“Estas medidas también supondrán un gran alivio para los trabajadores más afectados, como los trabajadores temporales y autónomos, que podrán tener más opciones de encontrar un nuevo empleo o nuevos nichos de actividad” ha concluido José Ignacio Conde-Ruiz, co-autor del Insight.
