La ONG Accem ha celebrado una nueva edición de las Jornadas Novicom para fomentar el conocimiento, la sensibilización y la puesta en marcha de acciones de apoyo social a víctimas de trata, personas en riesgo de serlo o personas en situación de vulnerabilidad.
En esta jornada, que ha tenido lugar en Madrid, se han abordado distintos aspectos sobre la lucha contra la trata de personas, su contexto actual y su realidad en el ámbito digital, con las experiencias y conocimientos de profesionales de distintas entidades e instituciones como la Guardia Civil, la Universidad Isabel I de Burgos o Unicef.
Durante la celebración de este evento se ha llevado a cabo la presentación del informe titulado “El impacto de las nuevas tecnologías en la trata de seres humanos”, realizado durante todo este año por la ONG. En este informe se destaca el crecimiento sin precedentes de plataformas, aplicaciones, redes sociales y otras herramientas digitales que han contribuido no solo a apuntalar y desarrollar el actual modelo socioeconómico, sino que también los grupos criminales han sabido buscar el máximo partido a estas herramientas digitales respecto a la captación y explotación de víctimas de trata de seres humanos.
La trata de personas reporta anualmente ingentes beneficios económicos y, con el uso de estas tecnologías, quienes forman parte de este negocio ilícito han encontrado una nueva vía para mejorar la rentabilidad de este delito contra los derechos humanos. Además, también han ampliado su alcance para el acceso a grupos de población especialmente vulnerable como niños, niñas y adolescentes, asumiendo menores riesgos debido a la seguridad que otorga el anonimato en los entornos digitales
Principales retos para hacer frente a la trata en los entornos digitales
A tenor de este informe, es imprescindible establecer marcos legales comunes que reconozcan a las nuevas tecnologías e internet como nuevos instrumentos a través de los cuales pueden cometerse la comisión del delito de trata de seres humanos. Para ello, “es esencial caminar hacia una regulación pública y vinculante de las empresas tecnológicas que garantice el respeto a derechos fundamentales”, señala el documento que, añade, “urge promover obligaciones para estas empresas para que contribuyan a mejorar los mecanismos de prevención” con los que “identificar posibles riesgos derivados de un mal uso de sus plataformas y definir medidas que mitiguen y restablezcan el daño”.
En este sentido, desde la ONG señalan la necesidad de fortalecer la cooperación entre los Estados, el sector privado y la sociedad civil en materia de persecución e investigación de este delito. Finalmente, el estudio recomienda repensar el uso global de estas tecnologías de las relaciones, la información y la comunicación para fomentar la construcción de entornos seguros en el ámbito online. De esta manera, se hace necesario reducir las conocidas como “brechas digitales” y mejorar los niveles de alfabetización digital para mejorar la calidad en el uso de estas herramientas digitales y garantizar una conectividad segura e igualitaria.
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