Oxfam Intermón presenta un conjunto de más de 100 medidas fundamentales para la próxima legislatura con el objetivo de avanzar hacia un país justo y sostenible. En un momento crucial para el futuro de la sociedad española y en el resto del mundo, marcado por las consecuencias sociales y económicas que ha dejado la pandemia de la COVID-19 y la crisis en Ucrania, estas medidas se vuelven urgentes y necesarias.
Enormes cambios y riesgos globales
“En los próximos cuatro años se decidirá gran parte de nuestro destino en un contexto de enormes cambios y riesgos globales. Por ello, es imperativo contar con políticas públicas que protejan y brinden oportunidades a las mayorías sociales. España debe llevar a cabo cambios estructurales para construir una sociedad más equitativa, solidaria y con horizontes de futuro para toda la población”, señala Franc Cortada, Director de Oxfam Intermón.
Estas medidas presentadas por Oxfam Intermón buscan abordar las desigualdades y construir un futuro más justo y sostenible en España. La organización insta a todos los partidos políticos y al próximo gobierno a considerar estas propuestas como fundamentales para avanzar hacia un país con igualdad de oportunidades y una sociedad más equitativa.
Principales propuestas
En el ámbito de la fiscalidad, España requiere una reforma tributaria en profundidad para dotar al sistema de mayor equidad y capacidad de ingresos. Se plantea la necesidad de combatir los paraísos fiscales y la evasión y elusión fiscal, así como ajustar el Impuesto sobre el Patrimonio y avanzar en el Impuesto de Sociedades en línea con la agenda europea. Además, el impuesto a los beneficios extraordinario deberá consolidarse como una medida efectiva.
En materia de empleo, Oxfam Intermón destaca la necesidad de garantizar la protección de los trabajadores y trabajadoras más vulnerables. Aunque el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha incrementado hasta alcanzar el 60% del salario medio, es necesario establecer mecanismos adecuados para responder rápidamente a la pérdida de poder adquisitivo. Por ello, se propone impulsar una Ley sobre el SMI que asegure su actualización anual y otras garantías y derechos laborales. Asimismo, se plantea una reforma integral de las políticas activas de empleo en el marco de la nueva Ley de Empleo y la próxima Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo.
En relación con los jóvenes, la organización señala la realidad insostenible del desempleo juvenil y la precariedad laboral, que ha llevado a una alta tasa de pobreza y exclusión social en este colectivo. Se proponen ocho medidas para mejorar el acceso de los jóvenes al mercado laboral en condiciones de calidad, como destinar más fondos propios de España para el impulso del empleo joven, el desarrollo de contratos formativos y el apoyo a los jóvenes autónomos.
En materia de protección social, es necesario transitar hacia un modelo más amplio y eficiente de protección social en España, superando las dificultades actuales para reducir los niveles de pobreza y desigualdad económica. Entre las medidas propuestas, se encuentran la ampliación del Ingreso Mínimo Vital a distintos colectivos y mejoras en la gestión, así como la integración del sistema de prestaciones sociales en la declaración de la renta.
En cuanto a los cuidados, es imprescindible avanzar hacia un sistema integral de cuidados mediante políticas públicas que involucren a las familias, el sector privado y el Estado. Se propone la implementación de una Ley General de Cuidados que promueva la autonomía y singularidad de las personas en situación de dependencia, así como una mayor inversión pública en este ámbito.
En materia de cooperación y justicia global, es fundamental que la nueva cooperación española se caracterice por su compromiso con los derechos humanos, su enfoque feminista y la coherencia de políticas. Se propone la necesidad de una financiación del 0.7% cuanto antes, así como feminizar la cooperación y desvincularla de los intereses fronterizos y migratorios.
En materia de derechos humanos y empresas, se considera necesario impulsar la aprobación de una regulación ambiciosa de debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente a nivel europeo y español, garantizando el cese de las vulneraciones de derechos por parte de algunas empresas.
Para fomentar un cambio en el modelo empresarial, se requiere la implementación de medidas legislativas que promuevan modelos de negocios centrados en los ámbitos social y ambiental, garantizando dinámicas predistributivas. Se propone, entre otras medidas, el reglamento de desarrollo de la Ley de información no financiera y diversidad.
En relación con la transición ecológica y la justicia climática, se plantean varias medidas, como el establecimiento de objetivos nacionales de reducción de emisiones, el aumento de la financiación para la adaptación al cambio climático y la mejora del proceso de gobernanza de la transición. Esto implica generar espacios de escucha con la ciudadanía afectada por proyectos de energías renovables y garantizar la participación de los territorios en la toma de decisiones.
En cuanto al derecho a la movilidad humana, Oxfam Intermón aboga por una gestión de la migración como bien público global, basada en los derechos y con un enfoque antirracista. Se proponen la regularización de personas migrantes y la mejora de leyes y procedimientos para garantizar sus derechos, entre otras 20 medidas.
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