Raquel Suárez, senior manager de Forética, destaca que el hecho de que a partir de ahora los consejos de administración deben estar al corriente de todos los asuntos medioambientales, sociales y de buen gobierno supondrá un impulso desde las altas direcciones a la gestión responsable de las empresas. Además, Suárez señala que una de las barreras de la aplicación de la ley es que se puso en vigencia dos días antes del cierre de muchas empresas, lo que representa un reto para la recopilación de la información y el reporting.
¿Cuáles son los aspectos más interesantes y relevantes de la nueva Ley de Información no Financiera y Diversidad?
Por fin esta temática es objeto de regulación a nivel nacional y se fomenta así que las empresas sean cada vez más transparentes con su información no solo de carácter financiero, como ya venían haciendo, sino también de carácter no financiero. Es importante tener en cuenta que la ley proviene de una directiva que se publicó hace ya más de 4 años y ahora es cuando finalmente se hace extensivo a la mayoría de las grandes empresas españolas, ya que con el Real Decreto-Ley solamente algunas de las más grandes eran las que se veían afectadas.
Desde luego, otro punto que no deja indiferente a nadie es la implicación que, a partir de ahora, tendrán que tener obligatoriamente los Consejos de Administración en cuanto al conocimiento de los aspectos ambientales, sociales y de gobierno de las compañías.
¿Cuáles son sus principales beneficios y cuáles sus principales hándicaps y barreras para que las apliquen las empresas españolas?
El principal beneficio reside en que gracias a la ley muchas empresas que aún no tenían un modelo de reporting maduro y avanzado ahora con la presión regulatoria por fin podrán avanzar en este sentido, incluso dotándolo de más recursos y capacidad para dar respuesta a los requerimientos de la Ley en plazo y forma.
Sin embargo, un hándicap importante es el momento de publicación de la ley ya que, al haberse hecho pública a solo dos días del cierre del año de muchas empresas, ha dejado poco tiempo para llevar a cabo una correcta adaptación de los modelos de reporting para una recopilación de la información ordenada y exhaustiva.
¿En qué medida consideras que puede ayudar a impulsar la Responsabilidad Social en nuestro país?
La Ley introduce un aspecto fundamental que es el hecho de que los Consejos de Administración de las empresas tengan que estar al corriente de los aspectos no financieros derivados de su actividad.
Esto supone que, inevitablemente, desde la alta dirección se comenzará a impulsar aún más la gestión de los aspectos relacionados con la RSE.
Además, creo que la Ley es la punta de lanza de todo lo que se lleva haciendo en términos de Responsabilidad Social y sostenibilidad desde hace años en España.
¿Cuál es la situación actual, en tu opinión, del reporting en nuestro país y cuáles son sus principales retos de futuro?
Actualmente, la situación del reporting en España se encuentra en un buen momento para hacer frente a la Ley debido a que, sobre todo, entre las más grandes, hay ya mucho recorrido y madurez en temas de reporting.
Los principales retos son conseguir que esta información no solo sea un mero trámite para cumplir con la legislación, sino que se constituya como una información atractiva, accesible y comparable para los grupos de interés, en especial para inversores.
¿Qué recomendaciones o claves podrías compartir para que las empresas puedan cumplir con la nueva normativa?
Considero fundamental que desde los departamentos de RSC se fomente la comunicación y continua colaboración entre las áreas involucradas en el reporting de cara a que la información se pueda obtener de la manera más fluida y eficaz posible para así llegar a los plazos establecidos por la ley.
