El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 abrió hasta el 30 de marzo una consulta pública sobre el Proyecto de Ley de Consumo Sostenible. CECU celebra la iniciativa, pero pide que incluya medidas contundentes para evitar el lavado verde por parte de las empresas, garantizar el derecho a reparar de las personas consumidoras y la creación de un observatorio contra el lavado verde que cuente con la participación de las organizaciones de la sociedad civil.
La iniciativa legislativa agrupa la incorporación de tres normativas europeas. Una ya aprobada en febrero de este año, la Directiva de Empoderamiento de las Personas Consumidoras para la Transición Ecológica, y dos aún en tramitación, la Directiva relativa a la Justificación y Comunicación de Alegaciones Ambientales Explícitas y la Directiva sobre Normas Comunes para Promover la Reparación de Bienes.
Demandas de CECU
Algunas de las aportaciones enviadas por CECU incluyen:
- La necesidad de ampliar el rango de productos a los que se aplica los nuevos requisitos de reparabilidad a más electrodomésticos y aparatos electrónicos, e incluir sectores como el textil.
- Establecer dentro de la garantía legal la reparación de los productos como opción única, salvo imposibilidad justificada, y ampliar la garantía tras la reparación a dos años más.
- Desarrollar campañas de sensibilización para avanzar hacia una cultura de la reparación y de economía circular.
- Creación de un observatorio contra el Lavado Verde con competencias y participación real de la sociedad civil.
- Clarificar y establecer indicadores obligatorios sobre alegatos verdes más allá de lo recogido en las directivas europeas.
- Regulación y seguimiento de la publicidad en mercados digitales, que incluya a los influencers como actores relevantes en la creación de contenido sobre sostenibilidad.
Clara Vázquez, responsable de sostenibilidad de CECU afirmó: “Esta propuesta de ley tiene un gran potencial para avanzar hacia otro modelo de producción y consumo. Pero para esto tiene que incorporar medidas valientes, participación real de la sociedad civil y sanciones contundentes. No basta con lo que marcan las directivas, la urgencia de la crisis ecosocial nos obliga a avanzar lo más rápido posible hacia un consumo sostenible, crítico y transformador”.
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