“La empresa ordinaria tiene que contratar a personas con discapacidad primero, porque lo obliga la ley, pero además porque está promoviendo una política de diversidad y además tendrá bonificaciones; todo son ventajas lo único que hay que ponerle es ganas”. Con esta conclusión clausuraba ayer Albert Campabadal, presidente del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), la jornada CEDDD ‘Facilitando la vida laboral a las personas con discapacidad’, en la que expertos y profesionales de la educación, la formación profesional, de la asesoría legal y el empleo analizaron en el Caixa Fórum de Madrid cuáles son los retos más inmediatos para la inclusión de personas con discapacidad, qué soluciones existen y cuáles están por venir y la importancia de la educación y la formación para mejorar la empleabilidad de este colectivo.
El acto arrancó con la bienvenida a cargo de la vicepresidenta de CEDDD, Mar Ugarte, que dio paso a Dña. Aicha Belassir, directora general de Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, quien ofreció la ponencia de apertura. Belassir habló de un momento de esperanza tras la reforma de la carta magna y de la necesidad de fomentar el empleo de calidad para las personas con discapacidad desde su dirección, así como de apostar por la formación e impulsar la colaboración público-privada.
Tras esta primera ponencia tuvo lugar la primera mesa coloquio, que bajó el epígrafe ‘La importancia de la formación para el empleo de personas con discapacidad’ reunió a Dña. Ana Arroyo; fundadora y directora de Fundación Oxiria; D. Alberto Sánchez, responsable de Formación de Achalay Diversidad; Dña. Lucía Langenheim, responsable de Fundación SIFU en Madrid y Dña. Ana González Morán, asesora laboral y experta en discapacidad del sindicato FSIE. La mesa estuvo moderada por la periodista Carlota Fominaya, del periódico ABC, que como conclusión destacó el aumento de la diversidad en este ámbito y la atención a la vocación de la persona.
‘La importancia de la formación para el empleo de personas con discapacidad’
Primera en intervenir, Ana González, de FSIE, puso el foco en tres aspectos básicos: la libertad de elección de centro por parte de las familias, las diferentes etapas escolares obligatorias que se regulan en la Orden 2808/2023, y a partir de ahí, los diferentes itinerarios que pueden elegir los alumnos. Incidió en que cada uno de estos programas se adecúe individualmente a las necesidades educativas de cada alumno.
Ana Arroyo, de la Fundación Oxira, destacó la necesidad de formar, graduar e insertar dentro de un programa de formación para ayudar a la inserción laboral del colectivo y una vez que consiguen empleo, apoyar de manera permanente a tener una continuidad; haciendo hincapié en la importancia de la visibilidad de estas iniciativas.
Por su parte, Lucía Langenheim presentó los programas de formación de Fundación SIFU y sus becas SuperArte para la formación artística de personas con discapacidad, al tiempo que defendió el papel de las entidades privadas en este entorno “porque estamos en un momento que avanzamos más rápido que la administración”.
Llegado su turno, Alberto Sánchez, de Achalay, lamentó la poca visibilidad que tiene la formación profesional para las personas con discapacidad, pese a que esta ha aumentado y “cada poco organizamos y participamos en foros como este”, afirmó, y recalcó luego la necesidad de avanzar también la formación en discapacidad a los profesionales de la educación.
‘¿Dónde trabajan las personas con discapacidad?’
Tras esta primera mesa dedicada a la formación y la educación, la jornada CEDDD continuó con un segundo coloquio centrado en el empleo llevó por título ‘¿Dónde trabajan las personas con discapacidad?’ y contó con la presencia de José Luis Fernández, experto sociolaboral Sindicato USO; Rosa Ferrando, directora general de Brócoli; Beatriz Coleto coordinadora general CEE Vivofácil, y Pedro López, abogado experto en empleo ordinario y protegido. El debate estuvo moderado por la periodista Melisa Tuya, coordinadora del portal Capaces del diario 20 Minutos.
Rosa Ferrando, de Brócoli, destacó que la empresa ordinaria tiene que adaptar sus protocolos de contratación a la realidad de la sociedad, en la que aproximadamente un 10% de la población tiene discapacidad, mientras que Beatriz Coleto destacó el papel de los Centros Especiales de Empleo como lanzadera al mercado laboral de las personas con discapacidad y destacó la necesidad de visibilizar y aflorar la discapacidad para poder ofrecer los apoyos necesarios a las personas empleadas.
Durante su intervención, José Luis Fernández, experto sociolaboral Sindicato USO, afirmó que las personas con discapacidad deberían poder trabajar “en cualquier empresa” y defendió a este respecto que, además, debe de haber “a igual puesto, igual salario”.
Finalmente, Pedro López explicó algunas de las novedades recientes en la normativa laboral, entre las que destacó la obligación de la empresa, ante la discapacidad sobrevenida de una persona, de hacer todos lo posible para evitar el despido del trabajador.
En el acto de clausura estuvo presente Dña. Belén García, directora general de Empleo de la Comunidad de Madrid, quien reiteró el compromiso de las autoridades regionales en la promoción de la inclusión laboral y la igualdad de oportunidades. En este sentido, coincidió con Beatriz Coleto en la necesidad de identificar y visibilizar a las personas con discapacidad para facilitar su vida laboral y señaló el esfuerzo que se está haciendo desde la administración, entre otras cosas, para acabar con la brecha digital.
Cerró la jornada el presidente de CEDDD, Albert Campabadal, que entre sus conclusiones recordó que la normativa para contratar a personas con discapacidad existe en España desde los años 70, pero sin embargo solo trabaja una de cada cuatro personas con discapacidad. En esta línea, Campabadal incidió en que el trabajo para las personas con discapacidad es fundamental, “porque les permite tener un proyecto de vida”, por lo que la contratación de estas personas debería de realizarse independientemente de que esté obligado por ley, ya que “todo son ventajas”.
La empleabilidad de las personas con discapacidad
Pese a registrar el pasado enero la mejor marca de la historia en lo que a empleos se refiere (538.717 personas ocupadas según el INE, un 55% más que hace una década), la tasa de actividad laboral de las personas con discapacidad permanece estancada en un valor medio del 35,5% desde la última década. Esto significa que el 64,7% de las personas con discapacidad en edad laboral no tiene empleo ni lo busca.
En la misma línea, y atendiendo también a los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE), recientemente se ha alcanzado la cifra récord de personas con discapacidad que tienen alguna vinculación con la seguridad social, con un total de 3.214.800. Sin embargo, solo el 9,8% estuvo dado de alta laboral al menos un día al año, frente al 55,1% de personas sin discapacidad. Frente a esto, la única relación del 77% de las personas con discapacidad con la Seguridad Social fue percibir una pensión contributiva, porcentaje que desciende al 20,8% entre las personas sin discapacidad.
Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana son las regiones que registran un mayor número de personas con discapacidad ocupadas, abarcando el 20,5%, el 14,2%, el 14% y el 10,4%, respectivamente.
Además, los estudios demuestran que el tipo de discapacidad sí importa. La participación laboral es superior en aquellas discapacidades de tipo auditivo (61,2%), seguida de las personas con discapacidad de tipo orgánico, cuando esta afecta a los sistemas digestivo, metabólicos y endocrinos (45,7%). La inferior participación se observa en discapacidades de tipo psicosocial o por problemas de salud mental (29,2%).
A todo esto, hay que añadir la influencia de la formación en la empleabilidad de las personas con discapacidad, en tanto supone una garantía de empleabilidad y de inserción laboral para las personas con discapacidad. Según análisis recientes, las personas con discapacidad con estudios superiores tienen la mayor tasa de actividad (54%) y la menor tasa de paro (13%) del colectivo.
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