“La sostenibilidad en el ámbito empresarial es una realidad que ha venido para quedarse. Las compañías han de ser conscientes de que genera valor, por lo que no pueden quedarse fuera. Más que obligaciones normativas, la sostenibilidad nos genera oportunidades”. Estas son algunas de las recomendaciones que ha planteado José Manuel López, socio de Auditoría y experto en Assurance No Financiero de Grant Thornton, durante la charla “Sostenibilidad: nuevos requerimientos de información”, celebrada en colaboración con Cámara de Madrid.
La jornada sirvió para detallar correctamente el actual marco normativo al que, en materia de sostenibilidad, se enfrentan las empresas de nuestro país, compuesto, principalmente, por la Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad o CSRD, los nuevos Estándares Europeos de Reporte de Sostenibilidad (ESRS), la Taxonomía o los Estándares IFRS S1 y S2.
“En primer lugar, las organizaciones tienen que ser muy conscientes de sus características para saber qué normativas les aplican, porque hay mucha confusión en este sentido”. Por ello, han tener en cuenta si son Entidades de Interés Público (EIP), que en general son compañías que emiten valores, y si son una Gran Empresa, para lo que han de cumplir dos de las siguientes tres condiciones: tener un volumen de activos de más de 20 millones de euros, un volumen de negocio de más de 40 millones de euros o más de 250 empleados.
CSRD, el nuevo marco regulador en sostenibilidad
La nueva Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), es la regulación más importante a la que se tendrán que adaptar las empresas en los próximos años. Va a obligar a las compañías a aumentar la transparencia y la responsabilidad con sus grupos de interés, ampliando la información en materia de sostenibilidad a través del análisis, la evaluación comparativa y la verificación.
“Los principales aspectos de esta nueva Directiva es que las compañías van a tener que establecer cuáles son sus impactos, riesgos y oportunidades en relación con la sostenibilidad, es decir sobre aspectos sociales, de medioambiente y de gobernanza. Y todo ello basado en un análisis de doble materialidad”, advierte José Manuel López.
De este modo, aproximadamente 50.000 empresas estarán obligadas a informar sobre sostenibilidad, incluidas las grandes empresas, así como las pymes cotizadas, mientras que anteriormente eran tan solo 11.600 compañías. En 2025 tendrán que presentar sus informes las compañías que ya estaban sujetas a la anterior Directiva del ejercicio 2014, respecto a su ejercicio fiscal 2024, en 2026 les seguirán el resto de grandes empresas, respecto su ejercicio fiscal 2025 y en 2027 será el turno de las pymes cotizadas.
La nueva regulación exige que se incluyan detalles específicos sobre su modelo de negocio y la estrategia relacionados con estos aspectos de sostenibilidad. En este sentido, también resultarán clave el papel, la experiencia y las habilidades de los órganos de gobierno, en la gestión y supervisión de aspectos sostenibles. Además, la divulgación de información deberá llevarse a cabo de conformidad con los estándares europeos ESRS (European Sustainability Reporting Standards).
“Muchas empresas han encargado la elaboración del Estado de Información No Financiera a la dirección financiera, pero con la nueva Directiva se está haciendo necesario que las compañías informen de una serie de estrategias, políticas, indicadores, impactos, riesgos y oportunidades significativos en base a un análisis de doble materialidad, que requerirá de la participación de los órganos de gobierno, consultas a los grupos de interés, cadena de valor, diferentes comités y departamentos y un sistema de reporting de la información no financiera, para elaborar de manera correcta el futuro Informe de Sostenibilidad”, recuerda José Manuel López.
El concepto de la doble materialidad
Con la Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad, cobra una gran importancia el concepto de doble materialidad, “hasta el punto de que va a ser la piedra angular para la elaboración del futuro Informe de Sostenibilidad”. Las compañías, tras el análisis de impactos, riesgos y oportunidades, “deberán identificar las consecuencias que provoca la empresa en la sociedad y el medio ambiente (de dentro hacia fuera), así como las que genera el propio medio ambiente, las personas y la sociedad en el valor de la compañía (de fuera hacia dentro)”.
Entre los estándares sobre los que se van a tener que reportar se encuentran los transversales y los temáticos, entre los que se sitúan los medioambientales, los sociales y los relacionados con la gobernanza. “Antes se tenía que reportar sobre unos 90 indicadores y ahora podemos llegar a 1.100. Pero si se trabaja y se documenta bien el concepto de la doble materialidad habrá algunos de estos indicadores que al no considerarse materiales no se tendrán que reportar”.
Es por ello por lo que José Manuel López recuerda que la definición de la doble materialidad “debe quedar bien documentada, quedar constancia de haber hecho un análisis de los impactos, riesgos y oportunidades, e involucración en el proceso a los grupos de interés y toda la cadena de valor, porque se tiene que poder verificar”.
“Creo que es bueno que las empresas estén acompañadas por asesores y consultores que están acostumbrados a realizar este tipo de análisis y documentación de nuevos procesos”, recomienda el socio de Grant Thornton.
En este sentido, el socio de Grant Thornton recuerda que, en el anteproyecto de ley para la trasposición de la CSRD al ordenamiento jurídico español, que se preveía para antes de julio, pero que se puede retrasar, se establece que, “el verificador tendrá que ser nombrado por la Junta de Accionistas y será el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) el responsable de la supervisión del trabajo realizado por los verificadores”.
Otras regulaciones
José Manuel López también quiso hacer referencia a otras regulaciones que las empresas también han de tener en cuenta en materia de sostenibilidad, como el Reglamento Taxonomía (UE) 2020/852. “La taxonomía trata principalmente de temas climáticos y medioambientales, y tiene como objetivo establecer como las actividades de las compañías son elegibles y están alineadas con los objetivos de clima definidos en dicho reglamento”.
Los objetivos que son de aplicación para este reglamento son mitigación y adaptación de cambio climático, sostenibilidad y protección del agua y los recursos marinos, transición a una economía circular, control y prevención de la contaminación y protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. El socio de Grant Thornton recuerda que “la taxonomía se va a aplicar a todos los que les aplique la Directiva”.
Por su parte, los estándares IFRS (Normas Internacionales de Información Financiera), en concreto, los estándares IFRS S1 y IFRS S2, requieren información sobre los riesgos y oportunidades relacionados con el medio ambiente y el clima que sea útil para los usuarios de las cuentas anuales y serán también obligatorios para el año fiscal 2024 para las empresas que formulan bajo estos estándares financieros internacionales.
Ventajas de la sostenibilidad para las organizaciones
José Manuel López recordó la importancia que tiene la sostenibilidad para las compañías, no solo en término de cumplimiento normativo, sino que genera un gran valor para ellas. “Más que una obligación es una oportunidad”, recuerda.
Por un lado, resulta fundamenta a nivel de acceso a financiación e inversión, “ya que cada vez más inversores y entidades tienen en cuenta los requisitos en materia de sostenibilidad”. En términos de actividad, la sostenibilidad evita barreras de crecimiento y mejora la visibilidad y capacidad de captación con los clientes. Además, incrementa el sentimiento de pertenencia y atracción de los profesionales en momentos en el que el talento es una pieza crucial. “Los empleados, especialmente los más jóvenes, están demandando aspectos más allá del salario, entre los cuales está el respeto al entorno”.
José Manuel López quiso concluir recomendando “tener un departamento, responsables y recursos destinados a la sostenibilidad, y diseñar un plan de actuación. El proceso es largo, por lo que, aunque, una empresa no tenga que elaborar el informe de sostenibilidad hasta 2026, hay que ponerse en marcha ya”.
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