En 1976, Naciones Unidas anunciaba que 1981 sería el Año Internacional de los Impedidos. Bajo el lema “por la plena participación y la igualdad”, la asamblea general de la organización solicitaba entonces que se estableciese un plan de acción a nivel nacional, regional e internacional en el que se hiciese especial hincapié en la igualdad de oportunidades, la rehabilitación y la prevención de la discapacidad. A fecha de hoy, resulta sorprendente que la ONU hablase de “impedidos”, pero no se trata del único ejemplo de uso despectivo del lenguaje. En el año 1982 se popularizó la denominación de la palabra “minusválido”, que evolucionó a principios de los años 90 al uso más extendido del concepto “disminuido”. En la misma línea, no son pocos los ejemplos de documentos oficiales de finales del siglo XX que se referían a las personas con discapacidad con palabras como “tullidos” o “inválidos”, que no quiere decir otra cosa que persona no válida.
No fue hasta octubre de 1992, año en que acababa el Decenio de los Impedidos (1983-1992), cuando la asamblea general de las Naciones Unidas proclamaba el 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad, haciendo un llamamiento a los estados miembros para celebrar dicha jornada con el objetivo de fomentar una mayor integración en la sociedad de las personas con capacidades diferentes. Desde entonces, cada año la ONU ha celebrado cada 3 de diciembre haciendo palanca en base a un lema y un objetivo diferente.
Con la proclamación del Día Internacional de las Personas con Discapacidad se daba también un paso más hacia la normalización buscando un uso más justo del lenguaje. Esta evolución, como decíamos, está en constante revisión, puesto que actualmente se está empezando a cuestionar el término “discapacidad”, recomendando ahora hablar de “diversidad funcional” o personas con “capacidades diferentes”. Se trata aún de un debate abierto que dará mucho que hablar. En cualquier caso, la reflexión que podemos extraer es que el uso del lenguaje es un reflejo de la realidad social que se encuentra detrás de este colectivo, que continúa luchando por su plena inclusión y encaje en la sociedad.
En este sentido, una de las grandes asignaturas pendientes es la integración laboral de las personas con discapacidad, un colectivo que se ve afectado por unas elevadísimas tasas de paro en la gran mayoría de los países del mundo. En España, casi un millón y medio de personas en edad laboral tienen certificado de discapacidad, lo que representa el 4,76% del total de la población comprendida en esas edades. La mayoría de ellos, además, tienen una muy baja participación en el mercado laboral (su tasa de actividad es del 36,7%, más del doble que la de las personas sin discapacidad) que se suma una alta tasa de paro 32%. Sin lugar a dudas, la integración laboral y la independencia económica son dos piezas imprescindibles para lograr la plena normalización de las personas con discapacidad. Queda aún un largo camino por recorrer.
