España mantiene su liderazgo en la adopción de estándares mundiales, según el último estudio The ISO Survey 2022 de la Organización Internacional de Normalización, ISO. Este informe anual recoge la implementación de normas técnicas en las organizaciones en áreas como la calidad, medio ambiente, tecnología o gobernanza. España se sitúa entre las primeras posiciones en las diferentes categorías. La Asociación Española de Normalización, UNE, miembro español de ISO, desempeña un papel fundamental en la elaboración de normas internacionales y en la concienciación sobre la importancia de su cumplimiento.
Las empresas españolas sitúan la transición ecológica y la sostenibilidad en el centro de su estrategia para fortalecer su crecimiento, en línea con uno de los principales ejes de trabajo de UNE con el que persigue poner al servicio de las empresas y organizaciones las normas y buenas prácticas que les permitan alcanzar sus objetivos. En este campo, España se sitúa como quinto país en el que más empresas e instituciones han adoptado la norma de gestión ambiental (ISO 14001). En concreto, 31.410 centros de trabajo españoles han sido certificados en base a esta norma, solo por detrás de China, Japón, Italia y Reino Unido.
Asimismo, las necesidades de las organizaciones para adaptarse a los nuevos requerimientos de la sociedad han llevado a incorporar normas como la gestión de eventos sostenibles (ISO 20121), la gestión de la energía (ISO 50001) y la gestión de la tecnología de la información (ISO 20000-1). En ellas, se ha visto reflejada la apuesta de las entidades españolas por dar respuesta a los retos del siglo XXI.
España es el cuarto país con más centros de trabajo certificados en gestión de la seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001); el quinto en seguridad social (ISO 22301); y el segundo en gestión de la seguridad vial (ISO 39001). Posiciones que marcan la importancia que tiene para nuestro país la normalización y el respaldo con el que cuenta la implementación de los estándares. Estos son un apoyo inestimable al impulso del comercio exterior y ayudan a que los productos y servicios nacionales tengan presencia internacional al garantizar compatibilidad y las mejores prácticas en calidad y seguridad. Al mismo tiempo, son muy útiles a la hora optar a licitaciones públicas y aportan confianza a los inversores.
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