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El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa ha presentado este jueves su informe anual “La información sobre sostenibilidad en las empresas del IBEX 35”, que analiza la calidad de la información de RSC y sostenibilidad del ejercicio 2023.
El estudio revela un estancamiento en la transparencia y calidad de la información, con una puntuación promedio de 44,39 sobre 100, frente a los 45,40 puntos de 2022. La publicación del estudio coincide con la incertidumbre generada por la propuesta Ómnibus de la Comisión Europea, que modifica tres pilares clave del Pacto Verde, la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés) y ya transpuesta por la mayoría de los estados, la Directiva de Diligencia Debida de las empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD) y el Reglamento de Taxonomía.
Las áreas con información más completa son derechos laborales (61,38 puntos), clientes y consumidores (59,59) y medio ambiente (47,50), mientras que fiscalidad (29,79), derechos humanos (31,51) y lucha contra la corrupción (36,64) presentan los peores resultados. Los aspectos de buen gobierno obtienen una calificación de 42,99.
Las cinco primeras empresas del ranking son: Endesa, Enagás, Iberdrola, Repsol y AENA.
Ómnibus: Un paso atrás en transparencia y rendición de cuentas
La propuesta Ómnibus presentada por la Comisión Europea y actualmente en trámite, introduce modificaciones sustanciales que afectan principalmente al ámbito de aplicación, al alcance y al contenido de las obligaciones en normativas clave que habrían servido para mejorar los niveles de transparencia y desempeño en sostenibilidad y RSC.
La propuesta ómnibus ha generado incertidumbre entre empresas, inversores y otros agentes sociales en relación con las obligaciones corporativas de gestión y transparencia sobre sostenibilidad. Se puede afirmar que las empresas y sus grupos de interés, actualmente, se encuentran en “tierra de nadie”, tratando de cumplir con una normativa de transparencia que se intenta por parte de las instituciones europeas modificar apresuradamente, sin consulta pública y antes de su plena implementación.
En nombre de una mal denominada “simplificación” se cuestiona un marco normativo fruto de años de consenso institucional, en base al cual las empresas ya habían asumido notables costes de adaptación. Esta propuesta, conlleva sus propias complejidades y costes adicionales, además de poner en cuestión los valores y la visión estratégica de la UE. En este contexto, el análisis de la información sobre sostenibilidad y RSC que presentan las grandes empresas resulta un elemento fundamental para entender el impacto de dichas normativas, así como para tomar conciencia del potencial deterioro causado por el paquete ómnibus sobre los logros ya registrados en este estudio y ediciones anteriores del mismo.
Los resultados evidencian la necesidad de defender y perseverar en un marco normativo que, a pesar de sus limitaciones, ha mejorado significativamente la información sobre el impacto ambiental y social de las empresas del IBEX 35 en los últimos años.
El desempeño en derechos humanos: Un reto persistente para el IBEX 35 y amenazado por el proyecto Ómnibus
El área de Derechos Humanos se posiciona como la segunda con peor desempeño del análisis. A pesar de las mejoras graduales observadas en años anteriores, estas siguen siendo claramente insuficientes.
Se constata que las empresas del IBEX 35 cumplen mayoritariamente con indicadores formales, como la adopción de políticas de derechos humanos, códigos de conducta para proveedores y formación interna. Sin embargo, los avances en aspectos sustantivos, como la identificación y gestión de riesgos, son muy limitados, siendo además un aspecto que la propuesta Ómnibus debilitará drásticamente, al centrarse en los proveedores directos para la evaluación de riesgo, descuidando los riesgos de la cadena de suministro en los eslabones más alejados, donde se producen los abusos más graves.
La identificación de los posibles riesgos de vulnerar los derechos humanos en la actividad empresarial es esencial en el proceso de diligencia debida. Sin ella, no es posible prevenir, mitigar o evitar los daños que se puedan producir. El estudio concluye que 20 empresas informan del procedimiento de identificación de riesgos ligados a sus actividades, 18 detallan cuáles son estos riesgos, pero solo 3 publican sus objetivos en relación con los riesgos identificados.
En cuanto a los avances normativos, la Directiva sobre Diligencia Debida, aún en negociaciones durante el año analizado, es mencionada por el 60% de las empresas y parece haber influido en la actualización de procesos y políticas. No obstante, aunque el 75% de las empresas afirman tener procesos de diligencia debida en derechos humanos, la calidad de la información proporcionada suele ser superficial y poco concreta.
Por otro lado, los nuevos indicadores exigidos por la CSRD y las Normas Europeas de Información de Sostenibilidad (NEIS), aunque aún no estaban en vigor durante el año del ejercicio, han comenzado a ser incorporados. Sin embargo, solo un número limitado de empresas hace referencia explícita a los derechos de los trabajadores de la cadena de valor y comunidades locales o indígenas, donde el diálogo sigue siendo escasamente reportado de forma detallada.
Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción: mejoría leve pero insuficiente
En el área de buen gobierno se percibe una tendencia positiva en aspectos como el canal de denuncia y la gestión sostenible del Consejo de Administración. En ambos casos, diversas normativas han incrementado las obligaciones de información en los últimos años, lo que ha favorecido una mayor transparencia.
La puntuación obtenida respecto a la información sobre el canal de denuncias es la que tiene una mejor evolución. De las 35 empresas analizadas, 27 cuentan con procedimientos de gestión de denuncias públicos, y 11 de ellas lo actualizaron en 2023. Todas declaran expresamente la prohibición de represalias y además permiten la presentación de denuncias anónimas.
En el área de lucha contra la corrupción, se observa una continuidad en los resultados, evidenciando la brecha entre información sobre compromisos, mecanismos y resultados de la gestión. Aunque las políticas son cada vez más exhaustivas y actualizadas, la información sobre gestión de riesgos de corrupción o auditorías es muy escasa, limitándose a menciones generales sobre controles o formación.
Las 35 empresas analizadas destacan la implicación de la alta dirección en la identificación y gestión de riesgos no financieros.
Derechos laborales: el área mejor valorada, pero también con peor evolución
La existencia de referentes claros sobre la información a reportar, consolidados a partir de la Ley 11/2018, hace que Derechos Laborales sea el área mejor valorada por segundo año consecutivo. Sin embargo, los niveles de cumplimiento son desiguales y permanecen limitaciones ya registradas en anteriores análisis.
En particular, los ámbitos de mejora más claros incluyen la desagregación territorial de las condiciones laborales, la equiparación de métodos de cálculo de las brechas salariales, los procesos de consulta y diálogo social, y la gestión de los conflictos laborales.
Impacto y gestión ambiental: amplio margen de mejora
Las empresas del IBEX 35 han avanzado en la integración de criterios ambientales en sus políticas y estrategias, pero aún existen áreas de mejora, especialmente en la transparencia y el seguimiento de los objetivos.
La disparidad de metodologías y alcances limita la comparabilidad de la información entre empresas en áreas clave. Aunque la evolución interanual es positiva, la mejora es leve e insuficiente, lejos de los estándares establecidos por las NEIS ambientales.
La mayoría de las empresas informan adecuadamente sobre sus emisiones de GEI y su huella de carbono (Alcances 1 y 2), pero ofrecen menor información sobre Biodiversidad, Calidad del agua y Emisiones atmosféricas, áreas que presentan un amplio margen de mejora.
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