El sector del transporte juega un papel fundamental en el proceso de transición energética. Pero a la hora de implementar políticas de descarbonización de la movilidad que permitan avanzar, todavía se enfrenta a algunos retos que debemos solventar.
Desde Grupo Ruiz, holding español experto en movilidad de viajeros, han querido analizar en el marco del Green Gas Mobility Summit, uno de los principales eventos sobre movilidad sostenible y descarbonización, cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las empresas del sector a la hora de implementar políticas de descarbonización de la movilidad.
En primer lugar, los costes relacionados con la implementación de las distintas tecnologías para adaptar las soluciones de movilidad pueden suponer un desafío, debido a los elevados costes de inversión, tanto en vehículos, como en equipamiento e infraestructuras.
A esto, hay que añadirle las dificultades para acceder a redes de distribución de las energías renovables, como electricidad y gas. En España, empiezan ya a aflorar las primeras limitaciones para disponer de puntos de conexión a la red eléctrica con potencia suficiente para atender la exigente demanda de energía de las baterías embarcadas en vehículos que precisan de una gran autonomía. Es necesario destacar en este punto que esta situación no es tan relevante en el caso del Gas Natural Comprimido, si bien no existe en la actualidad una solución eficiente para el caso del acceso a gases renovables como el hidrógeno.
Mientras, observamos casos como el de países que han extremado su postura de respaldo de una energía determinada en perjuicio del resto, como es el caso de Noruega o Países Bajos con un marcado apoyo hacia la electricidad. En dichos países los ciudadanos han reaccionado a los numerosos incentivos públicos adquiriendo vehículos eléctricos subvencionados. Estos ciudadanos han abandonado definitivamente el uso de los transportes colectivos debido a lo económico de su nueva solución eléctrica de transporte. El resultado, enormes atascos en las vías de circulación, lo que ha llevado a estos países a tener ciudades electrificadas, descarbonizadas, pero en las que es imposible circular.
Neutralidad energética
Y es que la verdadera descarbonización de la movilidad viene de la mano del uso del transporte público, en la que las Administraciones vuelcan los recursos disponibles en beneficio de todos, mediante la inversión en carriles bici, infraestructuras de transporte como carriles reservados, intercambiadores, y más vehículos públicos propulsados por energías sostenibles.
La neutralidad energética permite a los operadores de transporte decidir entre las distintas alternativas y elegir la que mejor se adapta a sus circunstancias y el perfil de su transporte (corta, media o larga distancia) de manera que una compañía instalada cerca de una tubería de gas encontrará más eficiente propulsar su flota con biometano, mientras otra ubicada cerca de una subestación hacerlo con vehículos eléctricos.
Igualmente, la oportunidad de aprovechar vehículos de combustión en funcionamiento, ante los que con un bajo coste de transformación pueden utilizar gases renovables, evita a la sociedad y a sus responsables a reflexionar si merece la pena condenar el actual parque automovilístico para sustituirlo por “todo eléctrico” con el elevado coste que eso supone.
Soluciones para la descarbonización del transporte
Ante retos de tal magnitud, es fundamental establecer una hoja de ruta que permita a todas las empresas del sector acometer el proceso de transición ecológica, y adaptarla a sus necesidades y capacidades.
En este camino, es fundamental el papel de las energías limpias, en especial de los gases renovables. El uso de fuentes de energía como el biometano permiten generar un efecto “sumidero” en la eliminación de las emisiones de CO2, aprovechar los vehículos e infraestructuras instaladas y facilitar el acceso global dada la amplia red de estaciones de servicio y tubería disponible en nuestro territorio nacional.
Y como ya se ha indicado, también juega un papel fundamental la priorización del uso del transporte colectivo, el único que es capaz, en definitiva, de facilitar la consecución de las metas de descarbonización.
Por último, es necesario establecer un marco normativo que facilite tanto a las Administraciones Públicas titulares de los servicios públicos de transporte como a los operadores concesionarios, un modelo de gestión de la transición energética. De esta forma, se podría facilitar la definición de contratos de gestión del transporte, capaces de ofrecer viabilidad económica a los proyectos de descarbonización, así como viabilidad técnica, relacionada con la autonomía de los vehículos, plazos de puesta en marcha o el acceso a los intercambiadores, entre otros.
“Vivimos un momento apasionante en el que todos somos partícipes del proceso de mejora de la movilidad y de las condiciones de su entorno. Influimos como operadores en la velocidad y calidad de estos cambios, pero también las Administraciones Públicas con el favorecimiento de las condiciones jurídicas y económicas adecuadas, así como los ciudadanos, que con sus hábitos y comportamientos facilitan el desarrollo del uso responsable de los medios de transporte”, comenta Albino Pérez, director de Expansión e Innovación en Grupo Ruiz.
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