Amigos de la Tierra, Ecodes, Ecounión, Fundación Renovables, Greenpeace y SEO/BirdLife, miembros en España de la red europea de Climate Network Europe (CAN Europe), presentaron el pasado 7 de noviembre el informe “Directrices para posibilitar una transición a las energías renovables en Europa más ágil y justa”, que incluye diez pasos para hacer que la tramitación de las renovables no solo sea más ágil sino que fomente la participación ciudadana y la protección de la biodiversidad. Estos pasos pretenden contribuir al debate sobre cómo agilizar el despliegue de las energías renovables sin culpabilizar a la protección de la biodiversidad y la participación pública de los actuales retrasos.
Es cierto que los extensos procesos administrativos están retrasando y añadiendo complejidad a la obtención de permisos, a causa de la burocracia, la falta de recursos y de digitalización del proceso de tramitación. Sin embargo, las organizaciones firmantes denuncian que en España se ha aprobado una tramitación ambiental express que recorta la evaluación ambiental, reduciendo las garantías ambientales, y elimina el proceso de participación pública, para acelerar los trámites en determinados proyectos.
Las organizaciones reclaman la eliminación de la tramitación ambiental express. La necesaria agilización se ha de hacer garantizando una participación pública temprana y un reparto justo de los beneficios, en coordinación con las comunidades locales y sus necesidades, al tiempo que se maximizan las sinergias con la protección de la naturaleza.
La revisión de la Directiva europea de energías renovables (RED III), recientemente aprobada, crea un marco integral con nuevas reglas y plazos para la tramitación de los permisos de las energías renovables. Las organizaciones firmantes creen que estas nuevas reglas son prometedoras para agilizar el despliegue de energías renovables y cumplir los objetivos climáticos y energéticos de la UE. Sin embargo, el éxito de su puesta en marcha en el terreno depende de cómo cada Estado miembro las quiera y pueda implementar. Por esta razón, estas organizaciones llaman la atención sobre la necesidad de una metodología correcta, un procedimiento administrativo y un seguimiento adecuados, transparencia y una implementación de la Directiva mucho más centrada en las personas y la biodiversidad.
El informe proporciona una visión general de las políticas y el panorama regulatorio relacionados con la tramitación de las renovables en diferentes países de la UE. Además, ofrece información sobre la implementación de las normas sobre tramitaciones más recientes en algunos de los Estados miembros, y llama la atención sobre la necesidad de un seguimiento adecuado y una implementación bien hecha.
El Reglamento de Emergencia del Consejo sobre la aceleración del despliegue de energías renovables de diciembre pasado y la reciente adopción de la revisión de la Directiva sobre Energías Renovables (RED III) fueron pasos clave adoptados por la Unión Europea (UE) para simplificar y acelerar aún más los procedimientos para la obtención de los permisos para la instalación de energías renovables en tejados, comunidades energéticas, y de bombas de calor. Sin embargo, en lo que respecta a la implantación en suelo, los casos prácticos estudiados en seis estados miembros de la UE (Chequia, Estonia, Alemania, Lituania, Portugal y Rumania), además que en España, revelan tanto avances como casos de mala implementación para asegurar un despliegue de las energías renovables respetuoso con las personas y la biodiversidad.
Las nuevas exenciones introducidas en las evaluaciones ambientales en varios países, incluida España, han generado preocupación sobre los posibles impactos en la biodiversidad y la participación de las comunidades locales. En especial, las organizaciones firmantes piden eliminar la tramitación ambiental express (RDL 20/2022) en España, que reduce las garantías ambientales y elimina la participación ciudadana en la tramitación ambiental y sustituirlo por un procedimiento que incluya las recomendaciones del informe hoy presentado.
Además, la Directiva de Renovables obliga a los Estados miembro a hacer un mapa de áreas aptas y no aptas para el despliegue de las energías renovables antes de mayo de 2025; y antes de febrero de 2026 deberán designar áreas preferentes para el despliegue acelerado de las renovables. El pacto PSOE-Sumar, alcanzado hace pocos días, recoge estas exigencias y la determinación de priorizar la preservación de la biodiversidad y de las zonas de alto valor agroecológico así como la urgencia de implantar medidas para la concertación participativa en el despliegue de las renovables. También la Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga al Gobierno a realizar un mapa de sensibilidad ambiental para el desarrollo renovable y determinar zonas no aptas. El ejercicio realizado hasta ahora por el Ejecutivo es no vinculante y las organizaciones firmantes piden que pase a ser de obligatorio cumplimiento.
Las organizaciones firmantes, con los diez pasos que presentan hoy, quieren contribuir a poner en práctica esa agilización del despliegue de energías renovables de manera inclusiva y respetuosa con la biodiversidad. La participación pública, la participación local y la protección y restauración de la biodiversidad son componentes clave para el desarrollo de las energías renovables. Esto debería hacerse en combinación con la revisión de restricciones legales injustificadas, una planificación territorial adecuada y la identificación de las zonas en las que se minimiza el impacto sobre la naturaleza y se optimizan las sinergias con la restauración de la biodiversidad. Además de eso, es necesario digitalizar los procedimientos de autorización y contratar más personal administrativo para las administraciones locales.
Algunas de las características que debe cumplir el procedimiento a aprobar son:
- Las comunidades deben estar en el centro de la transición hacia las energías renovables. Respetar las preocupaciones y opiniones de la población local es vital para acelerar las energías renovables en toda Europa.
- Las comunidades energéticas locales son una solución democrática a nuestros problemas energéticos, sociales y de pobreza para las próximas décadas. También tienen un papel crucial que desempeñar para acelerar el despliegue de las energías renovables.
- Igual de importante que desplegar renovables es respetar la naturaleza y contribuir a mitigar la crisis de biodiversidad que se avecina. Los promotores de energías renovables deberían disponer de directrices e incentivos para proteger y, en su caso, mejorar la biodiversidad local.
- Es imprescindible aprovechar todas las opciones de la transición a las energías renovables priorizando suelos urbanos, industriales, de infraestructuras y zonas degradadas para el despliegue de energías renovables. Por ejemplo, las zonas industriales abandonadas y los tejados solares en aparcamientos pueden optimizar el espacio a la vez que se aprovecha el poder de de las renovables.
- La planificación territorial y la cartografía son vitales. La identificación de lugares adecuados donde el desarrollo tendrá un impacto mínimo en las personas y la naturaleza hace que el proceso de implantación sea más fluido y justo.
- Los engorrosos y largos procesos administrativos añaden retrasos y complejidad a los procedimientos de tramitación de permisos. La contratación de más personal en las administraciones locales o autonómicas y la digitalización pueden resolver este problema y acelerar el proceso
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