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La demanda de indicadores de Sostenibilidad ha crecido de manera vertiginosa en los últimos años. Tanto inversores como empresas y legisladores necesitan medir con precisión el impacto ambiental, social y de gobernanza (ESG) que reflejan sus operaciones y carteras. Sin embargo, el reciente informe de la OCDE, Behind ESG Ratings (2025), pone de manifiesto la existencia de desequilibrios marcados en cómo se recogen, procesan y ponderan estos datos.
La propia OCDE ha analizado más de 2.000 métricas de Sostenibilidad empleadas por ocho proveedores de ratings que, en conjunto, representan alrededor del 80% del mercado global de evaluaciones ESG. De esa exhaustiva revisión surgen hallazgos que cuestionan la solidez de muchos de estos sistemas de calificación.
Cobertura desigual: los grandes temas se llevan la mayoría de métricas
Un primer hallazgo destacado es la concentración de las métricas en temas ya consolidados, como el gobierno corporativo, la ética empresarial o la gestión ambiental general. Según el informe, en aspectos como la gobernanza corporativa, algunos proveedores utilizan hasta 113 métricas, mientras que otros se limitan a unas pocas.
Por contraste, áreas emergentes o menos estandarizadas —por ejemplo, la biodiversidad y el uso de la tierra— apenas disponen de un puñado de indicadores.
Esta desproporción no se limita al pilar ambiental. En la dimensión social, asuntos como el trato a las comunidades locales o los derechos humanos siguen estando muy poco representados. Esto lleva a que ciertos riesgos y oportunidades no figuren en las calificaciones y, en cambio, se dediquen recursos en exceso a lo que resulta más “medible”.
Dificultades para comparar: la disparidad metodológica bloquea la coherencia
Las divergencias no provienen solo de la cantidad de indicadores disponibles, sino también de la forma en que se crean y definen estos. Por ejemplo, un sistema puede evaluar la gobernanza o las emisiones de carbono con un solo indicador global, mientras otro detalla esos mismos ámbitos con más de 40 métricas específicas. Tal brecha impide construir referencias homogéneas que permitan comparar, de forma robusta, a empresas de un mismo sector o región.
La OCDE destaca el riesgo de que una compañía reciba puntuaciones muy dispares según la agencia que la evalúe, no debido a una diferencia real en su desempeño, sino por el caos metodológico que impera en el mercado. Este desenfoque metodológico puede fomentar decisiones de inversión menos precisas e incluso generar desconfianza en los criterios ESG.
El predominio de los “inputs”: ¿medir esfuerzos o resultados?
Un segundo punto crítico es que el 68% de las métricas recopiladas se concentran en acciones o políticas internas de las empresas, en lugar de medir resultados tangibles. No sorprende así que la OCDE advierta sobre la prevalencia de una cultura del “tick-boxing”: se contabiliza si existe cierta política o compromiso formal, pero no se examina con idéntica profundidad su eficacia real ni el impacto concreto.
Este énfasis en los “inputs” también favorece a las grandes multinacionales que cuentan con recursos para generar voluminosas documentaciones. En cambio, pymes o empresas con menos músculo financiero pueden quedar rezagadas si no pueden costear tantos estudios o consultorías para demostrar su presunto compromiso ESG. El sistema, por tanto, corre el riesgo de premiar la imagen más que la esencia.
Solo el 7% analiza la cadena de suministro: el gran vacío en la gestión de riesgos
Otro foco de alerta aparece en la evaluación de la cadena de valor. El estudio indica que, en promedio, apenas un 7% de las métricas se dedica a la gestión de riesgos en la cadena de suministro. Este dato resulta preocupante si se considera que una parte considerable de los impactos sociales y medioambientales se origina, precisamente, más allá de la sede central de las empresas.
Desde la perspectiva de la diligencia debida y las directrices internacionales, la escasa atención a la cadena de suministro deja en la sombra problemas tan serios como la explotación laboral, la deforestación indirecta o la contaminación en enclaves remotos.
La OCDE invita a no perder de vista el principio de responsabilidad extendida: si la calificación ESG ignora esos efectos, el retrato de la compañía resulta incompleto y hasta engañoso.
Controversias como proxy de irregularidades: ¿suficiente para medir la conducta responsable?
En línea con los principios de Conducta Empresarial Responsable (RBC, por sus siglas en inglés) de la propia OCDE, la mayoría de los proveedores encaja un posible “incumplimiento” de dichas pautas a través de métricas de controversia. El 15% de los indicadores totales se basa en analizar la existencia de incidentes —demandas judiciales, investigaciones periodísticas, etc.— en la actividad de la empresa o sus filiales.
Aunque estas métricas dan pistas sobre crisis reputacionales, no bastan para valorar a fondo si la organización cumple con su obligación de prevenir y mitigar daños. Obviar el resto de aspectos de la debida diligencia puede llevar a confundir la ausencia de denuncias mediáticas con una gestión responsable de los riesgos.
Menos políticas, más medición de efectos: hacia un cambio de paradigma
La OCDE insiste en que es imperativo reequilibrar la balanza, dando más peso a las métricas basadas en resultados reales y comparables. Con cerca de un tercio de los indicadores orientados a “outputs” e impactos, la evaluación actual se queda corta. Cambiar este enfoque no solo facilitaría la toma de decisiones de inversores e instituciones, sino que permitiría a las propias empresas centrar esfuerzos allí donde más se necesitan.
Las recomendaciones también se amplían a profundizar en la estandarización de temas emergentes como la resiliencia al cambio climático, la biodiversidad o la relación con las comunidades. Si se persiste en la ausencia de datos sólidos en estas áreas, las calificaciones ESG seguirán ofreciendo solo una visión parcial de los verdaderos riesgos y oportunidades para la sostenibilidad.
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