Desde hace ya años se observa a nivel global una mayor preocupación acerca del impacto social que las actividades empresariales pueden causar, ampliando así el foco ya consolidado y ampliamente regulado del impacto ambiental. Esa tendencia se ha visto amplificada a raíz de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, que ha llevado a que el World Economic Forum (WEF) haya incluido en el Global Risk Report 2023 el aumento del coste de vida y la pérdida de cohesión social entre los cinco mayores riesgos a corto plazo.
Esto hace que cada vez se espere un mayor esfuerzo y responsabilidad de las empresas no solo en términos de mitigación de los impactos negativos ocasionados por sus actividades, sino en la contribución que hagan a la sociedad con el fin de generar impactos positivos. Desde Capital Energy somos muy conscientes de estas expectativas, que están plenamente integradas en nuestra Estrategia de Sostenibilidad y nuestro propósito como compañía: “Contribuir de manera decisiva a la Transición Ecológica y Digital de la economía, conciliando el objetivo de descarbonización a partir de energías renovables con el compromiso con el desarrollo de los territorios donde se ubican nuestras instalaciones y una apuesta decidida por la innovación y el talento.”
En este contexto, trabajamos en dos líneas diferenciadas de cara a la generación de impactos. Por un lado, nos enfocamos en amplificar los positivos inherentes a nuestra actividad, entre los que cabe destacar los acuerdos estratégicos con empresas con una fuerte huella socioeconómica en nuestras zonas de operación, la coordinación con los ayuntamientos para la creación bolsas de empleo que puedan ser usadas por nuestras contratas y la integración de criterios ESG en los procesos de homologación de contratistas y licitaciones, que nos permite priorizar aquellas empresas con capacidad de generar un mayor beneficio en la economía local.
Por otro lado, y para crear nuevos impactos positivos en nuestras zonas de operación, hemos creado el Proyecto Territorios, a través del que se comprometen partidas económicas en las etapas de construcción y operación de cada una de nuestras instalaciones que son destinadas a la realización de iniciativas en los ámbitos económico, social y/o ambiental, con el fin último de que parte de los beneficios que se generan reviertan en las comunidades en las que estos están ubicados. Además, con un enfoque puntero y diferencial, se aplican procesos de diálogo abierto con los grupos de interés en la definición de dichas partidas, para así conjugar las necesidades empresariales con las de los territorios, maximizando la creación de valor compartido.
Ya contamos con cerca de 100 acuerdos firmados con ayuntamientos a lo largo de toda la geografía española y hemos materializado las primeras iniciativas, que están favoreciendo que los grupos de interés locales tengan una percepción positiva de los proyectos de generación renovable y los beneficios que estos conllevan para el territorio. Cabe destacar, asimismo, que este enfoque de contribución social ha permitido abrir canales de comunicación en zonas en las que la oposición social no había hecho posible mantener diálogos constructivos en torno a dichos proyectos.
El gran reto hoy en día para todas las empresas es ser capaces de medir adecuadamente el impacto positivo generado. Esta necesidad no responde únicamente a una presión para que las compañías rindan cuentas a sus grupos interés externos, mitigando así riesgos reputacionales asociados al denominado greenwashing, sino también a un requisito interno. Esta información es clave de cara a la toma de decisiones estratégicas orientadas a mejorar el impacto, a la vez que facilita el acceso a la financiación, la atracción de talento y la mitigación de riesgos.
Aunque ya existen diversas metodologías de cálculo, como las desarrolladas en torno a IRIS+ y SROI, hay muchas otras en vías de desarrollo, por lo que no tenemos todavía claridad sobre los marcos de referencia a nivel global. En Europa se encuentra en desarrollo la Taxonomía Social, que permitirá determinar en el corto plazo qué actividades cumplen con los requisitos de impacto positivo en este ámbito, y se acaba de anunciar el lanzamiento de dos nuevos grupos de trabajo, Task Force on Inequality-related Financial Disclosures (TIFD) y Task Force on Social-related Disclosures (TSFD), que van a influir significativamente en las prácticas de reporte externo.
La clave en este contexto en constante evolución es contar con la información detallada que nos permita usar los datos adecuadamente para construir un cálculo de impacto sólido, dando respuesta a las demandas de trazabilidad y transparencia. Esto solo será posible con el uso de tecnología y capacidades digitales que nos permitan recopilar y tratar dichos datos, dotando a este proceso de la adaptabilidad y velocidad necesarias.
Esto constituye un gran reto para las empresas, pero no cabe duda de que, en muy poco tiempo, se convertirá en una ventaja competitiva, impactando en la reputación y el valor de las compañías, especialmente en un escenario como el actual, en el que la medición del impacto es un aspecto cada vez más requerido y valorado por entidades de financiación, gestores de cartera y agencias de rating.
Este artículo forma parte del Dosier Corresponsables: Medición y Comunicación del Impacto Social, en colaboración con Possible Lab.
